GOBERNAR NO BASTA. RESTAURACIÓN CONSERVADORA Y DISPUTA POR EL PODER EN AMÉRICA LATINA.

Por: ALFONSO INSUASTY RODRÍGUEZ.

La experiencia colombiana demuestra que ganar las elecciones no equivale a disputar el poder. En un contexto de transición hacia un orden multipolar, reconfiguración de las derechas y creciente disputa geopolítica por América Latina, los límites del reformismo institucional sólo pueden superarse mediante la construcción de una nueva hegemonía democrática y popular, arraigada en los territorios, la organización social y la soberanía de los pueblos. Lo que está en juego no es únicamente el gobierno, sino la posibilidad histórica de consolidar un proyecto de paz, justicia social, democracia sustantiva y soberanía frente a la restauración del bloque histórico dominante.

Es posible ganar las elecciones sin conquistar el poder.

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022 inauguró uno de los momentos más significativos de la historia política reciente de Colombia. Por primera vez, una coalición de izquierdas y fuerzas progresistas accedía al gobierno con el propósito de ampliar derechos sociales, impulsar reformas redistributivas, implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz y sustituir la doctrina de la seguridad por una política centrada en la protección de la vida.

Aquella victoria no nació en las urnas; fue la expresión institucional de un prolongado ciclo de resistencias campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicales, feministas, estudiantiles, ambientales y populares que alcanzó un punto de inflexión con las movilizaciones de 2019, se reconfiguró tras la pandemia y estalló con fuerza durante el Paro Nacional de 2021. Más que un relevo electoral, expresó el desgaste de la hegemonía neoliberal y la irrupción de una nueva conciencia democrática que situó en el centro del debate la justicia social, la paz y la democratización del Estado, como señalan Lince y Zibechi et al.

Cuatro años después, el retorno de una coalición conservadora de orientación neoliberal al Ejecutivo no puede entenderse como una simple alternancia democrática, su programa anuncia una reducción del papel redistributivo del Estado, restricciones o retrocesos en derechos sociales, fortalecimiento de políticas de seguridad, mayor apertura al capital financiero internacional y un renovado alineamiento con la agenda estratégica de Estados Unidos. Más que un relevo gubernamental, este retorno revela la capacidad del bloque histórico dominante para recomponer su hegemonía sin modificar las estructuras que concentran el poder económico, mediático, militar y financiero.

Como planteó Poulantzas (1978), el Estado no es un instrumento neutral, sino la condensación material de una correlación histórica de fuerzas. En Colombia, esa correlación ha sido moldeada por la concentración de la tierra, el neoliberalismo, la Doctrina de Seguridad Nacional, la financiarización y la subordinación geopolítica a Estados Unidos. La principal lección del ciclo 2022-2026 es que puede conquistarse el gobierno sin disputar efectivamente el poder. Mientras permanezca intacta la infraestructura histórica que articula élites económicas, aparato coercitivo, monopolios mediáticos y redes transnacionales de influencia, las reformas tenderán a ser limitadas, negociadas o revertidas.

Esta experiencia permite comprender lo que aquí se denomina infraestructura histórica del poder, el entramado de instituciones, intereses económicos, dispositivos jurídicos, burocracias estatales, capacidades coercitivas y alianzas internacionales que garantizan la reproducción del bloque dominante con relativa independencia de los cambios de gobierno. Desde esta perspectiva, las resistencias enfrentadas por las reformas tributaria, laboral, agraria y pensional, así como por la política de Paz Total, no expresaron únicamente desacuerdos programáticos, sino la capacidad de esa estructura para preservar sus condiciones de reproducción.

Siguiendo a Gramsci (1971), la hegemonía es la capacidad de un grupo social para dirigir política y culturalmente a la sociedad, logrando que sus intereses y su visión del mundo sean percibidos como naturales, legítimos e incluso inevitables. Así, el poder no se sostiene únicamente mediante la coerción del Estado, sino también a través de consensos construidos por las instituciones, los medios de comunicación, el sistema educativo y otros dispositivos de producción de sentido. En Colombia, esa hegemonía se ha sustentado históricamente en la narrativa del enemigo interno, la criminalización de la protesta social y la identificación de las demandas por redistribución, derechos y cambio social con el desorden o la amenaza. Lo que realmente está en juego es la posibilidad de re-definir las relaciones entre Estado, mercado y sociedad.

Esta confrontación tampoco puede entenderse únicamente desde la política nacional, la posición geográfica de Colombia, su condición de principal aliado militar de Estados Unidos en Suramérica y su riqueza en biodiversidad, agua, minerales estratégicos y energía la convierten en un enclave central de la disputa geopolítica contemporánea. En ese contexto, la implementación del Acuerdo de Paz, la reforma rural o la transición energética trascienden el ámbito interno para inscribirse en una competencia internacional por el control de territorios y recursos estratégicos. El Plan Colombia (2000-2016) ilustra esa lógica: concebido como una estrategia antidrogas, terminó consolidándose como un dispositivo de cooperación militar, inteligencia y contrainsurgencia que fortaleció la proyección regional de Estados Unidos y redefinió la arquitectura de seguridad hemisférica como mencionan Tate y Vega Cantor.

Hoy, las nuevas iniciativas de seguridad promovidas por Estados Unidos en América Latina evidencian la continuidad de ese paradigma mediante el fortalecimiento de la cooperación militar, la expansión de capacidades de inteligencia y vigilancia y la creciente securitización de problemas sociales, configurando un renovado dispositivo de control geopolítico sobre la región andino-amazónica.

Pero toda restauración encuentra sus límites, por ello, es importante considerar que, el país que emerge tras el Gobierno del Cambio ya no es el mismo que administraron las élites durante décadas. El Acuerdo de Paz, las movilizaciones entre 2019 y 2021, el fortalecimiento de las organizaciones territoriales y la irrupción de nuevas ciudadanías, la misma experiencia de gobierno, transformaron la cultura política colombiana. Millones de personas comprendieron que la paz no consiste únicamente en silenciar las armas, sino en un horizonte estratégico.

Ese constituye, quizá, el principal legado de este ciclo político. Más allá del alcance de sus reformas, dejó una conciencia más clara sobre los límites del Estado y la persistencia de las estructuras de poder. La enseñanza no sólo es que gobernar resulte insuficiente, sino que ninguna transformación duradera podrá sostenerse sin construir una nueva hegemonía democrática desde los territorios, la organización social y la soberanía popular.

Colombia en la disputa por el nuevo orden mundial.

La recomposición ultra-conservadora en Colombia forma parte de una reconfiguración regional orientada a reposicionar políticamente América Latina en un contexto de transición del orden internacional. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el avance de un escenario multipolar y la disputa por minerales críticos, biodiversidad, agua, energía y corredores logísticos han devuelto a la región un lugar central en la geopolítica global. No es casual que la entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, afirmara en un evento del Atlantic Council que América Latina concentra recursos estratégicos como el litio, el agua dulce y la Amazonía, fundamentales para los intereses de Washington, “América Latina tiene lo que el mundo necesita” (Richardson, 2023).

En este escenario, Colombia recupera un lugar privilegiado dentro de la arquitectura hemisférica de seguridad estadounidense; las nuevas derechas ya no reivindican abiertamente el viejo neoliberalismo, articulan el discurso de la seguridad con promesas de eficiencia, el emprendimiento con el moralismo conservador, el nacionalismo retórico con la subordinación geopolítica y la comunicación política con las lógicas del espectáculo. La disputa por el poder se desplaza también al terreno de la guerra cognitiva, donde la desinformación, la segmentación algorítmica y la concentración mediática moldean percepciones, emociones y marcos interpretativos. Como advierte William I. Robinson (2020), el capitalismo contemporáneo integra militarización, vigilancia digital y securitización como mecanismos complementarios para preservar las estructuras globales de dominación.

Ahora bien, el estrecho resultado de la segunda vuelta presidencial, en la que ninguna candidatura alcanzó la mayoría absoluta y la diferencia final fue inferior a 250,000 votos, evidenció una sociedad profundamente polarizada. Paralelamente, los debates sobre las garantías del proceso electoral, el papel de las plataformas digitales, la circulación masiva de desinformación y la opacidad de los ecosistemas algorítmicos reforzaron la percepción de que la confianza en la democracia se ha convertido en uno de los principales campos de disputa política. Corresponderá a las autoridades competentes y a eventuales investigaciones independientes esclarecer las denuncias relacionadas con la integridad del proceso electoral y el eventual impacto de estas dinámicas sobre sus resultados.

Esta reconfiguración también se expresa en una política exterior estadounidense crecientemente orientada por la coerción, las sanciones unilaterales y la securitización de las relaciones internacionales, en tensión con el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. El endurecimiento del bloqueo contra Cuba, las medidas coercitivas contra Venezuela y el alineamiento de gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y, recientemente, Colombia con la agenda estratégica de Washington ilustran una diplomacia sustentada en relaciones asimétricas de poder, mientras Brasil continúa siendo un escenario decisivo de la disputa regional.

A ello se suma la creciente influencia de corporaciones tecnológicas especializadas en inteligencia artificial, análisis masivo de datos, vigilancia y ciberseguridad. Empresas como Palantir, Anduril, Google, Microsoft o Amazon Web Services participan cada vez más en inteligencia, defensa e infraestructuras críticas, confirmando que la competencia geopolítica contemporánea también se libra mediante el control de los datos, los algoritmos y las arquitecturas digitales, como mencionan Zuboff, y Karp y Zamiska.

En Colombia, este escenario converge con el retorno de una narrativa conocida, la seguridad, el control, el orden y la lucha contra el crimen organizado que, vuelven a desplazar del debate público las causas estructurales de la violencia, la desigualdad, la concentración de la tierra, el extractivismo, la exclusión territorial y el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Se reactiva así una racionalidad heredera de la Doctrina de Seguridad Nacional, que históricamente ha reducido el conflicto social a un problema de seguridad antes que de democracia. Sus primeras expresiones se reflejan en la estigmatización de sectores de izquierda, liderazgos sociales, organizaciones campesinas, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos y del ambiente, así como en denuncias sobre intentos de revertir procesos de acceso y formalización de tierras impulsados durante el Gobierno del Cambio. Todo ello se amplifica o silencia mediante un ecosistema mediático que privilegia el espectáculo, la desinformación y la permanente construcción del enemigo interno.

Pero, esta restauración no regresa al mismo país que gobernó durante décadas. El proceso de paz, las movilizaciones sociales y las luchas de mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, juventudes y organizaciones populares transformaron la cultura política colombiana. Las élites podrán recuperar el gobierno e intentar recomponer un Estado históricamente capturado por intereses privados, pero difícilmente desactivarán una sociedad que aprendió a defender la vida, la dignidad y la soberanía, y a comprender que la paz no consiste sólo en el silenciamiento de las armas, sino en la democratización de la sociedad.

La disputa por Colombia así, ya no enfrenta únicamente proyectos electorales, sino dos horizontes de país, uno subordinado a la financiarización, la privatización de lo público, la securitización y la dependencia geopolítica; otro comprometido con la soberanía popular, la justicia social, la paz y la defensa de los bienes comunes. Las élites podrán recuperar el gobierno, pero aún está por decidir si lograrán restaurar la hegemonía.

A doscientos años del Congreso Anfictiónico de Panamá, el llamado de Bolívar conserva plena vigencia, la independencia seguirá siendo una tarea inconclusa mientras nuestros pueblos no conquisten una soberanía efectiva sobre sus territorios, sus recursos, sus instituciones y su propio destino.

La verdadera emancipación comienza cuando los pueblos dejan de administrar la dependencia y deciden construir, por sí mismos, su futuro.

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 562: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/08/ALenMovimiento_562_agosto_2026-28-31.pdf