Todo acto, de carácter inhumano, parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil, cometido en aplicación de las políticas de un Estado o, una organización, es considerado, Crimen de Lesa Humanidad.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Así, deben considerarse como tales, la dominación por hambre, el castigo colectivo, por reflejo y, la imposibilidad de ser sometido al sistema judicial, conforme a las leyes, en situaciones grupales o masivas.
Cuando estos actos son ejecutados, en cumplimiento de una política de Estado, siguiendo su legislación o, por el autoritarismo existente; se convierten en terrorismo de Estado. Esta situación, favorece a las pandillas, objeto de estas medidas, pasando de ser victimarios (por extorsionar, al 74% de la población) a ser víctimas, de un Estado opresor.
Tal situación, va en contra del presente Gobierno y, creará sanciones con repercusión nacional, pues sí es posible el combate al crimen organizado, sin recurrir a la violación de los Derechos Humanos y, sin el cometimiento de Crímenes de Lesa Humanidad. Sólo es necesaria, la aplicación efectiva de la ley, fortalecer la investigación policial y, crear las estructuras judiciales y penitenciarias, necesarias. Tales situaciones, ya están siendo tratadas en aplicación de los principios filosóficos y prácticos de los Derechos Humanos, por las exigencias que plantea, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
Las medidas del Gobierno, se han centrado en el ejercicio de la fuerza: para mantenerla, se eleva el número de efectivos, pero el sistema judicial, ha colapsado y, las instituciones que deben actuar conjuntamente: el Ministerio Público, que ya no da abasto a lo exigido, en cumplimiento de sus tareas constitucionales.
Mientras vemos la realización de actos, tipificarles de Crímenes de Lesa Humanidad, y por otro lado, salen libres pandilleros reconocidos, con un largo prontuario dentro del sistema judicial, lo cual es una contradicción. La política de pretender someter al crimen organizado activo, mediante privaciones a los ya condenados, es un retroceso al Derecho Penal, antes de la publicación de la obra “Tratado de los Delitos y de las Penas”, del jurista y diplomático italiano, Cesar Beccaría, publicado en el siglo XVIII y que ha dado origen al derecho penal moderno.
Las violaciones a los Derechos Humanos, traerán consecuencias, a largo plazo y serán: 1) minimizar la apreciación negativa de las pandillas, 2) la exigencia de sancionar el terrorismo de Estado, del presente Gobierno, bajo los conceptos de la Justicia Transicional y justicia Restaurativa, 3) agudizar la crisis social existente y, 4) generar rechazo contra el sector militar. La demostración de fuerza contra las pandillas, puede generar una aceptación inicial, de los sectores dañados, pero las acciones del Gobierno, al ser tan generales, terminarán creando, un efecto opuesto al deseado.
Dentro de la criminología, es aceptado, de modo general, que el crimen organizado es resultado de falta de empleo, vivienda, salarios insuficientes, inestabilidad laboral, educación deficiente, crisis en los partidos políticos y, formas de gobierno, corrupción y cada vez más notoria impunidad, en el abuso de poder. Por estas razones, la primera forma de combatir el crimen organizado, es el retorno al Estado de Derecho y, permitir el desarrollo libre de la economía de mercado, garantizando el control soberano del Estado y, la seguridad jurídica.
Las acciones del presente Gobierno, generando desconfianza en los mercados internacionales, atraerán sanciones por violaciones de los Derechos Humanos y, sin el combate efectivo a las pandillas, creando riesgo de existencia, para las instituciones del Estado, al no cumplir sus funciones Constitucionales, lo cual finalmente, beneficia al crimen organizado que se pretende combatir, y fomentando un asistencialismo insostenible, que a la larga, hará colapsar al presente Gobierno.
