En similar condición se encuentra un grupo de exfuncionarios, entre ellos la científica Erlinda Handal, la exministra de Salud Pública, doctora Violeta Menjívar, y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Más que un asunto político, es de elemental humanidad.
El Instituto CASLA, organismo interamericano que vela por los derechos humanos, ha denunciado la condición en que se encuentra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a quien en dos ocasiones un tribunal ordenó que se le diera arresto domiciliario pero que, por sí y ante sí, Centros Penales no cumplió con la orden judicial.
Como se ha informado ampliamente, Centros Penales se resiste a cumplir con fallos judiciales, pero al mismo tiempo se denunció que se prestó para llevar a cabo negociaciones entre pandilleros y enmascarados que presuntamente representaban al régimen, evidenciando el total irrespeto a la Constitución y a las leyes de la República.
Se informa que la familia de Muyshondt no ha podido contactar con él, informarse sobre su salud, llevarle medicinas. El exalcalde no tuvo la oportunidad de visitar a su padre, quien murió la semana anterior tras un prolongado padecimiento.
En parecida situación a la de Muyshondt se encuentra un grupo de exfuncionarios, entre ellos la científica Erlinda Handal, la exministra de Salud Pública, doctora Violeta Menjívar, y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a quienes no les permiten recibir la visita de sus familiares ni obtener medicamentos, pese a las delicadas condiciones de salud de algunos de ellos.
