Principales partidos de oposición manifiestan que renuncia de instituciones del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por COVID-19 revela las dificultades gubernamentales para transparentar el uso de los $2 mil millones de dólares.
La renuncia de universidades y representantes del sector privado al Comité encargado de fiscalizar el uso que hará el Gobierno de los $2 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia por COVID-19 causó opiniones en diputados de diferentes partidos políticos.
La jefa de fracción del FMLN, la diputada Nidia Díaz, cuestionó la transparencia del Gobierno, la falta de un plan y, a su juicio, el incumplimiento del mecanismo establecido por el Decreto 608.
“He leído la renuncia, creo que es irrevocable. La Comisión de Hacienda los ha citado para este miércoles para que expliquen con mayor detenimiento las causales que llevaron a esa renuncia. Ya se venía viendo, ya conocíamos nosotros, ha habido reuniones también con parte de esos sectores de la sociedad civil y realmente era lamentable, por más que se decía: ‘Miren, tomen en cuenta’. Entonces, la gente solo ha visto que hay acciones y erogación de fondos, sin ser tomados en cuenta con qué criterios. Entonces, esa es la culminación de un procedimiento no correcto y de una ocultación de decisiones y uso discrecional de los recursos”, explicó Díaz.
Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, el diputado Carlos Reyes, dijo que la renuncia del sector académico y privado no debe hacer que al Gobierno se le abran las puertas para el manejo del dinero y que el primer paso es que despierte la Corte de Cuentas de la República.
“En primer lugar la Corte de Cuentas de la República debe hacer su trabajo, esté o no esté su comité, debe hacer su trabajo”, indicó Reyes.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA; la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP; la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES; la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, renunciaron al Comité por habérsele quitado la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso.
El presidente legislativo y diputado del PCN, Mario Ponce, dijo que los diputados y diputadas deberán decidir quiénes supervisarán el uso de los $2 mil millones de dólares.
“Están renunciando y si están renunciando ser parte del Comité, simplemente no habrá Comité… Será la Asamblea Legislativa la que decida quien fiscalizará los fondos”, señaló Ponce.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha convocado a los representantes de estas instituciones para este miércoles 13 de mayo para que expliquen las razones de su renuncia.
