Elección del Fiscal General de la República es inconstitucional
(Por: Wilver Gerardo Parada*)
El pasado 21 de diciembre del 2018 la Asamblea Legislativa aprobó la elección de Raúl Melara como Fiscal General de La República con 83 votos a favor y una abstención del diputado no partidario Leonardo Bonilla para el periodo del 2019-2022, dicho proceso de elección careció de garantías de independencia e imparcialidad, al punto que la derecha negoció con el gobierno el combo de dar los votos por el presupuesto a cambio de elegir al fiscal Melara, como ya es costumbre el combo legislativo dentro del parlamento todo con el fin de fortalecer y preservar los intereses particulares y de poder entre los partidos mayoritarios FMLN y ARENA.
Raúl Melara fungió como director ejecutivo de la ANEP, instancia representada por ARENA en la Asamblea Legislativa, además fue asesor del actual candidato a la presidencia de la coalición por un nuevo país (ARENA-PDC-PCN-DS) y algunas fuentes no oficiales revelaron que también era financista de dicho instituto político, con esto queda al descubierto su falta de independencia, imparcialidad en aplicar la ley con igualdad.
Es por eso que dicha elección está amañada ya que él proviene e incluso antes del cargo hay pruebas que tiene simpatía partidaria por lo que viola el principio de independencia judicial.
La Sala de lo Constitucional del periodo pasado (2009-2018) emitió sentencias declarando inconstitucional los decretos legislativos de elección de funcionarios de segundo grado que se consideraban carentes de independencia y tenían vínculos partidarios, algunos ejemplos: Salomón Padilla expresidente de la CSJ fue destituido del cargo por haber trabajado como gerente de Alba Petróleos de El Salvador, institución aliada al FMLN, asimismo Gregorio Sánchez Trejo expresidente de la Corte de Cuentas de la República por nexos políticos igualmente los magistrados Andrés Rovira (Presidente de GANA) y Javier Bernal, El exmagistrado del TSE Ulises Rivas por haber participado en un foro apoyando a la fórmula presidencial del FMLN (Salvador y Oscar) se determinó una medida cautelar con suspensión temporal del cargo aún no hay sentencia definitiva.
El expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura Tito Edmundo Zelada fue destituido por vínculos políticos con el partido de izquierda. La Sala de lo Constitucional anterior cometió excesos ya que no se garantizan los derechos políticos contemplados en el art 72 de la carta magna a dichos funcionarios de segundo grado violando a la vez el pacto internacional de los derechos civiles y políticos (Derechos de primera generación ) y la declaración universal de derechos humanos (1948) adoptada por El Salvador.
La Sala de lo Constitucional actual debe sentar un precedente más y demostrar ahora que nadie está exento de violar la constitución, tal es el caso del fiscal electo el cual asume funciones el 5 de enero del 2019 quien por fotos y videos se ha comprobado que apoya la candidatura de la coalición Alianza por un nuevo país, además que asesoró a dicha coalición, genera conflictos de intereses con el Estado por haber sido miembro de la gremial privada de este país.
Si sentó precedentes en los demás casos expuestos que afectaron al FMLN hoy es el momento de demostrar que la Sala de lo Constitucional no es una oficina jurídica de la derecha y así sentenciar la inconstitucionalidad planteada.
También es esencial evaluar que todo este grupo de abogados que anda interponiendo recursos de inconstitucionalidad que están en su derecho, saber si responden a intereses de poder de un cierto grupo económico o político, o son independientes y valientes a la vez e interponen un recurso de inconstitucionalidad sobre la elección de este fiscal. Es de esperar si son servidores del pueblo o mendigos del poder económico.
Dicha elección está viciada por carecer de parámetros y procedimientos de elección transparentes, debido a que dicho funcionario tiene nexos con el partido de derecha lo cual genera expectativa que no será un fiscal independiente e imparcial, violando así otras resoluciones que ya dicto la Sala de lo Constitucional en el cual se dejó claro que cualquier tipo de vinculación partidaria será declarada inconstitucional dicho cargo, como es el caso de Melara por tener clara simpatía al partido de derecha.
*Colaborador y analista de la realidad nacional