Para los jóvenes: Tatiana Alemán (activista de ONG «Los sospechocos de Todo»), Rodrigo Cerritos y Manuel Penagos (estudiantes), El Presidente Nayib Bukele, que se identifica como apolítico, ni de izquierda ni derecha, militarizó el país en el marco de la Covid-19 y ahora se enfrenta a la Sala de lo Constitucional y a un creciente descontento.
El presidente Bukele decretó la cuarentena domiciliaria para todo el país el 21 de marzo, luego de que se anunciara oficialmente el primer contagio por Coronavirus el 18 de marzo. Aunque la cuarentena obligatoria y el estado de emergencia nacional concluirán el próximo 16 de mayo, las autoridades salvadoreñas no han garantizado las condiciones económicas, políticas y sociales para que la gente cumpla con el decreto, por el contrario las ha empeorado para las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Centros de Contención
Según Tatiana Alemán “la Policía ha detenido a muchos trabajadores informales y los ha llevado a centros de detención ilegalmente, por andar vendiendo, a pesar de que el mismo vendedor o vendedora demostraba que lo hacía porque ya no tenía para comer”. Además, aseguró que actualmente existen 91 Centros de Contención que el gobierno de Bukele instaló en gimnasios, hoteles y otros espacios.
Ante las constantes denuncias de personas que fueron detenidas ilegalmente en centros de contención, el 12 de abril la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PPDD- de El Salvador entregó a la Asamblea Legislativa, el Informe sobre actuaciones policiales y militares violatorias a derechos humanos durante la emergencia nacional por Covid-19 . Allí consignó las 778 denuncias que se han realizado entre el 21 de marzo y el 22 de abril.
Tras conocer el informe, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución de “seguimiento del Habeas Corpus 148-2020”, en la que ordena al Presidente Bukele suprimir castigos automáticos ante el incumplimiento de la cuarentena: “las actuaciones de todas las autoridades del Órgano Ejecutivo –tanto la expedición de órdenes, como la ejecución de las mismas– que sean arbitrarias e ilegales, constituyen una vulneración a los derechos fundamentales” sentenció.
Sin embargo Bukele ignoró a la Sala, a pesar de que hubo unanimidad por parte de los cinco magistrados. El presidente desafió la orden declarando en su cuenta de Twitter que no acataría la resolución: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan”.
“Algo ridículo es que durante el conflicto del pasado -9F- la Sala de lo Constitucional se pronunció y ordenó a la Asamblea hacer la plenaria, hacer su trabajo, y Nayib respaldó esa decisión de la Sala; él mismo dijo que las órdenes de la Sala son eso, órdenes. No son para ver si las adopto o no, se hacen y ya”, manifestó Tatiana Alemán para referirse al tema que perfila a Bukele como un presidente autoritario.
Por otro lado, en los centros de contención, donde ya hay 3.964 personas, se presentaron protestas. El pasado lunes 4 de mayo, cerca de 50 salvadoreños detenidos ilegalmente se manifestaron en el Palacio de los Deportes, un gimnasio en San Salvador, para exigir que las autoridades les brinden las pruebas necesarias para determinar si están contagiados por el coronavirus.
Situación carcelaria
Desde el pasado 25 de abril el gobierno de Bukele declaró el estado de emergencia carcelaria en siete prisiones del país centroamericano, luego de que se presentaran más de 50 asesinatos el 24 de abril, supuestamente ordenados por los integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha. “Los cabecillas irán a aislamiento solitario. Nada de contacto con el exterior. Las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas, hasta nuevo aviso”, dijo Bukele a través de Twitter.
Los asesinatos selectivos o colectivos, así como amotinamientos en las cárceles, son algunas de las consecuencias que analistas como el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, advierten. Para el experto, tras las medidas decretadas por el gobierno de Bukele esta situación “es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”. Entre otras, porque obliga el encierro a pandilleros de bandas enemigas en las mismas celdas.
Cabe resaltar que el Gobierno es el responsable de lo que pueda suceder ya que tiene la custodia de los reos. De allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos -OEA-, el domingo 3 de mayo expresó su preocupación por la emergencia en las cárceles, ya que pone en riesgo los derechos de las personas privadas de su libertad.
Medidas económicas
Nayib Bukele decretó la entrega de 300 dólares (cerca de 1.2 millones de pesos colombianos) a familias empobrecidas cuyos ingresos provienen, principalmente, de trabajos informales como la venta de productos en las calles. Esta decisión fue recibida con bastante aceptación mediática y popular, sin embargo hubo una equivocada entrega del subsidio.
“No se sabe de qué manera fue distribuido, de qué manera hicieron para establecer el censo y a quién se le iba a entregar. En la realidad se pudo ver que muchas personas del sector de gobierno y empresas privadas fueron beneficiados con estos 300 dólares y no las personas que realmente lo necesitaban”, relató Penagos al evaluar la medida.
Por su parte, Tatiana Alemán destacó que una frase que se está haciendo popular es Te morís de hambre o te morís por el virus. Son dos necesidades, la salud pública y el hambre que no deberían encontrarse pero que no han sido atendidas en las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, porque su apuesta fue militarizar. El presidente no ha asumido la responsabilidad del Estado. Las personas están desesperadas, ya no tienen qué comer”.
Con ocasión a la crisis sanitaria, el Presidente Bukele optó por sacar a las calles a las Fuerzas Armadas desde el primer día del aislamiento obligatorio, aunque ni el Ejército ni la Policía solventan las necesidades fisiológicas como el hambre y la enfermedad.
