EL SALVADOR ENTRE LAS DOS ORILLAS: El dilema entre seguridad y libertad.

¿Cuánta democracia está dispuesta a sacrificar una sociedad cuando el Estado le ofrece protección?

Por: Julio Borges Junyent, Yaiza Santos, Douglas Castro-Quezada y Luz Escobar.

Nayib Bukele es uno de los presidentes más complejos para quienes intentan analizar la relación entre democracia, seguridad y libertad en la región. En este episodio de Las dos orillas, Julio Borges, Luz Escobar, Yaisa Santos y Douglas Castro discuten el llamado ‘modelo Bukele’, sus resultados contra la violencia, su creciente concentración de poder y, sobre todo, la pregunta que su experiencia plantea al resto del continente: ¿cuánta democracia está dispuesta a sacrificar una sociedad cuando el Estado le ofrece a cambio seguridad?

El punto de partida es una realidad difícil de ignorar. Durante años, buena parte de los salvadoreños vivió bajo el control territorial de las pandillas, entre homicidios, extorsiones y enormes restricciones a la vida cotidiana. Por eso, cuando se cuestiona el autoritarismo de Bukele, aparece una respuesta recurrente entre sus seguidores: antes tampoco se sentían libres. No podían transitar determinados barrios, salir tranquilamente a la calle o desarrollar una actividad económica sin exponerse a la violencia. Ahora, en cambio, sienten que recuperaron parte de esa libertad.

Para Julio Borges, allí está precisamente la complejidad del fenómeno. «Creo que no es algo binario, de blanco o negro, te gusta o no te gusta», sostiene. La seguridad también forma parte de la libertad: existe seguridad personal, jurídica, alimentaria y social, y las sociedades están dispuestas a hacer importantes sacrificios para conseguirla. El problema comienza cuando esa demanda legítima se utiliza para desmontar progresivamente las instituciones que garantizan que el poder tenga límites.

El episodio también cuestiona la idea, extendida en algunos sectores latinoamericanos, de que la seguridad es un asunto esencialmente de derechas. Yaisa Santos recuerda que una democracia necesita que el Estado tenga el monopolio legítimo de la fuerza, combata el crimen y reduzca la impunidad. Precisamente, el fracaso de numerosos gobiernos para garantizar esa función básica ayuda a explicar el surgimiento de figuras como Bukele. El problema no es que una sociedad demande seguridad, sino creer que para obtenerla necesariamente debe renunciar al Estado de derecho.

Luz Escobar traslada esa discusión a Cuba, donde Bukele también despierta simpatías. Su llegada a la presidencia, su lenguaje disruptivo y su utilización de las redes sociales generaron inicialmente curiosidad en una sociedad acostumbrada a una burocracia política completamente distinta. Pero el atractivo aumentó a medida que creció la percepción de inseguridad en la isla. «En Cuba lo que hace falta es un Bukele» se ha convertido, explica, en una frase habitual en conversaciones y redes sociales. Para Escobar, existe allí una paradoja particularmente importante: los cubanos conocen las consecuencias de entregar todo el poder a cambio de determinadas promesas sociales. Fidel Castro ofreció durante décadas una fórmula parecida bajo otros argumentos: ausencia de democracia y pluralismo a cambio de las supuestas «conquistas de la Revolución».

El debate entra entonces en el aspecto más controvertido del modelo: las cárceles, el régimen de excepción y los derechos humanos. La reducción de la violencia ha sido extraordinaria, pero ha venido acompañada de encarcelamientos masivos, juicios colectivos y serias dudas sobre el debido proceso. Borges recuerda que El Salvador tiene una de las poblaciones penitenciarias proporcionalmente más grandes del mundo y plantea una pregunta esencial: ¿cómo garantizar que decenas de miles de detenidos sean juzgados individualmente y con garantías? «Los números son impresionantes. La violencia se ha reducido prácticamente a ceros», reconoce, pero advierte que esa política puede convertirse en «una olla de presión» si el sistema es incapaz de distinguir entre culpables e inocentes.

Douglas Castro introduce otro peligro: la progresiva ampliación de la categoría de enemigo. Bukele ha defendido que los derechos humanos deben proteger a la «gente decente», pero la pregunta inevitable es quién decide quién pertenece a esa categoría. Cuando el poder comienza identificando como delincuentes a miembros de organizaciones criminales y posteriormente extiende ese lenguaje hacia activistas, periodistas o adversarios políticos, la excepcionalidad puede transformarse en un mecanismo permanente de control. Para Castro, la experiencia nicaragüense demuestra hasta dónde puede llegar esa lógica: Daniel Ortega también terminó convirtiendo a sus opositores en «delincuentes» mediante las propias leyes del régimen.

Ese es precisamente uno de los argumentos más importantes del episodio. El problema de Bukele no está solamente en lo que hace hoy, sino en las herramientas institucionales que está construyendo para mañana. La persecución de sectores de la prensa, las leyes contra organizaciones civiles, los mecanismos fiscales contra críticos y la concentración progresiva del poder pueden tener consecuencias distintas mientras un presidente mantiene niveles extraordinarios de popularidad. Pero esos mismos instrumentos seguirán disponibles cuando aparezcan nuevos conflictos sociales o cuando la popularidad comience a disminuir.

La reelección representa, en ese sentido, una línea especialmente delicada. El episodio diferencia entre reconocer la enorme popularidad de Bukele y aceptar que esa popularidad justifique modificar las reglas para permanecer indefinidamente en el poder. Como señala Luz, «una cosa es reconocer su popularidad y otra muy distinta es validar la manipulación que ha hecho del marco legal para perpetuarse en el poder». Para los participantes, precisamente allí aparece una de las grandes fronteras entre un gobierno fuerte y un proyecto autocrático.

El atractivo regional del fenómeno hace que el caso salvadoreño sea todavía más relevante. Nadie propone seriamente importar el modelo cubano, el chavismo venezolano o la dictadura de Ortega. Bukele, en cambio, es popular incluso en sociedades democráticas y ha convertido su política de seguridad en un producto político exportable: ya no se escucha solamente que un país «necesita un Bukele», sino también que necesita su propia megacárcel. Esa capacidad de presentar la concentración de poder como eficiencia, modernidad y resultados convierte al fenómeno salvadoreño en una discusión mucho más amplia que las fronteras de El Salvador.

En el fondo, Las dos orillas plantea una pregunta que afecta a buena parte de América Latina. La región necesita Estados capaces de enfrentar al crimen organizado, terminar con la impunidad y devolver el espacio público a los ciudadanos. Pero el desafío democrático consiste precisamente en conseguirlo sin destruir las instituciones que después deberán proteger a esos mismos ciudadanos del poder.

• Julio Borges JunyentJulio Borges Junyent es un político venezolano fundador del Partido Primero Justicia. Fue presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017… Ver más
• Yaiza Santos@yaizasantosYaiza Santos (Huelva, 1978) es periodista y editora. Ha colaborado, entre otros medios, en Letras Libres, ABC, Jot Down Magazine.

Publicado en: The Objective