Finalizada la primera guerra mundial Alemania afrontó las draconianas obligaciones que le impuso el tratado de Versalles, y, en consecuencia, la negación de su propio pueblo.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández
Ello gestó un estado débil, incapaz de dirimir las demandas sociales que supuso la posguerra, lo que a su vez devino en el caos social que sumó el crack del 29′.
Así las cosas, se generaron las condiciones que permitieron que el fenómeno del nacionalsocialismo irrumpiera con paso firme en la Alemania de Weimar, anulando la institucionalidad y dando pie al nazismo.
Huelga señalar que a lo referido arriba hay que sumar lo que los propios nazis añadieron, provocando conflictos generados por los camisas pardas y negras, algunos de los cuales derivaron en muertes innecesarias de ciudadanos inocentes, lo que se aprovechó proselitista mente para promoverse políticamente presentándose como los únicos que podía devolver el orden de hierro que Alemania necesitaba.
El resto es historia.
¿Parece esta narrativa conocida?
Las condiciones de inseguridad imperantes en nuestro país derivadas de la rampante corrupción del aparato político y por extensión del resto de la institucionalidad, cooptadas por agentes privados cuya misión fue la de incapacitar y volver inviable al estado, son el caldo de cultivo que permitieron a la par de la privatización, la generación del terrorismo doméstico que tanto daño a hecho a la ciudadanía.
Es decir; la degenerada política criolla, junto a la milicia y las élites privilegiadas, se dedicaron por entero a asegurar el proyecto neoliberal que les supuso una riqueza gratuita a costillas del erario público, mientras el soberano no gozó jamás de la paz que el fin del conflicto armado debió suponer.
Ante tales aberrantes condiciones por supuesto que el delito campea, junto a la corrupción y la impunidad, por lo que las circunstancias descritas arriba entregaron en bandeja de plata a la República, al régimen que el pasado 1o de mayo, enterró al estado de derecho.
Ahora la administración garantiza una “guerra sin cuartel al terrorismo doméstico”, denunciando a las entidades nacionales y extranjeras que acusan los ultrajes al marco jurídico vigente que comete el régimen, y que por respuesta los invita a “llevárselos”, refiriéndose a los detenidos en este marco, mientras se sigue negando a entregar a quienes de entre estos, se ha comprobado cometieron delitos de sangre por los que deben responder, en terceros países.
Por supuesto las víctimas del terrorismo y con fundada razón esperan que los detenidos sean escarmentados finalmente, sin ninguna posibilidad de evasión a sus delitos, y por supuesto confían que ahora la ansiada y siempre pospuesta justicia llegue, por lo que la persecución que ahora vemos es ampliamente respaldada por una ciudadanía huérfana de justicia.
Ellos aplauden legítimamente ansiosos esta campaña, pero, ¿cuál será el costo?
El costo son nuestras libertades fundamentales, de ir y venir, de expresarnos, de pensar y creer, y las más, que no son ya garantizadas.
¿Qué deberá entonces esperar la ciudadanía de un estado en el que la ley no es ya garante de libertades fundamentales?
