La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide al Ejecutivo respetar el trabajo informativo de los medios de comunicación y restablecer en sus funciones a las oficinas de acceso a la información pública que han sido inhabilitadas en el contexto de la pandemia del COVID-19.
En un informe presentado a la Asamblea Legislativa en junio, la PDDH señala varios hechos que menoscaban el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información. Entre éstos están: “restricciones a realizar preguntas en conferencias de prensa sobre la situación de los centros de contención, limitaciones para entrevistar a funcionariado del Ejecutivo, obstáculos a la labor de independientes y radios comunitarias, y destrucción de material periodístico”.
Apartado informe PDDH relacionado a la situación de libertad de prensa y expresión durante pandemia de COVID-19El informe señala directamente al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, de desacreditar a medios de comunicación en redes sociales, mencionando como caso emblemático la descalificación y estigmatización del trabajo de la Asociación de Radiodifusión Participativas de El Salvador (ARPAS).
La PDDH denuncia que el funcionario en cuestión “arremetió contra esta red de medios comunitarios por haber retomado una pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el cual esta organización internacional pide al gobierno de El Salvador mayor transparencia y dejar a los periodistas realizar sin restricciones su labor informativa sobre el COVID-19”.
Sobre esto, ARPAS respondió que los medios comunitarios no son “oficialistas ni de oposición”, porque “no responden a ningún proyecto gubernamental ni a ninguna visión político-partidaria”. “Nuestro trabajo se guía por los principios y objetivos de la comunicación popular que se basa en los intereses de la población como sujeto de la comunicación, la participación activa de las audiencias y la promoción de cambios estructurales en favor de la gente”, dice la carta pública de la Junta Directiva.
La carta recuerda que descalificar y estigmatizar el trabajo de periodistas y medios constituye un acto de “censura indirecta”, según los estándares de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
