Con la muerte de algo más de 150 detenidos, 56, 000 encarcelados, de los que al menos la quinta parte son consecuencia de detenciones arbitrarias, es decir, sin más causa procesal que la opinión prejuiciada del agente que la ejecuta, la consecuente liberación de más de 2, 000 de estos con evidente deterioro de su salud física y mental, la desinstitucionalización que favorece y encubre semejante realidad, son solo algunas de las consecuencias que podemos reseñar como efecto del régimen de excepción.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Qué decir de la corrupción que la caracteriza, con la comercialización de todo lo relacionado a los detenidos que hace el sistema carcelario, incluyendo a los ya fallecidos, o de las amenazas y agresiones físicas que agentes y militares en patrulla, practican contra la población civil, particularmente joven y de escasos recursos, anulando tácitamente al aparato judicial, cuyos dictados cuando favorece a algún detenido son las más de las veces simplemente desoídos, plegándose incontestable al régimen, para justificar y hasta encubrir estos delitos, vergonzosa, perversa y penosamente acompañado por buena parte de la población que lo sigue aplaudiendo y defendiendo.
Y es que el problema no reside en la persecución de quienes delinquen sino en las arbitrariedades que se han cometido contra inocentes, recluyéndolos junto a delincuentes, falleciendo así trágicamente algunos por los abusos en su contra por las condiciones que encontraron.
Tales injusticias, como el despreciable desempeño que la fiscalía, procuraduría general de la república, y hasta ahora, DDHH con su tibia y hasta nula actuación en el escenario descrito, supone no sólo la anulación de la institucionalidad conquistada y construida en los lustros pasados, pero además el retorno del estado represor, con la estrechez autárquica del deshonor uniformado, y el acompañamiento, la dirección y complicidad de un millennial, aspirante a dictador titular del nuevo siglo, es decir, con aires juveniles y despreocupado para restarle lo hediondo a miliche.
De ahí a la represión en propiedad, con todo y toque de queda y anulación de libertades constitucionales, no hace falta apenas un paso.
Y es que si en algo los tiranos se asemejan es en hacer acopio de lo que al otro le da, según estos, resultado, por lo que, de cara al venidero proceso electoral, no deberá sorprendernos que toda forma de disidencia, entiéndase, reflexiva y de expresión, podría ser perseguida como ya sucede en el escenario político de uno de nuestros países vecinos.
Es decir, tal silenciamiento que sin duda al menos se ha considerado, supondría detener además de la oposición política, a intelectuales, académicos y libre pensadores, tal cual sucede en ese país, y so excusa de garantizar la seguridad, acusando a estos de defender a terroristas.
Dicho de otro modo, enquistarse como una nueva dinastía de parte del actual ejecutivo, supone suprimir a la República, acabar con el sueño de un estado propio, inclusivo y sustentable, para en cambio imponer un orden represor que asegure y perpetúe la desigualdad excluyente e inicua que siempre nos condujo a la guerra entre hermanos.
*Educador salvadoreño
