La Mesa por la Sustentabilidad del Medio Ambiente y el Agua de Ahuachapán y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate manifestaron que la poca preocupación del Estado en abordar la crisis ambiental ha sido evidente debido a que no han aprobado políticas que garanticen los derechos ambientales.
Según Sara Guardado, miembro de la Mesa por la Sustentabilidad del Medio Ambiente y el Agua de Ahuachapán, los órganos del Estado y los gobiernos locales han relegado los problemas estructurales que posee el medio ambiente en el país, así como el desfinanciamiento a ciertas carteras del Estado que benefician al medio ambiente.
“Estamos demandando las irresponsabilidades en este caso del Estado con las comunidades a nivel nacional, las organizaciones sociales hacemos un llamado y exigimos tanto al Legislativo como El Ejecutivo y a los gobiernos locales que se sumen y que se responsabilicen… También estamos demandando la racionalización de los y las defensoras de los derechos humanos, de los y las ambientalistas, también del presupuesto que vemos que ha bajado”, manifestó Guardado.
Ante dicha situación diversas comunidades del país están demandando la generación de alternativas que permitan concebir el desarrollo de forma digna y sustentable, aseguró Manuel de la Cruz del Comité Ambiental Cantón Metalío, Sonsonate Acajutla y Ahuachapan Sur.
“En comunidades en general estamos siendo afectadas directamente en el área de salud, en la área de nutrición, en la área de sobreexplotación porque nosotros ya no tenemos dónde vivir, no tenemos cómo subsistir. También pedimos que la ley del cambio climático se apruebe para que podamos tener un amparo ante la ley y el Estado. Al gobierno mismo le pedimos, que es la base principal del Estado, que tome decisiones concretas para los más desprotegidos en las zonas vulnerables, porque en estos momentos nosotros hemos tenido fenómenos que han llegado a nuestras comunidades como la inundaciones, las sequías y esta ha dejado directamente una afectación en la economía de las zonas campesinas y zonas de comunidades marginadas”, expresó de la Cruz.
Los representantes de las organizaciones piden al Órgano Ejecutivo articular acciones entre el Gobierno y las comunidades para garantizar el derecho de la gente y no el de las empresas, al Órgano Legislativo la pronta aprobación de las leyes de cambio climático, soberanía alimentaria y de riesgo, también solicitan a las alcaldías que se establezca espacios de participación local para la aprobación y discusión de los proyectos que atenten contra el medio ambiente; así mismo piden al Órgano Judicial que acompañe los procesos de denuncia ambiental de las comunidades, resguardando la integridad de los y las defensores ambientales ante el contexto de inseguridad.
