Organizaciones sociales piden al gobierno garantizar derecho a la vivienda

El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en el marco del Día Mundial del Hábitat exhortaron al Estado de El Salvador cumplir con los compromisos internacionales contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de vivienda adecuada.

A través de un comunicado las organizaciones recordaron a las instituciones del Estado salvadoreño que suscribieron y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que con la firma del acuerdo se asumieron compromisos que hasta la fecha se han incumplido.

Entre ellos: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada, y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.

En el área urbana de El Salvador un 22.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de éstos, el 4.5% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 18.3% están en pobreza relativa. En el área rural, un 24.8% de hogares se encuentran en situación de pobreza; de los cuales el 5.2% está en pobreza extrema y el 19.6% en pobreza relativa.

Según la denuncia de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de los esfuerzos que realizan las comunidades para ser escuchadas por las autoridades gubernamentales, para encontrar una solución a su problema habitacional, esto no ha sido posible, todo lo contrario,  los espacios de interlocución para atender el tema entre el gobierno y comunidades, junto a otros sectores sociales, han sido eliminado; tal y como sucedió con el Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat que estaba instalado e integrado por diversos sectores de la sociedad, el cual fue disuelto por el actual gobierno.

Ante la difícil situación que enfrentan las comunidades las organizaciones llaman a la Asamblea Legislativa a armonizar la normativa nacional con la internacional y apruebe una ley que desarrolle el derecho a la vivienda adecuada.

Al Órgano Ejecutivo a que  formule una política o plan nacional de vivienda y hábitat, con amplia participación ciudadana, con perspectiva de género, orientada a la reducción del déficit habitacional y a  las instituciones estatales para la vivienda social que generen propuestas de soluciones habitacionales efectivas para las familias de escasos recursos, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, para quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda, para quienes no tienen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Este llamado lo hicieron las organizaciones en el marco de los 35 años de la Declaración del Día Mundial del Hábitat.

 

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