(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador)
La segunda guerra mundial se saldó con 70,000,000 de asesinados, 62% de los cuales eran civiles, destacándose algunas minorías – gitanos, eslavos, judíos -, como algunos grupos religiosos, católicos principalmente, y en menor medida, protestantes, para los que el fascismo se empleó a fondo en su persecución.
Tampoco los aliados son inocentes de estos crímenes, pues los asaltos a Dresde, Hamburgo, los Sudetes y Hungría, se cebaron masacrando a civiles germanos, a quienes asesinaban en los caminos, según algunos cálculos, en cifras que rondan el millón de ejecutados, gravándoseles en cinta de 8 mm, sobrevivientes aún, en las que se aprecia como vehículos de oruga aplastan los cuerpos de los fusilados y moribundos de aquellas personas.
Por venganza.
Ahora bien, lo bizarro de aquellos eventos avivó el debate en torno a la necesidad de normar los enfrentamientos armados, por entonces sujetos a la civilidad de los combatientes, por lo que la viuda del fallecido presidente Roosevelt, Eleanor, promovió la primera generación de derechos humanos manada de la batería inaugural de la recién fundada NU, que se conforma partiendo del espíritu de la “Carta de los Derechos del Hombre”, principal legado doctrinal liberal de la revolución francesa. El propósito de aquella y de las generaciones que le siguieron es amparar desde el Estado, la normativa garante de los derechos civiles, sin distingo de color, edad, clase, credo, género, estatus, nacionalidad, etcétera, de cualquier atropello derivado del Estado.
Para el caso en nuestro país la violación de los derechos humanos constituye una cultura profundamente arraigada, de la que podemos destacar como ejemplos, las masacres del ´32, y las habidas desde 1979 hasta 1992, ejecutadas por el Estado, contra personas desarmadas e indefensas, por razones ideológicas y de clase.
La suscripción por parte de ES a tratados pro derechos humanos, es en sí un avance importante para nuestra democracia, que empero no supera la cultura referida, mientras la institucionalidad no abrace este paradigma.
Es decir, el Estado seguirá violentando estos derechos en cuanto el lenguaje que mane de él sea el mismo ( hace una semana la alta comisionada para los DDHH de la ONU a reprendido a ES por torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, de más de 300 personas por parte de agentes del Estado en el último quinquenio), a lo que debemos sumar la supresión del Comisionado Presidencial para los DDHH, en la presente administración, como el que desde ésta se restrinja el acceso a la información, mientras los detractores del mismo son atropellados impunemente sin que desde el gobierno se lo condene, reprimiendo y hasta procurando controlar en efecto, el libre pensamiento y la libre expresión ciudadana.
En esta línea, la persecución, represión y eliminación de defensores de DDHH, sin amparo de ninguna legislación, pues no existe, evidencia el nulo compromiso por parte de la administración con la construcción de un nuevo modelo de DDHH, lo que impone la urgencia de legislar la materia de protección al defensor de DDHH, comprometiendo finalmente a la institucionalidad con el derecho ciudadano.
