Carlos Montes, coordinador del programa Haciendo Valer Derechos de Personas con Discapacidad, del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), dijo esta semana que el sector sigue demandando una Ley de Inclusión que garantice sus derechos.
Sin una legislación difícilmente los derechos de las personas con discapacidad serán respetados. Una ley que cumpla con los estándares internacionales. “Estamos exigiendo que el transporte público garantice las condiciones accesibles y adecuadas para personas con discapacidad (…) todavía hay personas con discapacidad que son discriminadas y se les niega el acceso a tener sus propias cuentas bancarias”, dijo Montes.
El CESTA reunió a personas con discapacidad con el objetivo de que conozcan el avance de la Ley de Inclusión que actualmente sigue estancada en la Asamblea Legislativa y que pretende el respeto de sus derechos.
Jesús Martínez, delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad, explicó a los asistentes cómo entender la Constitución de la República. “Algunos preceptos en la Constitución los tenemos que manejar al dedillo porque la Constitución en simples palabras es la mamá de todas las leyes”, explicó.
En el proyecto de Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad se plantea el derecho a la salud gratuita, educación inclusiva en todos los niveles, básico y superior, y acceso a rehabilitación.
Según datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, en El Salvador 410 mil 700 personas presentan algún tipo de discapacidad. De ellos el 55 % son mujeres y el 45 % son hombres.
