La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, interpuso una demanda contra la investigadora Jeannette Aguilar. De acuerdo con la legisladora, Aguilar la difamó el fin de semana al escribir en su cuenta de Twitter una frase del expresidente uruguayo, Pepe Mujica: “El gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar”.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) José María Tojeira opinó que todo mundo puede presentar una denuncia ante las instancias correspondientes, sin embargo, cuando se presenta una demanda sin fundamento debería ser desechada.
Tojeira añadió que la crítica no debe ser manipulada a la realidad y considerada un delito. “Hay que ver cómo responde la Fiscalía y el sistema judicial a ese tipo de denuncia. Todo mundo puede presentar la denuncia que le dé la gana, eso es evidente, es parte de la libertad ciudadana, pero cuando una denuncia es infundada ya ni siquiera debe de llegar al juez, si no que la Fiscalía debe desecharla. No se puede acusar de algo que no ha sucedido a alguien, por el simple hecho que no me gusta esa persona o no me gusta lo que ha dicho o lo siento como una crítica”, explica el sacerdote jesuita.
El padre Tojeira dijo que la sensibilidad que tienen algunos a responder a las críticas, la deberían tener con respecto a otros temas de país, como por ejemplo: la atención a las víctimas del pasado y del presente, la atención a las desapariciones, entre otros. “A veces no se nota que haya la misma sensibilidad con respecto a los ciudadanos y ciudadanas desparecidos, etc., y sin embargo hay una sensibilidad especialísima cuando se siente uno ofendido por una crítica que puede ser racional, o que puede ser no racional, pero que no tiene por qué ser judicializada, ni considerada delito”.
El director del Idhuca dijo que habrá que esperar a ver cómo actúa el sistema de justicia salvadoreño, ante la demanda presentada por la diputada del partido oficialista en contra de la investigadora en materia de seguridad pública.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que en la actualidad existe una persecución política en contra de las voces disidentes al Gobierno. Esto pone en riesgo la débil democracia que hay en el país.
