Mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
Lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigentecuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen «pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)».
