(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández)
Los Acuerdos de Paz definieron el rol de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional, siendo salvaguardar la integridad territorial, garantizar la soberanía y ser obediente del mandato constitutivo no siendo deliberante.
Es decir; el ciclo iniciado en 1931 con aquel Golpe de Estado, saldado con la masacre de hasta 35,000 campesinos, en enero de 1932, y que suponía concluido a inicios de los 80´s con la deposición del general Romero, termina concreta y legalmente con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
No concluyeron empero las 6 décadas de gobiernos militares, pues su cultura persiste, por ejemplo, en el neo caudillismo practicado por el actual Ejecutivo, que ve en el autoritarismo un medio de legitimación a su administración.
Tampoco se ha superado por completo el fenómeno en cuestión, pues recordamos los llamados que, en el marco del golpe de Estado en contra de Zelaya en Honduras, la derecha realizara a las fuerzas armadas, para ejecutar su propio Golpe en contra del gobierno del entonces presidente Funes, seguros del respaldo que desde los EE.UU el gobierno de Obama daría, como lo hizo en efecto en el caso hondureño.
Sin embargo, podemos afirmar que, por un lado, las condiciones de resistencia efectiva que habría supuesto la población, a un hipotético golpe militar en connivencia con la derecha, podría haber derivado en un nuevo conflicto interno por las condiciones supuestas del mismo.
Entonces, aunque el fenómeno es historia, su herencia es efectiva en la cotidianidad, pues en algunos casos se recuerda incluso con nostalgia aquel episodio, asegurando los menos informados, que el militarismo garantiza tanto la prosperidad como la seguridad, siendo falso uno y otro, pues si bien los militares gobernaron, ellos no administraron nunca, delegando tal tarea en el capital quién siempre haló los hilos en su beneficio, dejando las tareas sucias – masacres, desapariciones, torturas, etcétera – a la milicia, realizándose con diligencia (Historia de El Salvador, Tomo 2, Historia de Centro América, Tomo 2, Enciclopedia Britannica, capítulos sobre la historia de El Salvador, etcétera), deprimiendo, expoliando y empobreciendo a la población [Informes por separado de BID, BM, FMI, CLACSO, etcétera, de los diferentes años a la fecha, de El Salvador], orillando los diferentes conflictos sociales y armados, padecidos por nuestro país en el siglo XX, así como el presente y por las mismas causas.
Ahora, el que la seguridad pública sea dirigida por militares en activo o retirados, algunos de los cuales con procesos pendientes por violaciones de derechos humanos, como el que el Estado salvadoreño ha sido señalado en informes de la relatoría de derechos humanos de la ONU, como de la PDDH y la UCA, por desapariciones forzadas, torturas y asesinatos extrajudiciales, semanas atrás, en definitiva rechaza lo afirmado por el diputado Vargas, en su alegato de la inexistencia activa del militarismo en la seguridad nacional, y debe poner en alerta a la ciudadanía ante el resurgimiento de este, no solo por su legado, pero además por el futuro oscuro que derivará de su irrupción política.
