El Salvador es uno de los países más afectados por la falta de acceso a información pública durante la pandemia de COVID-19, según revela un estudio de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información.
De acuerdo con el informe, un 83 por ciento de países en Latinoamérica incumplen los plazos vigentes de entrega de información, o bien, se proporcionan datos insuficientes sobre los gastos, medidas y planes de los gobiernos para enfrentar la crisis por el COVID-19.
El Salvador es catalogado dentro de este estudio, como uno de los “casos extremos”, al haberse suspendido los plazos en procesos administrativos.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 14 de marzo el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, que incluyó una suspensión de los plazos procesales y administrativos.
Esto provocó que unas 218 instituciones paralizaran la entrega de información y solo 145 actualizaran sus portales web con información oficiosa, de un total de 363 instituciones.
El Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional y pidió que se emita una medida cautelar contra la Asamblea para eliminar la suspensión de plazos.
