La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) a través de un comunicado cuestionó la remoción de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar Campos.
Según FESPAD, esta acción contra la comisionada “obedece al interés de controlar el IAIP y de impedir que la población ejerza ciudadanía activa y contraloría social, para lo cual es indispensable el acceso a la información”.
FESPAD señala que la Ley de Acceso a Información Pública -LAIP- faculta al presidente de la República a realizar este procedimiento; sin embargo, este debe ser bajo el debido proceso y cumpliendo con ciertos requisitos.
“En menos de dos años se han desmontado los avances institucionales, legales y procedimentales en materia de acceso a información pública y transparencia». En septiembre de 2020 se reformó el Reglamento de la LAIP que puso más trabas a los ciudadanos que solicitan información pública. Además, se eliminaron requisitos para personas que se postulan como comisionados.
En noviembre de 2019, el comisionado presidente del IAIP, René Cárcamo, presentó su renuncia, después de ventilarse la filtración de datos confidenciales de ciudadanos y reportes programados desde el IAIP hacia Casa Presidencial. Durante este tiempo también se han dado cambios que aminoraron las capacidades instaladas en las oficinas de información y respuesta en el Órgano Ejecutivo.
Liduvina Campos fue removida bajo los argumentos de “posible cometimiento de actos que afecten gravemente el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones”. Escobar Campos será quien deberá controvertir lo que se señala en los términos establecidos, según FESPAD, hay elementos de peso para hacerlo.
