Idhuca pide remoción del juez que desalojó habitantes de El Espino
Walter Raudales
En la Finca El Espino hay de de todo: ricos y pobres, mansiones en residenciales de ensueño y marginales a ojos vista como La Cuchilla y la recién desalojada (con lujo de atropello) Comunidad El Espino. Centros comerciales de primer mundo y alcantarillas de tercero, la quebrada el Piru con toda su porquería circunda y baña los alrededores. Hay también templos mormones y del Saber como la Universidad Dr. José Matías Delgado, cuyo terrenos le fueron donados a discreción por los gobiernos de Armando Calderón Sol y luego en tiempos de Antonio Saca siguió el reparto. De El Espino hicieron una piñata que no alcanzó para los pobres.
El pulmón de San Salvador fue sangrado lentamente. Con avenidas, construcciónes y parques. De ahí los pobres fueron expulsados. Los últimos fueron desalojados la semana pasada. ¡¡¡Qué rabia!!!
Esta finca que quedó en manos de los trabajdores luego de la reforma agraria de los tiempos de Duarte, que limitó los latifundios a no más de 425 hectáreas, fue administrada por una cooperativa que luego fue dividida, corrompida, amenzada, perseguida y terminó perdiendo casi todo. Ahora hasta el casco de la finca está embargado. El Desalojo fue sistémico y sistemático, todas las estructuras del Estado desde el Judicial pasando por el Ejecutivo y Legislativo pasando por diferentes administraciones participaron en el saqueo. La historia es larga y cruel. Algunos que lograron sobrevivir, colonos, hijos, nietos, parientes de los antiguos trabajadores beneficiados, aferrados a la vida sobrevivieron los embates diversos. Pero la embestida del juez Palma Trejo es impresentable.
Piden remoción del juez
Indignados contra el sistema judicial, representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), presentaron esta semana una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, contra el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, por la forma en que realizó el procedimiento judicial de desalojo en la Comunidad El Espino. En la denuncia exigen la destitución de cargo del Juez José Antonio Palma Trejo, ya que incumplió sus deberes de respeto a las personas y de actuar con el debido cuidado, eficiencia y responsabilidad y que, además, desempeñó su cargo con ineptitud e ineficiencia manifiestas en los artículos 22 literal d y g, y 55 literal b Ley de la Cámara Judicial.
“Pido una vez más la destitución del juez Palma Trejo, por las violaciones a los derechos humanos de la población y las violaciones hechas a los defensores de los derechos humanos, en este segundo caso se impidió a profesionales como psicólogos, periodistas y defensores de derechos humanos el ingreso para acompañar a las familias desalojadas”, expresó el director de Idhuca, José María Tojeira. En cuanto a los derechos violados a las familias desalojadas están el derecho a una vivienda, derecho a una vida sin peligro y vulnerabilidad, derecho a tener defensores legales, derecho a manifestarse públicamente debido a que en un determinado tiempo negaron el acceso a medios de comunicación, entre otros, señaló Tojeira.
En resumen, las decisiones y actuaciones del juez por la cual piden su remoción son: como funcionario judicial, es parte del Estado y por ello no podía desatender lo que la Sala de lo Constitucional declare contundentemente en Ia sentencia definitiva del Proceso de Amparo Número 340-2015: «tomando en consideración que en el cantón El Espino reside un número considerable de familias de escasos recursos, entre las que se encuentran menores de edad, mujeres y adultos mayores, […] corresponde al Estado velar por los intereses de los grupos vulnerables, así como garantizar a las personas vivir en condiciones dignas (art. I de la Cn)». Como funcionario estatal no debió desconocer esta obligación constitucional; previamente, al menos, debió exigir su cumplimiento y/o verificación a la autoridad competente.
Que, en consecuencia, el juez ejecutó el desalojo sin realizar un juicio de ponderación frente a la colisión de derechos constitucionales que tenía lugar, inclinándose solo a favor de la devolución del terreno. Esto puso en riesgo y vulnero los derechos a la vida, integridad, salud, seguridad y propiedad, de las familias desalojadas. Como juez no debió obviar su obligación de velar por el respeto de la Constitución y los derechos que esta contiene, principalmente a favor de aquellos grupos vulnerables que se encuentran dentro de estas familias (arts. 1, 2, 172 inc. 3 y 185 Cn).
El juez fue negligente al no verificar, por ejemplo, si las familias necesitaban sacar sus propiedades antes de ordenar la destrucción de las casas; esto también fue una violación a la integridad de las familias.
