Cinco abogados, entre ellos la procuradora adjunta de derechos humanos, un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y el subdirector del IDHUCA, señalan problemas legales en la implementación de la cuarentena decretada por el Gobierno para prevenir la propagación del Covid-19. La ambigüedad en los criterios para realizar las detenciones, la falta de entrada en vigencia del decreto ejecutivo y la utilización de la cuarentena como una sanción podrían constituir la violación de derechos de algunos de los detenidos hasta la fecha.
La medida de cuarentena domiciliar que el presidente Nayib Bukele anunció esta semana. La legalidad de las detenciones han sido unas de las muchas dudas tras su implementación, la medida de encierro domiciliar para la prevención del Covid-19. Expertos en el tema aseguran que la detención de personas por transitar en la calle es una ilegalidad, ya que es el policía o el militar quien realiza la detención es el que juzga si esa persona respetó o no las disposiciones y las excepciones decretadas por el Gobierno.
El decreto ejecutivo número 12, emitido por la ministra de Salud, dice que “las personas que se encuentren en cualquier lugar sin la justificación respectiva serán conducidas por las autoridades de seguridad pública a los centros de contención de la pandemia” o a algún lugar indicado por el Ministerio de Salud. En la práctica, durante el primer día de implementación, esto no ocurrió así: al menos algunos de los detenidos han sido llevados a delegaciones policiales. El fiscal general, Raúl Melara, confirmó en su cuenta de Twitter que acusará por desobediencia a las personas detenidas en supuesta violación de la cuarentena.
Por su parte Beatriz Campos, procuradora adjunta de derechos humanos, dijo que no están claros los protocolos ni criterios con los que una persona es remitida por la Policía. “En la práctica, los están llevando a delegaciones. Pretenden ponerlos a la orden de la Fiscalía para procesarlos por el delito de desobediencia”, dijo la procuradora.
Para el abogado Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, dijo que no se debe dejar a policías o militares la interpretación de las excepciones a la cuarentena. “Si yo salgo en la noche por una emergencia pediátrica y no llevo al niño, ¿cómo acredito esto? Si yo no puedo acreditar algo ante el policía, él interpreta y me lleva preso. No puede ser un policía porque es juez y parte, y las garantías (del debido proceso) no están suspendidas”, dijo Baulenas.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, también cuestionó la actuación de las autoridades de seguridad. “Según el decreto, solo tienen dos opciones: llevarlos a centros de contención o al lugar que defina el Ministerio de Salud. En ningún caso están habilitados para ser los ‘jueces’ sobre quiénes entran a los centros de contención ni tampoco para llevarlos a bartolinas”, dijo Escalante.
El decreto 12, que obliga a la cuarentena domiciliar, tiene fecha del 21 de marzo y dice que “entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos concluirán en el plazo de 30 días, contados a partir de esta fecha”. Para Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, eso abre una puerta para que todos los detenidos el fin de semana aleguen la ilegalidad de sus detenciones en los tribunales o ante la propia Sala de lo Constitucional. El decreto aún no se ha publicado en el diario oficial, o al menos no hay evidencia de ello, aseguró el abogado.
