La situación socio-laboral en nuestra sociedad, sigue dando tumbos sin mejoras sustantivas que lleven a la organización sindical a mejores performances y concienciación sobre los diferentes asuntos vinculados con el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud ocupacional, prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, indemnización y otras), así como condiciones socio-laborales que cada día se deterioran sin ninguna inspección laboral o mecanismos legales que lleven la justicia a ser pronta y cumplida.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
El asunto socio-político está en que débiles en la organización sindical, no hace disponer para cada persona trabajadora de una representación y defensa in situ de los derechos laborales y sindicales y de sus intereses. Existen en ámbitos laborales diversos una tragedia en común, la de tomar a la persona trabajadora como alguien que es prescindible en cualquier momento que la empresa privada y pública así lo determine, menospreciando y en clara desvaloración del derecho al trabajo. En este proceso no vale experiencia laboral y profesional, antigüedad, calificación, capacidad y competencia para desarrollar un puesto de trabajo, siempre para la persona trabajadora ocurre lo peor, es claramente desfavorecido en sus condiciones de trabajo, y por tal despedido.
Ocurre que la empresa privada lo hace por la concepción de la ganancia, cuando esta se ve afectada negativamente por problemas de venta de su producción de bienes y servicios—sin conseguir una clara ventaja competitiva—respecto a otras empresas similares y a su lugar en el mercado de oferta y demanda; además de una obtención de clara plusvalía—no pagar por el trabajo en exceso realizado—lo hace observando y decidiendo lo último en la cadena productiva, los salarios y el empleo.
La empresa pública, lo hace por condiciones fiscales y económicas, resultado del poco ingreso en concepto de renta y la administración de impuestos regresivos, así como la de mantener un sistema económico que favorece los intereses de los grupos empresariales dominantes y dejar en desventajas en términos comparativos a los grupos laborales que dependen de un trabajo asalariado. Además las decisiones político-administrativas que confabulan para favorecerse del Estado, en complicidades y contubernios con los intereses dominantes; entre las que están reducciones de plazas, disoluciones, fusiones o cambio de nombre de instituciones; presupuestos precarios que no alcanzan a disponer de los suficientes y necesarios fondos públicos, resultando en una institucionalidad débil para servir a la población que los requiere en detrimento de la calidez y calidad de los mismos, para el caso la salud, la educación, la vivienda, los servicios de aseo y limpieza, seguridad ciudadana.
Disponemos de nuevas legislaciones, reformas legislativas, derogatorias de leyes, que no trabajan lo que realmente se necesita para alcanzar un bienestar para la población y sectores populares en general. Los fondos públicos están concentrados y centralizados para beneficio de la argolla dominante en el gobierno y seguimos en procesos de endeudamiento acelerado que afectan las reales necesidades de la gente que trabaja y lo necesita. La sumisión de los órganos del Estado a grupos reducidos de funcionarios públicos que comercian con los intereses de quienes más lo necesitan, reduciendo, anulando y desvalorando los derechos humanos.
No vemos acciones gubernamentales en lo jurisdiccional y en lo administrativo que desarrollen la protección de los derechos humanos, son cómplices del estatus quo imperante, no se dispone de mejoramientos en la calidad de vida para alcanzar el bienestar social, económico, cultural y político de la población que lo necesita. Tampoco vemos acciones en los sectores económicos del país que cumplan con mejoras a condiciones socio-económicas y laborales, que garanticen la estabilidad del empleo, los salarios mejorados y el nuevo empleo en condiciones de un desarrollo humano sostenible y sustentable para hoy y las nuevas generaciones.
No hay empleo decente, los intereses de empresas públicas y privadas accionan bloqueando y en oposición a la justicia laboral y a los derechos de las personas trabajadoras en los diferentes lugares y centros de trabajo. Suspensiones de contrato, despidos siempre injustificados, poco desarrollo profesional para mejorar los puestos de trabajo, flexibilidad y desregulación laboral, agravada por la debilidad orgánica de las instituciones públicas encargadas de hacer prevalecer el derecho humano por sobre condiciones de lucro, de intereses socio-políticos perversos del que gobierna y por situaciones socio-políticas y jurídicas, que sólo favorecen a los grupos dominantes enquistados en el ejercicio del gobierno y dirección del país.
No se ve un panorama halagüeño en el 2023 para sindicatos y referentes sociales, para realizar una gestión de protección socio-laboral y política para los diferentes grupos vulnerables, que continúan marginados y excluidos del bienestar ciudadano. Pero la tarea siempre es continuar la lucha en asocios ciudadanos y de grupos sociales diversos que demuestren y construyan la oposición político-laboral y económica que todos queremos.
*Sindicalista salvadoreño
