En mucho de la historia patria la suspensión de garantías constitucionales se ha podido hacer de hecho y de derecho, en mucho antes de lo que motiva a esta nueva suspensión—se dio algo parecido hace un tiempo atrás y por algo similar no se extendió a montar rápidamente el uso del aparato del Estado para actuar en consonancia con el desorden público suscitado.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
La medida parece ser excesiva de conformidad a lo que se nos dice como pueblo por varias vías oficiales y no oficiales, la violencia de todo tipo, y la criminal, es algo de lo que se dispone hace mucho tiempo, pero los gobernantes nos han expresado y han actuado supuestamente de conformidad sin detenerla, ni mucho menos erradicarla, ha sido un estribillo que dependiendo de los intereses que se conjugan así se agranda y así se achica, todo de acuerdo a las relaciones de poder que se suscitan.
Los conflictos mundiales representan a potencias armamentistas, económicas y políticas que significan relaciones de poder que se imponen al mundo y, en el nuestro con efectos muy devastadores por ser un El Salvador débil estructuralmente, sin capacidades económicas o políticas y con condiciones de derechos humanos bastante precarias, entre otros elementos vitales de subsistencia. Hay un marco jurídico que no ofrece garantías para la protección de los derechos de la ciudadanía, y es por eso que se requiere el cambio en la ley primaria.
Un estado de excepción es lo que ofrece el Estado para resolver situaciones difíciles que aquejan en el momento a la población, el origen no es de calamidad general, ni invasión territorial, catástrofe, guerra, etc. Se aborda la excepción y suspensión de garantías constitucionales sin mayores razones, es una valoración que se hace sobre una situación de perturbación “grave” del orden público, el decreto no ofrece mayores luces, simplemente se guía por lo que es el proceso y el asiento constitucional.
Cómo afectan estos derechos constitucionales el que sean suspendidos, no asocios ni reuniones, con las excepciones que el art. 29 constitucional explicita, la correspondencia y la situación de la detención, que pareciera lógica en tanto la criminalidad que se busca perseguir y detener es clara la acción de arresto, detención y procesos que lleven a actuar contra el crimen, como la grave perturbación.
No obstante, el país sigue siendo obsoleto en materia de cultura de derechos, en la necesidad de entendimiento, participación e identidad ciudadana para que la medida de la suspensión de las garantías se vea como algo vital, y con el atropello mínimo a los derechos que se ven conculcados.
Se necesita de una mayoría calificada para su aprobación, es importante pues dentro de 84 cabezas que nos representan en la Asamblea Legislativa, las disparidades de pensamiento y acción han sido casi una tradición, y ahora la debilidad es el posible poco debate que implica una decisión como la tomada, por cuanto la característica de hoy es la no obstaculización de las decisiones y acuerdos solicitados por la Presidencia de la República, sin mayor discusión y análisis político.
En consecuencia, lo que nos mueve es qué tanto vamos a ser afectados los sindicatos u otros grupos sociales con la medida que dura 30 días, dado que vivimos en un ambiente de violencia y confrontación diaria, en una pugna por los intereses económicos, sociales, políticos y militares entre otros, y quienes promueven la constitución son los que en algunos eventos anteriores la han dejado de lado. Lo que nos preocupa son los potenciales abusos que una medida de tal naturaleza pueda ocasionar, sabemos de la frágil institucionalidad que no ofrece la tutela efectiva de los derechos humanos y civiles, se trata de una restricción de derechos y la autoridad no siempre está preparada para actuar en consonancia, recordemos lo que pasó durante el encierro con la pandemia.
La fuerza, los excesos, los abusos son parte de la vida cotidiana de salvadoreños y salvadoreñas, si eres joven puedes ser perseguido sólo por serlo, si eres mujer tienes también tus consecuencias particulares y agrégale la violencia doméstica exacerbada durante la pandemia. Hay crimen organizado y delincuencial que azota diariamente nuestras vidas—graves perturbaciones en el orden público—es siempre un concepto sin aclarar, sabemos que las vidas de todos los que vivimos en El Salvador, debe estar garantizada en todo momento y hoy parece con los hechos suscitados algo débil de cumplir.
Que las acciones de aquí en adelante, sólo ofrezcan la luz que lleve a la solución, habrá aspectos que no se puedan prevenir, la inteligencia debe privar siempre, pero ello no es garantía, la criminalidad tiene igual o más inteligencia, de lo que se trata es todo el poder del Estado contra los que agreden el orden público, pero la razón de una u otra en la realidad que vivimos, siempre puede ser cuestionada.
*Sindicalista salvadoreño
