Los diputados afines al Gobierno aprobaron el decreto de “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”. Dicho decreto prohíbe, hasta el 8 de diciembre, toda concentración masiva de personas en actos de carácter público o privado. El incumplimiento a esta medida será sancionado con 1 a 3 años de cárcel.
Faculta a la Fiscalía General de la República, FGR, para que actúe de oficio ante el incumplimiento de la nueva disposición y que procese penalmente a quienes organicen o promuevan las concentraciones.
Según el abogado Enrique Anaya el decreto busca suspender garantías constitucionales de los salvadoreños como lo es el derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas, para cualquier objeto lícito, así como el derecho de expresar y difundir libremente sus pensamientos sin ser objeto de censura.
Anaya dijo que las acciones responden a las manifestaciones masivas de las organizaciones sociales y la ciudadanía contra las acciones del Gobierno. El abogado manifestó que no es lógica la justificación del Ejecutivo sobre evitar la propagación de la COVID-19, cuando se desconocen los datos reales de los casos y cuando las concentraciones masivas en los partidos de fútbol nunca fueron suspendidas.
A criterio de Carlos Flores, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, el decreto busca adelantarse ante cualquier descontento de la población con el tema de la ley del agua, reforma de pensiones, entre otros.
Con el Decreto aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra, se castiga a toda “persona natural o jurídica, pública o privada” que incumpla las medidas “convocando, promoviendo u organizando concentraciones de personas a las que se refiere el artículo 1, incurrirá en una multa de 20 hasta 100 salarios mínimos”, lo que equivaldría a más de $30 mil dólares.
