‘Bukele quiso imponer su agenda a la Asamblea, o sea, el ejecutivo invadió competencias del Legislativo, y desde entonces arreció el uso abusivo de las fuerzas represivas, una constante en su gestión’, dijo a Prensa Latina.
Genovéz, quien ahora aspira a una diputación por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue de las primeras en emprender acciones legales contra aquel quiebre constitucional.
Días después de la acción considerada golpista, la jurista presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra uno de los voceros del presidente, que realizó llamados a la sedición y la insurrección popular.
Sin embargo, nadie ha sido procesado por la militarización del parlamento unicameral, si bien varios ministros y altos oficiales fueron interpelados por los diputados para esclarecer los hechos del 9 de febrero de 2020.
Aquel domingo, efectivos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y las unidades antimotines ocuparon al Salón Azul del Parlamento, después de patrullar durante horas los alrededores de la AL.
La situación se tensó los días previos, cuando Bukele convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea…para exigir que le aprobaran la negociación de un crédito internacional de 109 millones de dólares para su plan de seguridad.
Los diputados consideraron improcedentes la invocación del artículo 167 de la Constitución para hacer la convocatoria, pero Bukele ingresó a la Asamblea con militares armados, y ocupó la silla del presidente del órgano legislatura.
Genovéz estima que aquel hecho desencadenó una serie de irregularidades en la concentración de poderes en El Salvador, un país marcado por un conflicto armado interno que duró 12 años, y cuyas heridas aún sangran.
Entre tales problemas, Genovéz señala el enfoque militar en la lucha contra la pandemia de Covid-19, la limitación de derehos fundamentales, el saqueo de fondos públicos y un discurso de odio que ya se traduce en muertes.
‘Hace 10 días fueron asesinados dos militantes del FMLN, víctimas del odio que emana del ejecutivo’, recordó la abogada, en alusión al reciente ataque contra un camión del partido de izquierda, con ancianos y niños a bordo.
Por incidentes como ese, Genovéz insiste en que la Fiscalía debe procesar a los responsables, y la población tiene que comprender que hechos como los vividos el 9F ‘no se pueden repetir en El Salvador’.
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