La responsabilidad del estado salvadoreño por la política criminal que durante el conflicto armado adelantó contra la población civil, en el Calabozo, el Mozote, Las Hojas, Santa Helena, y muchas otras más, está debidamente probada.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Esta política la ejecutó en el marco del conflicto armado que padecimos en el país en la década de los 80’s del siglo pasado, cuando el estado salvadoreño por intermedio de la FFAA la adelantó.
Esta política fue practicada por los gobiernos salvadoreños de la época para, según ellos, “…quitarles el agua a los peces…”, es decir, separar a la entonces fuerza guerrillera, opositora al estado, de su supuesto soporte alimentario, sanitario y logístico proveniente de la población civil local, para lo cual debía desalojarse a ésta de los territorios, destruyendo además cualquier elemento que pudiera ser útil a la insurgencia para su sustento.
En la práctica aquellos desalojos se realizaron con lujo de barbarie, desarraigando a poblaciones enteras de sus locaciones y empujándolas a verdaderas “guindas” – correr literalmente por sus vidas – , para salvarse, llevando consigo sólo lo que tenían encima, mujeres encintas, infantes de brazos, personas mayores, enfermos, etcétera, lo que se tradujo en la muerte de muchas de estas personas en razón de su estado de salud, a los que se sumaron aquellos que fueran asesinados colectivamente por parte de las fuerzas de tareas militares sobre el terreno, que vaciaron en ello todo sus vicios y complejos.
Las violaciones, separaciones familiares, desmembramientos, torturas, desapariciones, son solo algunos, los menos conspicuos, de los vejámenes cometidos por los elementos de las fuerzas armadas, lo cual está ampliamente documentado y probado en el sistema judicial de nuestro país, en el sistema interamericano de DDHH, las UN, más entidades privadas que han hecho acopio de la documentación y delación fidedigna de los hechos, quienes por separado han denunciado al estado salvadoreño por su inacción para proteger los derechos de la población, así como su concurso para asegurar la impunidad a los perpetradores de estos crímenes.
El colmo de esa política de impunidad sostenida en el tiempo por el estado salvadoreño, es la manipulación que de los hechos hace, revisándolos y tergiversándolos con el ánimo de ocultarlos de la memoria colectiva de los salvadoreños, a la par de manipular el sistema judicial para posponer indefinidamente su abordaje jurídico.
Así vemos los casos que en contra de miembros de los infames escuadrones de la muerte dejan de ser procesados judicialmente, alegando tecnicismos mientras se dilata aún más la justicia para sus víctimas.
Otro tanto lo supone transferir la responsabilidad de esa dilación a inocentes, como lo es el vergonzoso caso adelantado contra del Doctor Zamora, a quién se le endilgan acusaciones que sobre estos hechos se hacen, sin que se aporte evidencia creíble, por lo que claramente el estado salvadoreño bajo el presente régimen sólo profundiza la política de impunidad que, en contra de hechores materiales e intelectuales de aquellos horrores, práctica.
Total, el salvadoreño es un pueblo desmemoriado.
Pero quizás no.
*Educador salvadoreño
