Terminó el 2018, sin cambios sustanciales en materia laboral provocadas por la administración del trabajo, que siguió presentándose en bastantes tramos en conflicto, y muchos procesos administrativos no mejoraron sustancialmente el ciclo que hoy va cerrándose.
El mismo conflicto laboral a lo interno de la propia cartera de Estado da pie a pensar que el ejercicio no ha sido bueno, y la actitud dialogante en principio ha caído en demagogia, en oportunismo, y en una esfera de intereses poco acertados y de poco tino.
Se acabó el tiempo, y pareciera ya no hay margen de maniobra para hacer un cambio radical en un sentido progresista para la clase trabajadora. El debate en el salario mínimo ha sido hasta bloqueado por grupos de interés a lo interno y en los espacios de decisión del actual gobierno, pareciera que por un lado hay intenciones claras de rescatar en algún discurso o acción publicitaria algunos progresos de país, y por el otro impedimentos laborales.
Pero nuestras autoridades de trabajo han salido poco a la opinión pública o medios de distinto nivel para expresar avances en materia de derechos laborales y colectivos, seguimos con atrasos considerables en los procesos administrativos y las dilaciones se manifiestan hasta para extender sencillas certificaciones; y donde ha estado más deficitario el que hacer ministerial es la falta de convicción profesional para pronunciamientos a diferentes violaciones laborales en el sistema de relaciones laborales.
El derecho laboral es un derecho positivo, es decir progresivo a cada momento y épocas; está construido sobre la base de principios jurídicos que orientan a un equilibrio en materia de superar la desigualdad y explotación laboral, sin embargo a nivel decisorio en muchas carteras e instituciones públicas no ha existido conocimiento sobre la materia, ahogándose las reivindicaciones que demandaron muchos grupos sindicales de diferente ideología.
El marcado sesgo de pretender utilizar la fuerza social a conveniencia de algunos intereses neoliberales, y acciones contra el capital y grupos empresariales, ha debilitado una lógica de administración de justicia laboral cabal para quienes se sienten violentados por las acciones de diversos tomadores de decisión dentro de la jerarquía del gobierno y demás estamentos de la sociedad.
No hubo ratificación de convenios de la OIT necesarios para seguir avanzando en la protección social y progresividad de los derechos laborales, en contra de un mundo globalizado y deshumanizado, y hace que la acción de la cartera de trabajo esté bastante opacada—y el no impulsar un nuevo salario mínimo, y estar tratando de impulsar reformas laborales dentro del sector público con poco tino y escasa correlación, determina un ámbito de negatividad y claro perjuicio a los intereses de las personas trabajadoras.
Hay asuntos desventajosos en materia de los servicios médico-hospitalarios brindados por el seguro social, y hay deficiencias en cuanto a un marco de acuerdos importantes en la materia. La medicina del trabajo es aún una deuda pendiente. Hay visiones y ejercicios en la formación profesional que no se observan en un provecho sustancial para la clase trabajadora, importante dentro de la evolución y organización del trabajo.
Se continuó dando tumbos en reivindicar y desarrollar el diálogo social, fortaleciendo los espacios del tripartismo, y la actitud fue más de una acción defensiva sin sustancia política, ante las acciones del sindicalismo pro empresarial, venal y de grupos empresariales en la conferencia anual internacional de la OIT.
Se dieron importantes cambios en la ley laboral durante el actual período, ello a pesar de una asamblea legislativa contraria a la clase laboral del país, pudiendo ser más contundentes dichas reformas, si la propia cartera de trabajo hubiese acompañado con toda la energía que la cuestión de esta naturaleza requería, para el caso el problema de la atención de niños y centros de cuidados infantiles en las empresas—esto tiene a la base el incumplimiento de formas de equilibrio y armonización las relaciones familiares con el trabajo.
El fuero de maternidad que implica una defensa del puesto de trabajo para la mujer que regresa después de la licencia de maternidad y evitar la acción patronal de destituirla por la nueva situación familiar—sin embargo la demanda era por un año, pero sólo hubo fuerza social, sin acompañamiento de los personeros de trabajo que pudieron garantizar mejores derechos.
El artículo 42 constitucional, manifiesta la obligatoriedad de las empresas de disponer de salas cunas y centros de cuidado para los niños(as) de las personas trabajadoras, pero no hubo una acción contundente para que este derecho fuera reivindicado—el derecho por omisión ha sido una anomalía constante en la sociedad salvadoreña—y quienes han tenido las funciones y el rol dentro del marco de los derechos laborales, han dejado en el actual ciclo, una estela de poca confianza y apoyo a procesos de reforma más favorables para la clase trabajadora.
*Sindicalista salvadoreño
