Cada año el PNUD realiza una medición en 188 naciones, nuestro país incluido, para así determinar si el nivel de vida de las personas, entiéndase la calidad de vida, es mejor, se ha estancado o, en el peor de los casos, se ha desmejorado.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Nuestro país se encuentra desde hace años en el puesto 124.
Los aspectos que este organismo revisa son los relativos a la salud, la educación y lo social en general, tendiendo a considerar si lo invertido se sujeta a una agenda programática sustentable, correspondiéndose con el interés mayor de los aspectos reseñados.
En tales términos esperar que de repente nuestra posición cambie de la actual a una más próxima a los primeros lugares es simplemente improbable, dadas las condiciones históricas, sociopolíticas y económicas imperantes, y, sin embargo, si es posible aspirar a mejorar las condiciones de la población de manera sostenida en el tiempo, supeditándonos a un proyecto de desarrollo humano sostenible.
Consideremos por ejemplo a naciones como Finlandia, que a principios del siglo pasado tenía uno de los peores índices de vida europeo, pero que asumió el desafío de superarlo, ostentando ahora uno de los niveles de vida más desarrollados y de vanguardia de Europa, en razón de los compromisos que asumió hace todo ese tiempo; o el caso del Japón, que como sabemos quedara devastado luego de la segunda guerra mundial y sometido al arbitrio internacional por la misma causa, y que sin embargo es ahora a pesar de sus dificultades, uno de los motores de la economía mundial.
¿Qué entonces se debe hacer?
Se debe justamente fortalecer invirtiendo en aquellos aspectos que son evaluados por las NU a través del PNUD, es decir, lo relativo a lo social, educación y salud, generando por extensión las políticas gubernamentales que promuevan las condiciones socio ambientales que estimulen y favorezcan en la ciudadanía el desarrollo pleno de su potencial, desmontando desde la institucionalidad todo obstáculo estructural y cultural, que impidan justamente la tal promoción de la ciudadanía.
¿Qué supone esto?
Supone entre otros un cambio radical del paradigma del bien gobernar, que ahora gira en torno al proyecto adelantado desde la administración, que de regular responde a intereses de clase, y que se expresa, de acuerdo a este paradigma, en la facilitación o negación de la movilidad social, mediante el concurso de la institucionalidad promoviendo al ser humano, o en su defecto, impidiendo por todos los medios a su alcance, el progreso ciudadano.
La realidad en nuestro medio es justamente esta última, y se manifiesta en el presente, por ejemplo, en el dramático abandono por razones políticas, de los programas sociales que antes fueran sinónimo de inclusión en nuestro país, entre los cuales podemos citar Ciudad Mujer o el Vaso de Leche, como otros más.
Lo cierto es que, de no colocar al ser humano como centro del quehacer estatal, esa realidad solo tenderá a agravarse, por lo que la clave es privilegiar a las personas, promoviéndolas, educándolas, atendiendo su salud, pero, sobre todo, incluyéndolas.
*Educador salvadoreño
