La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentaron esta semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal, José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato, contenido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal: “el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
Los magistrados habrían incurrido en tal delito porque, entre otros motivos, para negar la reapertura del Caso Jesuitas, en su decisión sobre la casación ilegalmente solicitada por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia inexcusable, cualquier referencia a la sentencia definitiva de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, la que declaró inconstitucional la amnistía absoluta y como no prescritos los crímenes detallados en el Informe de la Comisión de la Verdad, en el que se incluye el Caso Jesuitas, así como aquellos de igual o mayor trascendencia y gravedad cometidos durante el conflicto
armado.
Debido a esta omisión, los magistrados dictaron una sentencia manifiestamente injusta, en primer lugar, porque desconocieron explícitamente una jurisprudencia constitucional que es general y obligatoria para toda la institucionalidad pública y sociedad civil, según los artículos 183 de la Constitución y 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y, en segundo lugar, porque los efectos de tal sentencia violan los derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, que les reconoce la jurisprudencia constitucional, en conexión con los parámetros internacionales.
La sentencia de la Sala de lo Penal, en definitiva, es un verdadero atentado contra el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en El Salvador, porque promueve la impunidad. Por tanto, es procedente exigirles a las demás instituciones públicas que, en el ejercicio de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para corregir y sancionar esta situación: al Fiscal General de la República para que investigue y promueva las respectivas acciones legales; a la Asamblea Legislativa para que proceda con el proceso de antejuicio en contra de ambos magistrados y declare la formación de causa; y, al sistema judicial para que proceda al enjuiciamiento y sanción de ellos, con base en el debido proceso.
Asimismo, se le hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que ejerza, de oficio, un control sobre sus decisiones judiciales, en el marco de sus atribuciones, encaminado a garantizar el efectivo cumplimiento de su jurisprudencia por parte de todos los órganos estatales, incluido el judicial; puesto que el precedente de la Sala de lo Penal también puede truncar la justicia en casos como la Masacre de El Mozote o el asesinato de Monseñor Romero, entre muchos otros más.
Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional.
