Una justicia a medias: 31 años después de la masacre de la UCA

Frente al presidente y magistrados del tribunal español el coronel Inocente Montano recibió la sentencia por 5 asesinatos de carácter terrorista. Aquel 11 de septiembre de 2020, día de la sentencia, Montano vestía pantalón negro y suéter rojo con rayas blancas. Sentado en su silla de ruedas no pareció inmutarse con la noticia, parecía que la esperaba. 

Montano fue condenado a 133 años, 4 meses y 5 días de prisión por ser autor intelectual de la masacre de la UCA, donde 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras fueron asesinados por decisión del alto mando de la Fuerza Armada. Sin embargo, aunque la sentencia del coronel significa una esperanza de justicia para las víctimas, representa también una justicia a medias, ya que los delitos que pesan sobre el resto de los militares involucrados siguen en la impunidad.

La querella en España fue interpuesta el 13 de noviembre de 2008 por el representante de la Asociación de Pro-derechos Humanos de España contra 15 militares por los delitos de crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El auto de procesamiento se dictó en 2011 y en 2019 se acordó abrir el juicio contra Orlando Montano y Yusshy Mendoza en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España.  El juicio contra ambos inició en junio y el 11 de septiembre culminó el proceso con la condena de Montano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no se juzgó a todos los involucrados porque El Salvador negó la extradición, el juicio dejó al descubierto el actuar de la Fuerza Armada durante la guerra, opinó el padre José María Tojeira, director del IDHUCA, tras conocer el fallo contra Montano.

“Este es un juicio relativamente incompleto, porque solamente se ha juzgado a una persona, pero a través de esa persona sí se ha visto con claridad cómo funcionaba en aquel tiempo la Fuerza Armada y cómo funcionaba como una especie de mafia a través de La Tandona”, expresó. 

“Las condenas judiciales por un crimen de lesa humanidad nunca son motivo de alegría, sino que expresan la realidad de un pasado doloroso”, dijo el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Desde su punto de vista el mayor aporte de la Audiencia Nacional España fue dar a conocer la verdad y no dejar dudas sobre la participación del alto mando de la Fuerza Armada y del Estado Mayor en el crimen.

La audiencia además dejó patente el sistema de encubrimiento e impunidad que manejó la Fuerza Armada frente a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra civil. El rector de la UCA agregó que la audiencia dejó claro que “La Tandona” funcionó como una maquinaria criminal y encubridora de los atentados contra los ciudadanos y contra el estado de derecho. La Fuerza Armada se valió de un poder fáctico que sobre pasó los derechos que le otorga la Constitución.

Por todas esas violaciones, el rector de la UCA considera que “la institución armada debe pedir perdón por estos crímenes y hacerlo de manera institucional. Igualmente debe cooperar con la justicia abriendo sus archivos para que sea considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos”.

El rector dijo que hay confianza y esperanza de que las evidencias que se presentaron a través del caso en la Audiencia Nacional Española servirán para tener un juicio en el país. “Es evidente que ante los señalamientos que hace la Audiencia Nacional Española hay otros implicados que están en El Salvador y que hoy no hay ningún motivo para que no sean juzgados en nuestro país”, recalcó.

El 11 de septiembre, el día de la condena contra Montano, la perito y profesora de ciencia política Terry Karl dijo a Radio YSUCA que la amplia investigación que hizo la Corte de España permitió un poco de justicia a los 5 sacerdotes jesuitas asesinados en 1989.

Aunque para la perito lo mejor hubiera sido que el juicio se realizara en El Salvador, lugar donde se cometió la masacre.

Según explicó Karl, el grupo de expertos que trabajó en el caso consideró que el juicio se quedó corto, ya que no se juzgó a Montano por los ocho asesinados en la UCA: los seis sacerdotes y Elba y Celina Ramos, quienes también fueron víctimas de los militares.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones, calificó los hechos como constitutivos de cinco delitos de asesinato terrorista, cometidos contra los sacerdotes jesuitas españoles, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Amando López y Juan Ramón Moreno.

La Comisión de la Verdad le atribuyó la autoría intelectual de la masacre a los altos mandos civiles y militares: el expresidente Alfredo Cristiani y el exministro de Defensa, Rafael Humberto Larios. Aunque hubo mas militares involucrados, según se pudo constatar en el juicio.

Los testigos ratificaron el poder que tenían los integrantes de “La Tandona”, quienes durante la guerra eran las cabezas de las principales instituciones públicas y eran conocidos por vulnerar derechos humanos.

Yusshy Mendoza, quien pasó de implicado a testigo, mediante su testimonio ratificó el involucramiento de altos dirigentes en el asesinato de los Jesuitas.

Según el teniente Mendoza era imposible que el alto mando militar no supiera de la orden de asesinar a Ellacuría, ni que Montano siendo el viceministro de Seguridad Pública lo ignorara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El testimonio de Mendoza dejó ver que el expresidente Alfredo Cristiani también supo del plan para asesinar a los padres jesuitas y no evitó que se cometiera el múltiple asesinato.

“Toda la operación estaba aprobada por el alto mando… Fue una operación completamente autorizada, todo mundo lo supo. Los oficiales que estaban en la Escuela Militar, todos supimos, era ilógico pensar que podría darse ese tipo de desplazamientos solamente con la autorización del coronel Benavides, eso tenía que estar autorizado totalmente por alguien más arriba que él”, explicó Mendoza durante el juicio. 

Una frase que se repitió durante la audiencia fue que el alto mando de la Fuerza Armada decidió “asesinar a Ellacuría, sin dejar testigos”. Para el abogado querellante Manuel Ollé de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España esa frase resonó durante 31 años desde 1989.

Nadie en la audiencia negó la participación de la institución castrense, pero sí se intentó ocultar los nombres de los autores intelectuales, dijo Ollé. Lo que sí quedó claro fue que la pluralidad de indicios y pruebas directas llevaron a situar la autoría de Inocente Montano. La querella lo resumió en una frase: se juzgó a un enemigo de la humanidad.

Aunque Montano negó su participación e intentó parecer inocente, el abogado Manuel Ollé, puso en entredicho la coacción que pudo haber sufrido el exviceministro de Seguridad Pública y puso en primer plano la manera deliberada con la que cometió los hechos.

“¿Quién le obligaba a él a firmar, a hacer o no hacer? ¿Quién le ha puesto un cuchillo en el cuello?, ¿quién le ha puesto como ellos hacían una pistola a un ser semejante para que firmara, para que tomara decisiones? ¿Dónde está narrado en el escrito de conclusiones? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué miedo pudo tener el señor Montano cuando era él uno de los que propiciaba el miedo continuamente en El Salvador en aquella época?”, cuestionó el abogado.

Mientras en España se dio un paso a la justicia, luego de 31 años de cometido el crimen en la UCA, en El Salvador la historia es distinta: se sigue protegiendo a los autores del crimen.

Recientemente, la Sala de lo Penal ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000.  Ese fue el resultado a un recurso de casación interpuesto por los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de 6 sacerdotes y Elba y Celina Ramos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos votos contra uno de los magistrados fue suficiente para tomar la decisión, sin que hubiera de por medio un análisis sobre la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Pese a que

la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de inconstitucionalidad, señala el editorial de la UCA titulado “Una sentencia Corrupta”.

Para el abogado de del IDHUCA, Arnau Baulenas, los magistrados de la Sala de lo Penal se saltaron la ley al decidir estar por encima de lo que establece la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias.

Según el abogado de la UCA la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es una aberración jurídica porque protege a los militares y desprecia a las víctimas. Los magistrados, en uno de los párrafos de la resolución, dicen que el proceso de reapertura para investigar a los autores intelectuales es una grosera violación al principio de legalidad. “Permítanme que les diga que lo único grosero es la resolución que tuvieron la voluntad de firmar”, dijo Baulenas.

Luego de 31 años de la masacre, los involucrados siguen negando su participación y moviendo los hilos de la impunidad mediante recursos que impidan reabrir el juicio. Mientras en la Audiencia Nacional de España se dio un paso importante hacia la justicia, en El Salvador las instituciones siguen alineadas a los intereses de los militares.

Los magistrados de la Sala de lo Penal incluso han llegado a afirmar que los crímenes de lesa humanidad no estaban regulados en el Código Penal de 1974, que es el que aplica para el momento en que ocurrieron los hechos. Lo anterior refleja una ignorancia jurídica sobre el ordenamiento de El Salvador, señaló el abogado del IDHUCA.

El director de litigio estratégico de CRISTOSAL, David Morales, agregó que en el país los magistrados de la Sala de lo Penal “han torcido el derecho con el fin de proteger a criminales de guerra”.

Inocente Montano ya esta tras las rejas, pero falta el resto de autores intelectuales que planearon y aprobaron el asesinato.

Tres décadas después del 16 de noviembre de 1989, sigue la lucha por obtener justicia, que por ahora es una justicia a medias.