Gobierno busca la autocensura de la prensa para desviar la atención de la corrupción, asegura gremio de periodistas

La Mesa de Protección a Periodistas condenó las amenazas a la libertad de expresión y de prensa por parte del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, quien recomendó a los funcionarios de Gobierno señalados de corrupción por Estados Unidos que procedan contra de los periodistas que “dañen su honor” al publicar investigaciones y escribir sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Este tipo de declaraciones busca que los periodistas se censuren y que tengan miedo para seguir investigando. La buena noticia para la sociedad y la mala para este Gobierno es que la prensa seguirá investigando y haciendo su trabajo”, señaló el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Fagoaga, quien dijo que las amenazas de Argueta son reales, pues no es la primera vez que las hace contra el periodismo salvadoreño. Fagoaga lamentó que en Casa Presidencial existan este tipo de asesores irresponsables y quienes promueven un discurso de odio al periodismo salvadoreño.

“Es un funcionario que utiliza la palestra que tiene para dar ese tipo declaraciones irresponsables. Este mismo funcionario fue quien hace semanas atrás también intentaba que los periodistas revelaran la fuente de sus informaciones, lo cual atenta contra el mismo ejercicio periodístico. Nos preocupa este tipo de declaraciones en CAPRES. Pensamos que las altas esferas del poder están mal asesoradas. Quisiéramos pensar que es ignorancia, pero es malicia desde la administración pública”, indicó Fagoaga.

El presidente de la APES dejó claro que hay funcionarios públicos que están siendo señalados por actos de corrupción y vinculación con pandillas y para esconder dichas acciones buscan que los medios y la prensa se autocensuren en sus notas o investigaciones. “Hay un intento por desviar la atención de lo importante. Nosotros como periodistas reportamos hechos, damos a conocer realidades damos a conocer verdades después de contrastar la información. Yo creo que de lo que deberíamos estar hablando es sobre los señalamientos que hay de funcionarios públicos de la actual administración que están siendo señalados en actos corrupción e ilegales. No debemos olvidar este contexto y lo que se busca es atentar contra los medíos que difunden esta información”.

Fagoaga recordó a los funcionarios que, desde el momento en que optaron por cargos públicos, están bajo el escrutinio de la sociedad. “La ley obliga a los funcionarios a ser transparentes”.

Por su parte, Serafín Valencia, relator de Libertad de Expresión de la APES, dijo que los señalamientos contra la prensa buscan desviar la atención de la corrupción. “Los periodistas no estamos buscando trato especial. Nosotros exigimos que se nos permita desarrollar nuestro trabajo – el trabajo periodístico-, que no tergiversen esos principios elementales del abordaje del ámbito legal en nuestro país”.

La APES además confirmó el primer caso de amenazas directas de agentes del Estado contra un periodista salvadoreño, de quien por seguridad se omitió su identidad. Valencia asegura que el periodista ha tenido que salir del país

Con estas acciones el gobierno del presidente Nayib Bukele se confirma como enemigo del periodismo y la libertad de prensa, precisamente porque está en contra de la transparencia, señala la APES.

La Mesa de Protección a Periodistas está conformada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).

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