Condenar la violencia “venga de donde venga” se ha vuelto el lema preferido de la mayoría de las iglesias evangélicas y la Conferencia Episcopal Peruana -incluido el Papa Francisco- en distintos comunicados para apoyar la respuesta violenta del Congreso y la presidenta Dina Boluarte, con la finalidad de terminar con las protestas que exigen la renuncia del ejecutivo y legislativo, llamar a elecciones inmediatas, y en menor medida, para restituir a Pedro Castillo y convocar a una Asamblea Constituyente que promulgue una constitución no fujimorista (no neoliberal).
Por: Hedilberto Aguilar De la Cruz
Desde las jerarquías religiosas no se ve un interés en comprender y generar opinión pública que evidencie las causas del descontento popular, la diferencia de fuerzas entre manifestantes y fuerzas del orden estatal que han llevado a más de una cincuentena de civiles asesinados. Los medios de comunicación tradicionales han sido el arma más eficiente de los poderes económicos y políticos para causar zozobra entre los sectores medios, principalmente limeños, para dar voz al discurso oficial: violentistas y terrucos de extrema izquierda quieren causar caos en el país.
En distintos puntos de Perú, las protestas convocadas la semana pasada para la “Toma de Lima”, principalmente desde el sur andino, habitado en gran medida por quechuas y aymaras, relegados sistemáticamente de la toma de decisiones del país, y quienes ven en el nuevo gobierno la restauración del fujimorismo, buscan ser vistos por las élites políticas en su epicentro. En distintos puntos se pudo observar cómo se hicieron sentidas oraciones, principalmente de corte evangélico, aunque también católico y ceremonias tradicionales con la finalidad de bendecir a los manifestantes, dándoles la encomienda de llevar el descontento y pidiéndole a Dios que los cuidara de los malos gobernantes y la policía. Hasta el momento se desconoce el número de detenciones extrajudiciales y heridos, de los cuales una minoría son policías y una mayoría manifestantes y viandantes que pasaron por el lugar en los momentos de la represión estatal.
Congresistas evangélicos como Esdras Medina y Alejandro Muñante se han dedicado al terruqueo, esto es a señalar a los manifestantes como terroristas, con un respaldo pleno a la represión total a las protestas y han apoyado las convocatorias como la denominada “Marcha por la paz”, convocada por la Policía Nacional del Perú, el 3 de enero, a la que asistieron militares retirados que dicen estar dispuestos a volver a tomar las armas para evitar que los “senderistas” vuelvan a provocar el caos que experimentaron durante los años ochenta.
La iglesia católica, por su parte, ha hecho lo propio. El párroco argentino, Luis Humberto Béjar, quien oficia en Juliaca, lugar donde se registró una masacre de 17 manifestantes, solicitó la renuncia de Boluarte y le dijo al congresista Jorge Montoya de Renovación Popular (de derecha religiosa) y almirante “que se lave la boca antes de hablar de Evo Morales” como supuesto patrocinador de las protestas, razón por la cual el obispo de Puno le “pidió” tomarse un año sabático y salir del país, ya que podría considerarse terrorista. Este tipo de sanciones no se dieron cuando algunos párrocos solicitaban la renuncia de Pedro Castillo, por lo que es un acto inusitado de represión institucional. Aún así, las fisuras al interior del catolicismo se hacen patentes en torno a las protestas, pues la Confederación de Religiosas y Religiosos del Perú han brindado apoyo en alimentos a los manifestantes que llegaron a Lima; el obispo de la prelatura de Juli en Puno hace un llamado a sentar una mesa de diálogo con los aymaras y a detener de inmediato la represión.
La Iglesia Evangélica Peruana con una amplia presencia en el sur, es otro ejemplo de división. Por un lado, el Consejo Ejecutivo Nacional solicitó un alto a la represión y una mesa de diálogo, mientras que varios pastores y miembros, principalmente de Lima y la Costa, reclamaron el no haber sido convocados para la declaración y oponerse a una postura tibia contra el desorden creado por los “comunistas”. Otros comunicados que aglutinan a la mayoría de denominaciones evangélicas como el de la CONEP, UNICEP y la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, si bien reconocen que podría haber ciertos abusos contra la población por parte de las fuerzas de seguridad, enfatizan el llamado al orden y la paz, lo que significa deponer la protesta en favor de un supuesto bienestar que no ha experimentado una parte importante de la población en las últimas dos décadas de crecimiento macroeconómico. Ante ello, los evangélicos que se manifiestan al lado de personas de otras creencias contra el mal gobierno y la economía desigual, no están pidiendo autorización a sus pastores, ni líderes, saben que en esto ellos cuentan con Dios, pero no con las jerarquías religiosas.
La suma de esta situación nos lleva a pensar que el Perú continúa desgarrado, no sólo por clase social, sino por origen étnico y racial. Los católicos y evangélicos provida, como lo han demostrado en otros países, son partidarios de la mano dura y la represión contra lo que ellos llaman “comunismo”, sin ninguna piedad, incluso contra sus mismos hermanos de religión. Ejemplos de ello, son los congresistas Alejandro Muñante o Milagros Aguayo por nombrar a algunos de los más reconocidos, quienes buscan minimizar las protestas, apostando a teorías conspiratorias en la que un puñado de dirigentes de extrema izquierda buscan desestabilizar al estado. A partir de un policía asesinado también en Juliaca, José Luis Soncco Quispe, la derecha religiosa junto con el resto de la derecha, busca instrumentalizar su muerte erigiéndole como héroe, “mártir de la policía nacional del Perú y de la democracia”. Sin embargo, el resto de los asesinatos son invisibilizados por este sector al que poco le interesan las muertes de los vivos, especialmente si son “rojos”, “senderistas” o “comunistas”, adjetivos utilizados para deslegitimar las causas reales de las protestas.
Finalmente, el muy católico alcalde de Lima, Rafael López Aliaga del Opus Dei, quien pretende eliminar el lugar de la memoria en honor a las víctimas del conflicto armado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas (1980-2000), para cederlo a las Fuerzas Armadas, representa a esa Lima, no sólo de élites, sino de clases medias mestizas y cholas que ya no se identifican con la pobreza en una gran parte del Perú y las injusticias que han detonado estas jornadas de protestas. El régimen de gobierno actual, ya denominado por varios como cívico-militar, pues es incapaz de sostenerse por sí mismo y carece de legitimidad, se ha impuesto por la vía de la represión policial y militar, incluyendo el llamado de un congresista fujimorista a invadir Bolivia para evitar que supuestamente siga financiando las protestas. Es la hora en que una mayoría de dirigentes religiosos que suelen hablar en nombre de Dios, definen su postura política y la neutralidad política con la que pretenden actuar no es más que un encubrimiento de intenciones por mantener el actual estado de cosas, al lado del poder político y económico.
*Investigador de la Universidad Arturo Prat – Chile
