Por Tatiana Leon*
Un estudio de Alianza por la Paz concluye que hubo negligencias en las muertes de privados de libertad durante el régimen.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz publicó ayer los resultados del análisis que realizó sobre las 45 muertes ocurridas en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional en lo que va del régimen de excepción, hasta el domingo 12 de junio.
Según la Alianza, el análisis contó con el apoyo de criminólogos, asesores jurídicos y miembros expertos en el tema. Stanley Quinteros, representante de la organización, comentó que «por cuestión de seguridad, y tomando en cuenta que no hay garantías constitucionales en el país, nos pidieron la reserva de su identidad, pero sí aseguramos que son datos confiables de personas profesionales».
“Definitivamente hay una grave violación a los derechos humanos en nuestro país.
No se está respetando el debido proceso y no hay garantías constitucionales que protejan”.Stanley Quinteros, Alianza por la paz.
Quinteros comentó que la investigación inició «desde que se comenzaron a arrojar los primeros fallecidos, cuando ya eran 13 muertos en los centros penales; empezaron a hacerse las investigaciones, a buscar a los familiares e información dentro de los hospitales. Cuando teníamos el fallecido 13 teníamos la pauta de que algo estaba pasando en los penales y fue que se comenzó a formar el equipo de trabajo. Cuando llegamos al fallecido 20 ya habían algunas investigaciones que determinaban algunos procesos».
El análisis se realizó en tres categorías: rango de edad, causa de muerte y lugar de reclusión. La Alianza también mencionó que las personas murieron «sin haber sido debidamente vencidas en juicio y mucho menos condenadas».
Con respecto al rango de edad, 24 personas fallecidas tenían entre 18 y 40 años, mientras que 17 eran mayores de 40 y cuatro sobrepasaban los 60 años.
Revelaron que el 44% de las muertes fue a causa de homicidio, el 38% por negligencia de las autoridades al no proveer a tiempo el medicamento de las personas con enfermedades crónicas y terminales, y el 18% se desconocen los motivos.
Además, según el análisis, el 65% de las muertes sucedieron en el centro penal de Izalco, 18% en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona), 13% en lugares de reclusión no identificados, 2% en el penal de Quezaltepeque y un 2% en bartolinas policiales.
«Hubo pláticas, reuniones y un acercamiento con familiares, inclusive con personas de centros hospitalarios. A raíz de todo esto se pudo hacer un análisis más específico», afirmó Quinteros.
De las 45 personas fallecidas se identificaron a cuatro perfilados con miembros de pandillas, mientras que el resto eran civiles. Quinteros señaló que lo más complicado fue «localizar a los familiares de las personas. En muchos casos nos sirvió de parámetro el trabajo periodístico que los medios han realizado. Nos costó poder llegar a esas personas, que nos dieran los detalles y que nos comprobaran que no tenían vínculos con pandillas».
La Alianza señaló que el Estado «está cometiendo crímenes de lesa humanidad» e hizo énfasis en los incisos a) asesinato y e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que ratificó El Salvador en 2015.
* Fuente: La Prensa Gráfica
