El Fondo Monetario Internacional, recomendó en días recientes, la transparencia en el uso del Bitcoin, advirtiendo que la Ley de Activos Digitales, con la cual, el Gobierno pretende apalancar (financiar sus operaciones) pone en riesgo, la estabilidad económica nacional, basada en el dólar.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Al Gobierno de El Salvador, le es necesaria dicha Ley y el uso del bitcoin, para sostener el régimen, que se sustenta en la corrupción desmedida, necesaria para mantener la lealtad de funcionarios y, la propaganda alienante, en los medios de comunicación (tradicionales y de redes sociales), creando un estado de miedo y engaño. Sin embargo, al desafiar abiertamente al Fondo Monetario Internacional, organismo dependiente de las Naciones Unidas y cuya función, es promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial, en base a asesoramiento y respaldo a países, para su desarrollo económico; nos exponemos a quedar aislados del sistema económico mundial, lo cual constituye para nuestra economía, un suicidio, que tendrá por fin, preservar el ejercicio del poder del Gobierno.
La reforma de pensiones, favorable para algunos y desfavorable para otros, ha puesto a la seguridad social, en el camino de la insostenibilidad y, las reformas futuras, auguran la utilización de los ahorros privados en el sistema financiero, como el siguiente objetivo del Gobierno, para su financiación.
Parte del sistema de alienación, empleado por el Gobierno, es la facilidad de negocios para una parte de la gran empresa, utilizando para ello, la capacidad de inversión del Estado, pero sin llegar a integrar la totalidad de la estructura comercial nacional, sino en forma selectiva, que también será insostenible, pues si la base económica disminuye, en igual medida lo hará la demanda de bienes y servicios, por lo cual el Gobierno, perversamente, impulsa la emigración: legal e ilegal, como mecanismo de disminución de presión social y, sostenimiento del sector de servicios. Esto podrá ser mantenido, hasta que dicho mecanismo, sea grabado con impuestos directos, al disminuir la capacidad de apalancamiento (financiamiento del Gobierno) de entidades financieras externas.
La alienación social, no permite apreciar la derogación tácita de la Constitución, hecha a fuerza de engaños y deconstrucción de la Institucionalidad pública (cambio de sus funciones y fines), lo que no permite la aplicación del Artículo 87 de la Constitución (la remoción de los funcionarios causantes de un rompimiento constitucional extremo) por una acción social o la Fuerza Armada.
Lo que plantea una nueva realidad política nacional: la destrucción de la alienación social, por medio de la imposición de la realidad nacional, o sea anteponer el sistema democrático a la tiranía del Gobierno, hasta que las acciones de éste, sean tan evidentes, que hagan imposible mantener su imagen alienante, ya sea, por la imposibilidad del sostenimiento económico (no pueda ser pagado por el Gobierno) o la realidad económica, genere la presión social, que no pueda ser aliviada por la emigración.
Para nosotros implica, participar en las elecciones, pero exigiendo que estas sean libres y, ante el fraude que se está preparando, combatirlo y denunciar sus resultados, si no están acordes con los principios de la democracia representativa.
