La guerra es un conflicto armado entre dos o más países o facciones y no, cuando el Estado impone orden social, en base a la Ley o la necesidad pública, tampoco hay guerra, cuando el Estado, mediante sus controles institucionales, persigue el cohecho y se aplica la contraloría pública.
Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El Presidente Bukele, en pocos meses ha llamado dos veces a la guerra: primero, contra las pandillas, como si no fuese obligación del Estado, mantener la paz pública, en cumplimiento del Estado de Derecho, según lo indica la Constitución. Ahora llama a la guerra contra la corrupción, sin perseguir la que hoy, realiza el gobierno, pero lo endereza contra sus rivales políticos y comerciales. Estamos siendo arrastrados a una verdadera guerra.
La amenaza de extinguir 262 municipios y crear 44 nuevos, implica la derogatoria tácita del calendario electoral y, la suspensión de las elecciones. La supresión de diputados implica la modificación del pluralismo político y, una nueva estructura representativa nacional, muy diferente de la actual, cuyos principios se desconocen, pero deben de estar enunciados en el nuevo proyecto de Constitución, desconocido por la totalidad de la nación salvadoreña pero del cual, ha insinuado el vicepresidente, Félix Ulloa.
Dichas modificaciones, acarrearán un cambio en todas las legislaciones: electoral, municipal, tributaria, incluyendo los registros de ciudadanos y lo relacionado con las disposiciones sobre el uso del suelo, la planificación urbanística y, todo lo relativo al Centro Nacional de Registro, provocando confusión en los catastros, pues la nueva distribución, no ha tomado en cuenta los límites arcifinios, sino intereses políticos del Gobierno.
Esta situación ha creado dos facciones: la que procura la destrucción de la nación, para sumirla en un caos de autoritarismo y, quienes desean el orden y la estabilidad para lograr el desarrollo humano. Por esta razón, el presidente Bukele, arrastrando está al país, a una guerra.
Su popularidad ha descendido a un 40%, razón que le impulsa a realizar actos, cada vez más teatrales y descabellados, como arrastrarnos al caos, mientras se asegura un Régimen de Fuerza, que procura mantener, satisfecha a la tropa, pero rompe la unidad con la oficialidad: situación, que puede volver inestable la verticalidad del mando.
Uno de los propósitos de beneficiar a la tropa y no, a la oficialidad, es quebrar esa disciplina, con la intención de que la tropa, sea política y leal, a los intereses de quien le paga, e incita a romper la apoliticidad de la Fuerza Armada. Veteranos, activistas del oficialismo, han abogado por la participación política de la tropa, sin atender a la función institucional de la Fuerza Armada.
Este desorden, que ha dejado en suspenso todas las candidaturas y la participación política de los partidos políticos, hace irrelevante toda discusión sobre las candidaturas presidenciales, diputados y alcaldes. Una situación que obliga a todas las fuerzas a aglutinarse en dos posiciones diametralmente opuestas: quienes defienden la Constitución y quienes defienden el autoritarismo.
El oficialismo, busca en este tiempo, formalizar el mayor número de partidos políticos que respondan a los intereses de Bukele, que son claramente identificables, pues son los únicos que poseen los medios para una campaña política tradicional: fiestas, transporte, acercamiento a comunidades con láminas, camisetas y activismo político pagado.
La creencia de un cambio político por la vía electoral, ha finalizado y la confianza de que un solo candidato pueda aglutinar a la oposición, también se ha desvanecido, lo que nos arrastra a una confrontación entre dos facciones: el resultado, dependerá de la capacidad de cohesión de la oposición y, la capacidad de mantener la estabilidad económica del país, por parte del oficialismo.
