René Mauricio Mejía
Durante la semana del 14 al 18 de mayo, el poder esgrimido contra sectores populares se puso en evidencia con la decisión del Alcalde arenero de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, quien ordenó el desalojo de vendedores ubicados en la vía pública de dicha ciudad y la decisión del juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma de ordenar el desalojo, despojo y destrucción de las viviendas de 76 familias, residentes desde hace más de 30 años, en un sector de la finca El Espino, del municipio de Antiguo Cuscatlán, gobernado por la alcaldesa arenera Zoila Milagro Navas.
Dichas decisiones además de registrarse en municipios gobernados por ARENA, tienen en común la afectación de derechos humanos esenciales como son el derecho a la vivienda, a la propiedad, al trabajo; derechos que al ser violentados, generan efectos negativos colaterales contra el derecho a la educación, a la salud, a los servicios básicos y al libre tránsito, creando una total inestabilidad y ruptura de la tranquilidad de los miembros de las familias afectadas entre los que hay sectores vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas discapacitadas.
Además, las nefastas decisiones de estos funcionarios, también son generadoras de conflictividad social al obligar a miembros del pueblo a enfrentarse entre sí; unos en defensa de sus derechos y otros, los miembros del CAM y de la PNC, obligados a cumplir órdenes concebidas en la insensibilidad de funcionarios que no tienen la mínima idea de lo que significa la aplicación de la justicia antes que la aplicación del derecho; o bien, responden a intereses creados de ocultos grupos de poder.
A pesar que el Alcalde arenero de Santa Tecla dice que no hay nada que negociar, pues las elecciones ya pasaron; creemos que el dialogo y la negociación es mejor que la represión por lo que su actitud tendrá que flexibilizarse para hallar una solución que satisfaga el interés legítimo de ordenar la ciudad y el interés igualmente legítimo de los vendedores de conservar su forma de trabajo, pues no es concebible el ornato a costa del sacrificio de cientos de hogares.
En cuanto al desalojo de la comunidad de El Espino, es evidente que el juez inclinó la balanza a favor del poderoso capital de la familia Dueñas, ignoró los esfuerzos del gobierno por darle cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional de evitar el desalojo, mientras no se resolviera favorablemente la reubicación decorosa de los residentes en dicha comunidad, para lo cual el Gobierno, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, del Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO, tenía varias opciones que para que fuesen admitidas por la Comunidad, requerían más tiempo, ya que por razones obvias, los miembros de la comunidad, después de varias décadas de vivir, trabajar y desarrollarse en la Finca El Espino, se negaran a un desarraigo violatorio de sus derechos adquiridos, en consecuencia el desalojo ordenado por el juez, interrumpió el proceso ordenado por la Sala.
Por mandato constitucional, el Estado, por medio de sus instituciones debe honrar y dignificar su obligación de asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, lo cual significa que tienen que hacerse los máximos esfuerzos por devolverles el bien común a los sectores populares afectados por el Alcalde arenero de Santa Tecla y por el juez de paz de Antiguo Cuscatlán.
