El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional de un modo general y obligatorio, los Decretos Legislativos 762, 763 y 764, aprobados en la Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa realizada entre el 30 y el 31 de julio de 2014, es decir luego de casi 4 años de vigencia.
El argumento fundamental para declarar la inconstitucionalidad es la supuesta falta de deliberación interna en la Asamblea, aspecto que sólo es un ardid jurídico o “leguleyada” como se dice popularmente para justificar una decisión política que beneficia directamente a los grandes capitalistas del país y a los grandes medios de comunicación escritos de derecha del país. Nos preguntamos ¿por qué no se aplica este mismo criterio al decreto de la dolarización, en el que en efecto no hubo ninguna deliberación? Bueno la respuesta es obvia la dolarización es de beneficio para los grandes capitalistas.
El decreto 762, reformó la Ley de Impuesto Sobre la Renta en el sentido de que medios de comunicación escritos exonerados de pagar impuestos, comenzaran a pagarlos tal como lo hacen los otros medios de comunicación, sin que ello afecte la libertad de expresión que garantiza nuestra Constitución. Los grandes periódicos del país tienen utilidades anuales millonarias, tanto es así que a partir del 2019, año en que entrará en vigencia los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, el Estado dejará de percibir al menos 15 millones de dólares que ahora, por beneplácito de los cuatro magistrados de la Sala, quedarán en poder de los propietarios de dichos medios, sin que ello implique beneficios para la población.
El decreto 763, introdujo una reforma al Código Tributario que permite al Ministerio de Hacienda publicar la lista de personas naturales y jurídicas que le deben impuestos al Estado, que en total supera una deuda de 500 millones cada año. De esta forma nos enteramos que grandes empresas como Simán, TCS y Autofácil, entre otras, tenían atrasos en el pago de impuestos, que a estas alturas posiblemente ya solventaron. Con la declaratoria de inconstitucionalidad los 4 magistrados le hacen el favor a los morosos para que nadie se entere de falta de contribución y tranquilos incumplan lo que los asalariados cumplimos fielmente cada vez que recibimos nuestro sueldo del mes.
Mediante el decreto 764 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, que establece un impuesto del 0.25 por ciento a las transacciones bancarias arriba de mil dólares, exceptuando el pago de salarios, pensiones y remesas. La mayor carga la tienen los grandes capitalistas que movilizan millones de dólares, ahora por el favor de los 4 magistrados a partir de enero del 2019 el Estado dejará de percibir cerca de 90 millones de dólares que ya no se utilizarán en función de la inversión social y pública sino que aumentarán la utilidad de los millonarios del país. De esta manera los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se despiden con evidentes favores a la clase económicamente dominante. Que el pueblo juzgue su actuar antipopular.
