El desafío de una justicia transicional y restaurativa en la ley de reconciliación

(Por: Miguel A. Saavedra)


La anterior Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía vigente luego de los Acuerdos de Paz y ordenó a la Asamblea Legislativa la elaboración de una ley de reconciliación que superara los defectos de la mencionada ley de amnistía, para lo cual le dio un plazo que venció el 13 de julio de 2019.

La Asamblea Legislativa integró una comisión especial para elaborar el proyecto de ley, que no tuvo el consenso popular, en tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto, consideraron que tal proyecto era una nueva versión del perdón y olvido que por años han defendido quienes son señalados de crímenes de lesa humanidad, por lo que demandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intervención para impedir su aprobación, por lo que dicha corte ordenó el 28 de mayo de 2019 a la Asamblea Legislativa suspender el proyecto de ley, frente a lo cual la actual Sala de lo Constitucional ha extendido el plazo para elaborar la ley hasta el 13 de noviembre de 2019.

Para lograr una propuesta inspirada en los afectados por el conflicto, la fracción legislativa del FMLN inició un proceso de consulta a víctimas, familiares y ex combatientes a lo largo y ancho del país a fin de obtener el sentir y pensar sobre cuatro aspectos fundamentales que debe tener la ley como son: el conocimiento de la verdad; la aplicación de la justicia para los casos de lesa humanidad y otros que sean puestos en el sistema judicial; reparación a las víctimas y familiares; y, garantía de no repetición de los hechos violatorios a los derechos humanos.

Aprobar una ley que cumpla con todos estos requisitos no es fácil, debido a los diversos intereses que se confrontan en el ámbito legislativo; no obstante ese es el desafío asumido por la fracción legislativa del FMLN, determinada a garantizar que el texto de la nueva ley deberá estar totalmente consultada y avalada por las víctimas, familiares, ex combatientes y los sectores organizados que los representan y, de no ser así, no dará sus votos para el proyecto que se lleve al pleno legislativo. Este es el compromiso y por el se trabaja para alcanzar la tan anhelada reconciliación nacional.

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