La Asamblea Legislativa tiene una deuda y sigue sin aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que tiene como mandato desde que se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, en julio de 2016. Ante esto, les extendieron el tiempo hasta febrero del año que está por llegar.
La representante de CEMUJER, Ima Guirola, instó a los legisladores a cumplir los estándares nacionales e internacionales en la aprobación de la ley.
“Que si bien es cierto son capaces de abordar una prórroga, que si bien es cierto hay un plazo para el 28 de febrero del año 2020, también es cierto que se les señala en esta resolución, a la Asamblea Legislativa, que debe cumplir con el canon nacional e internacional y con los parámetros establecidos, tanto en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016 como también, con todo lo que se ha señalado y reiterado en cada una de las resoluciones, incluyendo las resoluciones más inmediatas, que esta configuración de sala, gradualmente ha presentado”, indicó Guirola
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los diputados y diputadas que verdaderamente tomen en cuenta a las víctimas del conflicto armado durante el proceso que les queda para la aprobar la Ley de Reconciliación Nacional.
La representante de la Organización CRISTOSAL, Irene Gómez, leyó el llamado contra la impunidad
“Debe realizarse un proceso o una mesa de diálogo contra diputados y diputadas con organizaciones de derechos humanos y víctimas para generar una propuesta que proteja los derechos de las víctimas, en cuanto a la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición. Finalmente instamos a los y las diputadas a no promover más impunidad, acatar con lo mandatado por la Sala de lo Constitucional y, sobre todo, con las demandas de las víctimas”, dijo Gómez.
Las Organizaciones que velan por los derechos humanos demandan a los diputados para que permitan el diálogo abierto, que eviten propiciar el proyecto de ley que beneficia a los culpables de crímenes de guerra y que establezcan consultas inclusivas.
El integrante del Comité de Presos Políticos, Rafael Segura, descalificó la forma en la que los diputados consultaron a las víctimas.
“Nosotros no vimos ninguna víctima, nosotros vimos victimarios. Ante eso, no son legítimas las consultas que ha llevado la Asamblea Legislativa y sí nos sentimos molestos porque las víctimas aquí estamos luchando. Yo soy sobreviviente de la tortura y a mí la Asamblea no me preguntó en qué me ha afectado y cómo me ha ayudado. Realmente he sido ignorado, revictimizado y eso atenta contra la dignidad de las víctimas”, expresó Segura.
Las Organizaciones de Derechos Humanos aseguran que estarán pendientes si los diputados logran elaborar otra ley de amnistía a favor de los crímenes ejecutados durante el conflicto armado de El Salvador.
