Organizaciones sociales se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para reiterarles a los diputados que la Ley de Reconciliación aprobada el pasado miércoles no cumple con los estándares de Derechos Humanos.
David Ortíz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho (FESPAD) condenó la aprobación de la normativa, la cual a su criterio, los diputados tenían una ruta clara de amnistiar nuevamente los casos.
“Sectores de la Asamblea Legislativa tenían una ruta clara para aprobar una nueva Ley de Amnistía que protegiera a los graves crímenes que se cometieron en el Conflicto Armado y que no se pudiera juzgar a las personas responsables”, afirmó el representante de FESPAD.
Por su parte, Eduardo García, de la Asociación Pro- Búsqueda, dijo que las víctimas no solo quieren un perdón, si no que se sancione a los culpables por el delito cometido. Además recalcó que es obligación del Estado perseguir y sancionar el delito y para eso debe estar la legislación.
“Me parece un acto de crueldad, una bajeza en un funcionario público que anteponga su responsabilidad como Estado, de sancionar y perseguir el delito al cansancio que tienen muchas madres después de 30 o 40 años intentando buscar a sus hijos”, explicó García.
Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA, espera que la Sala de lo Constitucional evalúe si la Ley aprobada cumple con los parámetros de la sentencia.
“Lo ideal para mantener la coherencia que no sea el presidente de la República, si no la Sala de lo Constitucional quien de oficio haga una audiencia de seguimiento para evaluar, tanto el producto que la Asamblea aprobó, como el proceso de elaboración, porque de una u otra manera sabemos que ese proyecto no pasa los estándares”, explicó Escalante.
Escalante también hizo énfasis en que a partir de este seguimiento, la Sala podría decir que es necesario que se vuelva a realizar el proyecto de ley.
“Ahorita no es tanto que este tema se mal utilice por parte de la Presidencia o en esta dinámica entre Ejecutivo y Legislativo, si no que sea el Judicial el que llame a la cordura, como hizo el 9 de febrero. Eso sería lo más sensato”, añadió el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Las organizaciones sociales esperan que se pueda corregir la plana y se formule una ley en la que el eje central sean las víctimas de la guerra y no los victimarios.
