Un poco de memoria es necesaria para el propósito que buscamos en el presente artículo:
En 1989, en el marco de la ofensiva guerrillera de noviembre, y con la frustración acumulada por los reveses sufridos en la propia capital a manos de la insurgencia, el alto mando militar decidió, durante una reunión celebrada junto al ejecutivo de la época, Alfredo Cristiani, asesinar a Ignacio Ellacuría, según consta en el proceso seguido en contra de Inocente Montano en la audiencia que se le sigue, en Madrid, España, lo que de acuerdo a éste, se haría por ser “…ideólogo de la izquierda, responsable del golpe de estado en contra del general Romero (en 1979, planificado y ejecutado por la denominada “juventud militar”), que habría sido fotografiado entrenando a niños de 11 años en el uso del AK47…”, en medio de sonrisas nerviosas, para luego contradecirse aseverando que nada tenia en contra del sacerdote, a quien consideraba su amigo.
Cabe aclarar en este punto que ante los procesos legales seguidos en contra de militares en activo o retirados, es de común observar conductas similares, en las que el común denominador es la negación, seguros de la impunidad asegurada desde el sistema.
Y es que los hechos que llevaron al asesinato de los jesuitas en aquel noviembre, no comienzan con la misma ofensiva, sino que es un proceso histórico que arranca con el establecimiento de las condiciones de desigualdad e injusticia social estructurales, que el ejército salvadoreño defiende salvajemente desde finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX.
Podemos, de acuerdo a las fuentes que consultemos, apreciar como los poderes fácticos financieros y por intermedio del estado, a través del estamento militar reprime una y otra vez, a la población, en diferentes momentos, en periodos que van desde los 15 a los 25 años de intermedio entre sí, y que se originan en las mismas causales, la desigualdad e injusticia estructurales[Historia de El Salvador, tomo II, Historia de Centro América, tomo II, Enciclopedia Británica, Informe de Desarrollo Humano/ PNUD, 2010, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud/OPS, etcétera], por lo que la llana historia del país desmonta lo afirmado por Montano: “…somos demócratas incapaces de hacer daño a la gente…”, contradicho además por el Informe de la Comisión de la Verdad, que señala que es el estado salvadoreño, a través de sus agentes armados, responsable de hasta un 98% de violaciones a los derechos humanos en el período de la guerra…”.
Entonces, transcurridos todos estos años desde los asesinatos en el campus de la UCA, habiendo superado al menos formalmente la doctrina de la amnistía, luego que la corte suprema la declarara fuera de lugar, sigue imponiéndose la cultura de la impunidad en el país, por lo que el juicio seguido a Montano en España, no solo es un proceso contra aquel, sino contra un sistema incapaz de impartir justicia, pues su propósito siempre a sido el de perpetuar las condiciones de desigualdad e inequidad estructurales históricas, causales reales a desmontar.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador salvadoreño
