Categoría: Editorial

Sustentase la reelección presidencial, en tres ficciones: su legalidad, la aceptación popular y el sistema electoral imparcial: para que esto funcione, es necesario la participación en las elecciones, de actores diferentes al oficialismo, logrando así, su legitimidad, producto de la quieta y pacífica continuidad del Gobierno en la función pública.

Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Es ficción, simulación de la realidad, presentando al receptor, un mundo imaginario. Por lo cual la ficción de legalidad, se deriva de la interpretación errónea o falsa, de la resolución sobre pérdida de derechos de ciudadanía: bajo referencia, PDC 01-2021 iniciado contra la Sra. Nancy Marichel Días de Martínez, en base al Artículo 75, ordinal 4. Cn.

En dicha resolución, la presente Sala de lo Constitucional, reconoce un quiebre Constitucional, con respecto a la Sala anterior (depuesta por la Asamblea Legislativa) y que la Constitución, puede ser modificada, de acuerdo a la Jurisprudencia de la Sala, porque ésta, posee capacidad de interpretación, en sentido positivo, o sea, de reformar la Constitución por interpretación (jurisprudencia, según la Sala) y, ordenar nuevas disposiciones: lo que sería un exceso en su función: interpretar la Constitución, en sentido negativo o sea, señalar el límite al que pueden llegar el Estado o, un particular.

Sin embargo, la Sala se refirió al tema de la reelección, en un sentido tangencial y “Ultra petitia” pues solo sugirió (en su razonamiento), que la situación del Presidente, podría ser similar a la de otro funcionario, por lo que si renuncia a su cargo, con anterioridad, no ve problema para su inscripción como candidato: no se razona, que el Presidente, posee una parte del “imperium” del Estado y, es cabeza de un Órgano, mientras que cualquier otro funcionario de elección popular, posee únicamente, la “potestas”, lo cual implica una diferencia muy clara, que ha sido principio del constitucionalismo salvadoreño, desde nuestra separación de la República Mayor de Centroamérica.

El Régimen de Excepción, no permite las manifestaciones públicas, contra los funcionarios de hecho o, las arbitrariedades del Ejecutivo, pues serían tomadas como alteración del orden público: así son mínimas las expresiones de protesta, pero la insatisfacción social, crea un malestar oculto, que se manifiesta, con la emigración constante, por falta de condiciones de vida favorables. La política y economía, reflejanse, en una sola entidad: la vida cotidiana, por lo que, a menos condiciones económicas favorables, mayor represión política y a mejores condiciones económicas, más amplia libertad económica, que ha sido el secreto de la fortaleza de las mayores economías en Occidente.

La Sentencia de la Sala de lo Constitucional, antes relacionada, tiene efectos concretos y limitados, pero se le ha querido dar a su parte argumentativa, fuerza de ley o, de sentencia, lo cual es un engaño. La aceptación general, es también un engaño, pues si verdad fuese, sería innecesario, que más de tres mil quinientos troles en el extranjero, se dedicasen a una propaganda constante, e innecesario el espionaje, en una suspensión de garantías. El oficialismo cuenta con que el desgaste de sus autoridades municipales, estimule a candidatos distintos, en áreas locales, para que hagan funcionar el aparato eleccionario, y así, legitimar la reelección.

Se plantea el problema siguiente: se derrota electoralmente al oficialismo, mediante la unidad de la oposición o, se equiparará la oportunidad electoral, antes de la elección, para que la población elija realmente, su destino: ambos caminos son excluyentes entre sí.

El oficialismo, estimula la fragmentación de la oposición, pues así obtiene mayoría y su poder factico, se multiplica. La denuncia de la dictadura y, el rechazo a un sistema electoral manipulado, son las únicas vías, contra el autoritarismo.

Con la introducción del bitcoin como “moneda” de curso legal en el país, el gobierno adelantó tres promesas: democratización, inclusión e inversión en materia financiera. De entonces a la fecha y de acuerdo al BCR, las remesas transferidas por la diáspora hacia nuestro país giran en torno a los $1, 100, 000, 000. 00.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

De estos apenas 1,6% habrían sido transferidos mediante el bitcoin de acuerdo a la misma fuente.

La población, cuando el gobierno anunció la transferencia por intermedio de la chivo wallet, de $30. 00 a manera de estímulo, sustrajo tal cantidad para luego dejar en abandono total esa cripto cuenta.

Las irregularidades que se denunciaron, como la sustracción del dinero a través de prestanombres y suplantaciones, nunca fueron investigadas por lo que esa erogación ilegítima ha quedado impune.
Toda la infraestructura montada, red de casetas, equipos y tecnología cuyo valor no ha sido develado, al que debemos sumar los equipos humanos que le dan, o dieron, soporte técnico además de aquel que promovió su uso, han caído en desuso a apenas un año de iniciado el proyecto, y la inversión que este supuso debemos comprenderla como una pérdida total.

El gobierno habría comprado alrededor de 1540 BTC, por un monto aproximado de $450, 000, 000. 00, los cuales asegura se encuentran bajo buen recaudo, es decir, conserva lo invertido en el criptoactivo y no habría sufrido la pérdida que la dinámica de criptos ha impuesto al BTC desde el año pasado, algo más del 46%, de acuerdo a CRYPTO.COM.

Sin embargo y contradictoriamente, también alega el gobierno que el hospital de mascotas es producto de la comercialización de esta.

Apenas y en los tres primeros meses desde su introducción en el país, sin duda por la novedad, el 16% de las transacciones comerciales se realizaron de acuerdo al BCR con el BTC, cifra que de entonces a la fecha ha ido disminuyendo hasta algo menos del 2%, a pesar de lo invertido y de los estímulos aplicados desde el gobierno para extender su uso.

Al desoír el régimen las diferentes advertencias hechas por los organismos multilaterales financieros en torno a su uso como moneda de curso legal, el gobierno ha cerrado las puertas a nuevos arreglos con estos, lo que es patente en las largas y penosas conversaciones que este tiene con aquellos para adquirir créditos que refresquen nuestra deteriorada economía.

La población a pesar de sus límites comprende que esta no es una moneda, es un criptoactivo, un bien especulativo carente de ningún respaldo que supone riesgos que el mercado evidencia y hace patentes.

A un año de iniciada la propuesta esta no atrajo ninguna inversión, alejando a los potenciales inversores por el riesgo en el que ha caído el país debido a lo volátil que se ha vuelto nuestra economía.

La DEA reseña a nuestro país por el aumento de lavado de activos del crimen organizado, principalmente el narco, desde la introducción de la BTC en el país.

Qué más decir: un fracaso total.

*Educador salvadoreño

Antes de iniciarse el conflicto armado que asolo nuestro país en los años 80’s, agentes del estado bajo la protección de éste materializaron el secuestro, tortura, violencia sexual y desaparición física de hasta 22, 000 ciudadanos salvadoreños, quienes, por razones políticas fueron sometidos a este género ilegal de violencia estatal.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

El secuestro y desaparición material de una persona no solo es la desaparición de esa persona, implica violar el tejido mismo de la institucionalidad del estado, de la comunidad, de la familia, del patrimonio, del sujeto afectado, de su entorno, de la vida misma, pues constituye un delito pluriofensivo, dadas las implicaciones nocivas que tiene para con todo y con todos en sociedad.

Responsable es el estado, pues son sus agentes los ejecutores materiales de estos crímenes, pero también y en el rango de cómplices lo son las clases pudientes y dominantes, quienes se constituyen como los financistas que aprueban además los objetivos que serán alanceados.

El colmo del grado de impunidad del que gozaron entonces era tal, que D’aubuisson, ex mayor del ejército, ideólogo de derecha, fundador del partido Arena como de los tenebrosos escuadrones de la muerte, advertía descaradamente desde la televisión los viernes a las futuras víctimas por nombre y apellido lo que les sucedería, describiendo además el lugar de tránsito cotidiano en el que se lo desaparecería.

Esto porque en los años 70’s y 80’s, período en el que esta práctica se profundiza cuando con lujo de barbarie los hechores, elementos de los llamados S2 de la GN, PN, PH como de la FFAA, sustraían a sus víctimas públicamente, en el afán de transmitir el tormentoso mensaje de «…te puede pasar también…” a los testigos casuales del hecho, para luego someter al raptado a los más brutales vejámenes, que incluían rotura de huesos, desfiguración, desmembramientos, despellejamiento, etcétera, para ser finalmente distribuidas sus partes en las ciudades del interior a la vista de todos, o simplemente lanzados al campo de lava del volcán de San Salvador, hacia donde se dirigían las familias y allegados en su busca.

Aún ahora y con alguna paciencia, pueden ser encontrados restos humanos ahí; por otro lado, las prácticas de aquellos criminales se siguen ejecutando en la barbárica emulación que sufren los desaparecidos ahora, en el marco de la violencia social que nos aflige.

El factor común: la impunidad desde el estado, porque responde a una política de estado establecido y perpetuado, lo que implica un marco ideológico que lo sustenta, pero además cultural, que es el conservadurismo duro.

Ahora, todos sabemos que sucedió, pues el estado salvadoreño ha sido condenado por ello en múltiples ocasiones, y, sin embargo, lo niega, pues aceptarlo abre la puerta a multitud de reclamos, que entre otros supone indemnizaciones.

Pero además sigue sucediendo, pues es probado que agentes estatales continúan esta práctica, así como la tortura y el asesinato, lo que se agrava en la medida que la población naturaliza tales aberraciones.

La historia tiene un único dictamen para ello: un ciclo sin fin de violencia.

*Educador salvadoreño

Esta figura se incorpora legalmente allá en los albores del siglo 19, concretamente en 1809, en Suecia, para calificar a quién fungía como “escrutador del estado», controlando los excesos, recordando de continúo obligaciones y responsabilidades, además de señalar públicamente cualquier abuso que se cometiera.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Rápidamente evolucionó conforme se incorporó a otras estructuras constitucionales europeas, como la finesa y la danesa, ya adentrado el siglo XX, incorporando funciones claramente identificables entonces en el papel de defensor del pueblo.

Los crímenes de lesa humanidad de ese período, cometidos con lujo de barbarie por regímenes populistas y pan nacionalistas, manifiesto en las persecuciones a minorías étnicas, religiosas, raciales y políticas, dieron paso a la constitución de quién ahora es definido como defensor de los Derechos Humanos, conocido en nuestro país como Procurador de DD.HH.

En nuestra América, la figura de Fray Bartolomé de las Casas constituye por su valiente papel en la defensa de la vida y dignidad de los pueblos originarios, un ejemplo histórico meritorio del papel inclaudicable de quién en desiguales condiciones y despreciando la propia seguridad, defiende el derecho de los desposeídos y huérfanos de justicia.

Entonces, la relevancia de esta figura se desprende del papel constitucional que se le otorga en su rol de defensor de quienes ausentes de representación, están sujetos al arbitrio y capricho de regímenes autoritarios y militaristas, siempre dispuestos a demostrar su valor arrollando a quienes menosprecian por el color de su piel, creencias, origen, y están por supuesto, totalmente desarmados.

Recordemos para el caso cómo el régimen de los Menéndez impulsó la creación del parque cafetalero, desmontando en 1881, por decreto, las tierras ejidales, legadas por Carlos V, «…para conservar usos y costumbres, de los originarios…», denotando su sabiduría, manifiesta en el respeto tanto de la identidad indígena, como de sus tierras ancestrales.

Al respetar a estos pueblos, aquel monarca no sólo registró su impronta en la historia, también aseguró la admiración de sus detractores.
En cuanto a la reforma impulsada por los Menéndez, solo benefició a apenas unas cuantas familias, a las que enriqueció inmensamente parasitando del estado, lanzando a la calle a algo más del 72% de la población de entonces, así como sembrando la semilla de los sucesivos conflictos civiles que han asolado a nuestro país desde aquellos días.

Entonces, toda la sangre ciudadana derramada por el estado salvadoreño y sus agentes depende de ese solo particular hecho, que se ha perpetuado profundizando las condiciones de desigualdad, que aseguran el conflicto sin fin que nos aflige a los salvadoreños.

Entonces, la figura del Procurador heredada de los acuerdos de paz, independiente y desligada de un estado corrompido como nunca, debe desplegar su deber de crítico observador, empleándose a fondo para contener al régimen responsable, denunciando sus excesos y en el propósito último de recuperar el camino perdido.

Como nunca debe el Ombudsman salvadoreño ser independiente y probo, y no otro más de los agentes de un estado fallido como el que padecemos.

*Educador salvadoreño

Es la desinformación un mecanismo utilizado ampliamente como herramienta para promover falsedades, logrando así la ventaja maquiavélica del que, detrás de bastidores, ha urdido el lance para lograr ventajas.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Es por definición, un recurso malicioso, perverso, pues es en esencia una mentira, dado que ha intencionadamente tergiversado un hecho de tal relevancia que afecta a muchos, derivando en consecuencia su mayor logro: la equivocación.

Con ella, los afectados carecen del trazado de un curso correcto a seguir, lo que brinda al responsable del engaño, el tiempo que necesita para mejor posicionarse en relación a éstos, manipulándolos a través de la burla.

En tal sentido el saber reconocer la desinformación es esencial para poder actuar en correspondencia, evitando dejarse burlar por el tramposo, para lo que hay sencillas reglas a seguir.

Primero no podemos dejar de aceptar una información que nos implique de algún modo, aunque sospechemos que no es verás, pero deberemos confirmar si lo es realmente.

En tal sentido no podemos aceptar una única fuente de información por razones obvias: la importancia de la tal información es de relevancia y en particular si nos afecta a muchos, por lo que deberemos confirmar su veracidad contrastándola con otras fuentes, incluso mejor si son opuestas, para así verificar si los hechos han sido debidamente cubiertos y confirmados precisamente por el valor de ésta, por fuentes probadamente confiables por lo veraces que han sido en el pasado.

Esto nos lleva a la fuente original, en particular cuando esta es, por el contrario, probadamente dudosa, pues en el pasado ha difundido bulos sin problemas y con el ánimo de favorecer posiciones particulares, lo que acentúa su malicia, convirtiéndola sin ninguna duda, en una fuente claramente comprometida e interesada con particulares, descalificándose en términos de veracidad.

Entonces, en este punto cabe preguntar: ¿porque habría personas o instituciones interesadas en falsear los hechos?, ¿en tergiversar la verdad?, ¿qué fines los anima tan maliciosamente?
Los anima el ansia de poder y riqueza. Son así, personas sin brújula moral, que no dudará en manipular los recursos a su disposición para diseminar desinformación en su beneficio, con los fines descritos arriba y en menoscabo del interés público.

Ello implica que, en total desprecio a las prioridades capitales institucionales, desviarán recursos valiosos, en particular cuando estos no abundan, para primero generar la infraestructura física, contratando luego a un muy selecto equipo, carente de escrúpulos que generará el guion de la desinformación, concentrándose en retorcer lo más posible la verdad, para que no pueda reconocerse, sustituyéndola y presentando como tal su falsa versión, el bulo que han parido, para así promover la posición del que paga esta farsa, ante la confiada audiencia.

Entonces y en el caso de nuestra realidad, habiéndose comprobado el desvío de parte del régimen de masivos recursos al montaje de una red cuyo propósito único es el de alabarse, acaparando y manipulando el mercado informativo, presentando hechos sin verificar, sin fuente y sin respaldo de autor, tenemos ahí la ecuación generadora de farsas. Mantengámonos alertas.

*Educador salvadoreño

La conmoción social que provocara el asesinato de más de 62 salvadoreños, entre el 22 y 24 de marzo pasado, ejecutados por el terrorismo doméstico, reclamando al gobierno central el incumplimiento de lo pactado entre ambos por la colaboración comprada durante el proceso electivo pasado, dio paso al establecimiento del estado de excepción vigente hasta ahora.

Luis Arnoldo Colato Hernández*

Del ello modo podemos inferir varias lecciones, por ejemplo, que el combate a estas aparentemente solo requiere voluntad política y, por extensión su existencia es tolerada porque responde a intereses político partidarios, pues por su intermedio se controla a las comunidades sin la necesidad de abordar ninguna problemática estructural, origen de las pandillas.

Un perverso círculo vicioso. 

Por otro lado, de acuerdo a los datos desprendidos del propio estado salvadoreño, las detenciones que a la fecha congestionan el sistema carcelario en un número que supera las 49, 000, a, de acuerdo al mismo gobierno, degenerado en 69 reclusos muertos en custodia, aparentemente por golpizas recibidas en los recintos carcelarios.

Pero lo primero; ¿dónde están los pandilleros responsables de los asesinatos de aquellas personas?

A la fecha se han presentado a 5 individuos vapuleados a la prensa, uno primero y después cuatro, de entre los cuales las autoridades policiales señalan como responsables a dos como partícipes de los asesinatos realizados en aquellas fechas.

En este punto debemos realizar una consideración: el estado de excepción se ha acompañado de un cierre informativo total hacia la población, por lo cual, y por siete años nadie puede demandar al estado ninguna información, solo aceptar sus afirmaciones.

Ello sin ninguna explicación, pero que podemos observar favorece el manejo arbitrario de recursos públicos, y que deja por otro lado, las muertes de detenidos bajo custodia en un limbo, estimulando así la arbitrariedad a la vez que se fomenta la impunidad.

Por otro lado, podemos inferir que las cifras ofrecidas por el estado, que no podemos corroborar, pueden no ser las que afirma, pues podemos calcular que semejante número de detenciones ya habría dado lugar a motines carcelarios por las condiciones de hacinamiento y la violencia que aparentemente, los custodios ahora aplican sin reparo a la población detenida.

Esta inferencia deriva del hecho de que esta administración es la cleptocracia mitómana más mediatizada del continente, gustando de afirmaciones tales como “el sistema de salud salvadoreño es el mejor”, sin que la funcionaria que afirma tal bulo haya jamás en su condición de privilegiada, puesto un pie en alguna de las instalaciones de salud pública nacional, atendiendo ahí su salud con los límites que el aparato político impone al de salud pública intencionalmente para favorecer al privado.

Podemos entonces afirmar que no hay interés por individualizar a los homicidas en cuestión, vertiendo preferible y mediáticamente los recursos en los atarrayasos represivos que vemos, y que, dejan además un porcentaje cada vez mayor de personas detenidas sin que estén relacionadas con el hampa, y sean reprimidas por ser pobres y jóvenes.

Así las cosas, seguiremos padeciendo esta errada política de improvisación, intolerancia y exclusión.

*Educador salvadoreño

Cada año el PNUD realiza una medición en 188 naciones, nuestro país incluido, para así determinar si el nivel de vida de las personas, entiéndase la calidad de vida, es mejor, se ha estancado o, en el peor de los casos, se ha desmejorado.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Nuestro país se encuentra desde hace años en el puesto 124.

Los aspectos que este organismo revisa son los relativos a la salud, la educación y lo social en general, tendiendo a considerar si lo invertido se sujeta a una agenda programática sustentable, correspondiéndose con el interés mayor de los aspectos reseñados.

En tales términos esperar que de repente nuestra posición cambie de la actual a una más próxima a los primeros lugares es simplemente improbable, dadas las condiciones históricas, sociopolíticas y económicas imperantes, y, sin embargo, si es posible aspirar a mejorar las condiciones de la población de manera sostenida en el tiempo, supeditándonos a un proyecto de desarrollo humano sostenible.

Consideremos por ejemplo a naciones como Finlandia, que a principios del siglo pasado tenía uno de los peores índices de vida europeo, pero que asumió el desafío de superarlo, ostentando ahora uno de los niveles de vida más desarrollados y de vanguardia de Europa, en razón de los compromisos que asumió hace todo ese tiempo; o el caso del Japón, que como sabemos quedara devastado luego de la segunda guerra mundial y sometido al arbitrio internacional por la misma causa, y que sin embargo es ahora a pesar de sus dificultades, uno de los motores de la economía mundial.

¿Qué entonces se debe hacer? 

Se debe justamente fortalecer invirtiendo en aquellos aspectos que son evaluados por las NU a través del PNUD, es decir, lo relativo a lo social, educación y salud, generando por extensión las políticas gubernamentales que promuevan las condiciones socio ambientales que estimulen y favorezcan en la ciudadanía el desarrollo pleno de su potencial, desmontando desde la institucionalidad todo obstáculo estructural y cultural, que impidan justamente la tal promoción de la ciudadanía.

¿Qué supone esto? 

Supone entre otros un cambio radical del paradigma del bien gobernar, que ahora gira en torno al proyecto adelantado desde la administración, que de regular responde a intereses de clase, y que se expresa, de acuerdo a este paradigma, en la facilitación o negación de la movilidad social, mediante el concurso de la institucionalidad promoviendo al ser humano, o en su defecto, impidiendo por todos los medios a su alcance, el progreso ciudadano.

La realidad en nuestro medio es justamente esta última, y se manifiesta en el presente, por ejemplo, en el dramático abandono por razones políticas, de los programas sociales que antes fueran sinónimo de inclusión en nuestro país, entre los cuales podemos citar Ciudad Mujer o el Vaso de Leche, como otros más.

Lo cierto es que, de no colocar al ser humano como centro del quehacer estatal, esa realidad solo tenderá a agravarse, por lo que la clave es privilegiar a las personas, promoviéndolas, educándolas, atendiendo su salud, pero, sobre todo, incluyéndolas.

*Educador salvadoreño

Antes que nada, sería injusto inferir que la actual PNC es producto del actual momento, sino consecuencia de la acumulación intencionada de malas decisiones que administración tras administración han ido sumándose.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Fue la PNC una de las entidades surgidas de los acuerdos de paz, cuyo propósito originario es la manutención del orden social como la persecución y represión del delito a través de medidas y técnicas de punta, garante del respeto a los DDHH como de que jamás, la corrupción y descomposición moral, firma de un estado fallido, fueran de nuevo su signo identitario.
Se la constituye para sustituir a los anteriores cuerpos de seguridad, cuyo historial puede resumirse así: criminales.

Esto era porque eran una extensión intencionadamente ineficaz de un estado militarista, corrupto, atrasado y medieval, con una estructura administrativa que sólo respondía a los intereses de los varones oligárquicos, cuyos caprichos el estado siempre atendió solicitó.

En tal escenario, los que entonces cumplían la función de cuerpos de seguridad tenían una única función: intimidar de la población, manteniéndola férreamente reprimida junto a los otros entes armados estatales.

Tal escenario promovió su desviación lo que impuso la necesidad al final del conflicto armado de crear un nuevo cuerpo de seguridad, característicamente civil y sujeto al orden constitucional, para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, desde su nacimiento la PNC estuvo bajo el ataque de las fuerzas más oscurantistas del viejo orden, negando por ejemplo su naturaleza civil, al sumarle intencionalmente elementos de las fuerzas enfrentadas durante el conflicto armado.

A ello debemos añadir como durante las administraciones Calderón y Flores se le impuso una dirección crasamente militar y consecuentemente ideologizada, con la intención de corromperla, negando por vez primera los ascensos a los elementos de carrera, y derivándolos a los elementos militares que se añadieron a la organización. A esto le siguió el trasladar las funciones de seguridad más puras y de manera gradual, al ejército, con la excusa de haber sido superada por el hampa cuando en realidad se le impedía el cumplimiento de su tarea constitucional.

Tampoco se la actualizó en su inventario de equipo, y solo gozó su profesionalización a nivel tanto administrativo como formativo el decenio pasado, cuando se la reorganizó a un nivel de academia para conservar su naturaleza civil, mientras en la calle continuaba su descomposición al mezclarla con militares para así ejecutar su misión.

En consecuencia, la PNC se la ha descompuesto intencionadamente, resurgiendo por ejemplo los escuadrones en su interior, la corrupción en su proceder, reduciéndose en la actual administración, a apenas una represora que acierta por casualidad con los responsables de algún que otro delito menor.

Eso no es casual pues se corresponde con la necesidad de que no cumpla sus funciones constitucionales, al igual que tampoco las cumple el aparato judicial o el educativo, y con el solo propósito de que se garantice la impunidad de las élites, y consecuentemente, la no resolución de los graves desafíos que impone la injusticia, la exclusión y la inequidad social.

*Educador salvadoreño

No. Ahí la respuesta corta.

Luis Arnoldo Colato Hernández*

Para analogar podemos preguntarnos: ¿se acabó el fascismo al final de la segunda guerra mundial? No.

Se recompuso en el denominado neofascismo y su expresión menos incómoda, el neoliberalismo. Así las cosas, la campaña emprendida por el gobierno salvadoreño supuestamente dirigida a desmontar las pandillas, en sus propias palabras y con sus propias cuentas, pronto concluirían, puesto que la mayoría de pandilleros ha sido refundido en el sistema carcelario.

Esto porque de acuerdo a las cifras del GOES la totalidad de elementos que constituye a estas estructuras es de 90, 0000, lo que implica que habiéndose detenido algo más de 56, 000, al ritmo presente, en breve se podrá cantar victoria.

Por supuesto debemos al menos suponer, que las cifras manejadas adolecen de hierros capitales, como el que no todos los detenidos son miembros activos de las tales pandillas, admitiendo el mismo ejecutivo que algo más del 1% de las detenciones pueden probablemente ser equivocadas, pues se realizaron por su apariencia, léxico, espacio de circulación y no por causales jurídicas, pero además porque no hay referente que nos permita contrastarlas, ni medios para comprobarlas.

Empero y de acuerdo a las cifras implicadas como a las variables en sí mismas, un porcentaje más acertado en términos estadísticos es el del 10% de detenciones equivocadas, misma que sin duda se incrementará de acuerdo a las diferentes circunstancias implicadas en cada detención, y suponiendo que se revisará jurídicamente de forma apropiada cada una.

Como sea, es el caso que cuando finalmente de acuerdo a lo prometido por los diferentes elementos gubernamentales que se han pronunciado al respecto, finalmente, se haya detenido hasta el último de los miembros activos de las criminales pandillas, ¿podrá verdaderamente el estado cantar victoria? No.

Simple y sencillamente No, porque el fenómeno pandilleril es una derivación de un mal intrínsecamente estructural, que tampoco ha sido abordado multidisciplinariamente, por lo que la persecución y eliminación de la pandilla como estructura visible físicamente no constituye su final, sino su ocultación, puesto que las causales de su existencia, entiéndase los patógenos sociales que la causan, es decir la injusticia, la exclusión y la marginación sociales, siguen existiendo, y de hecho se han profundizado, en consecuencia, solo mutaran constituyéndose siempre en una expresión del repudio al modelo que a su vez los repudia, en razón de su origen, en un círculo perverso del que apenas es el 1% de la población elitista la única ganadora: siempre a expensas de la desgracia ajena.

Entonces y ya próxima la celebración, deberemos por un lado plantearnos cómo abordar la recuperación de estos miles de detenidos, para reformarlos y reconvertirlos como ciudadanos útiles, para que cuando sean liberados no constituyan una nueva amenaza o carga social, y sean de provecho para sí mismos como para el resto de la sociedad.

También y ya con seriedad, deberemos abordar las causales sociales que los forjó, desactivarlas y de paso abrir a nuestra sociedad para que todos y todas quepamos.

Interesante tarea, ¿no?

*Educador salvadoreño.

El final del último conflicto armado entre otros y como producto de la negociación de los enfrentados, supuso ordenar la casa, asignando un rol específico a cada uno de los actores partícipes, y en el propósito de que en el futuro no volviera la institucionalidad, a corromperse.

Por: Luis Arnoldo Colato*

Así las cosas, al estamento militar se le asignó el rol que ya le establece la constitución: salvaguardar la integridad territorial.

Simple y directo.

¿Por qué?
Porque al asumir en el pasado otros roles, como por ejemplo el de administrador del estado luego de los respectivos y cruentos golpes de estado, no solo lo hizo siempre mal, también aseguro la perpetuación de condiciones de corrupción, injusticia, intolerancia e inseguridad generalizadas.

Esto se puede confirmar en las diferentes delaciones que múltiples autores han recogido sobre su papel como jugador activo, que ha desempeñado a través de la historia de nuestro país. Tampoco podemos dejar de reseñar lo que ello ha implicado para el desarrollo de nuestra economía, siempre favoreciendo a las élites y en consecuencia promoviendo el atraso y subdesarrollo a través de desfavorecer, expoliar, reprimir, explotar y abandonar a las grandes mayorías, lo que transformó a nuestro país en el más desigual de las Américas, y consecuentemente, el más violento (BM, FMI, BID).

Sin embargo, es el caso que luego de finalizado el último conflicto civil armado, aunque no entregó a los perpetradores de las masacres y demás crímenes en los que se viera implicada la entidad armada, algo más del 96% de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad (NU), contribuyendo así y profundizando la impunidad por elusión, lo cierto es que se redujo a cumplir el rol que se le asignará en aquellas negociaciones, lo que se tradujo en mejorar su prestigio.

Es el punto empero que, para continuar padeciendo la violencia que nos aflige, la historia así lo apunta, solo debemos evadir abordar la multicausalidad que la provoca perpetuando precisamente entre otros, la violencia social que padecemos, por lo que admitir que los actores activos se desmarquen de su rol constitucional, sencillamente favorece perpetuar esas condiciones, reduciéndonos a ser sujetos de la violencia que nos azota y que aparentemente la milicia controla.

Vaya contradicción.

La corrección implica apartar a quienes solo han profundizado las causas de la violencia estructural, siendo la primera la entidad armada, a la que, de no finiquitar por ser anacrónica e ineficiente, suponiendo un gasto que la República no puede ya asumir pues sus prioridades suponen su supervivencia de cara al futuro, deberá aquella finalmente someterse al poder constitucional y civil, renegando públicamente de su pasado corrupto y criminal, así como renunciando a su complicidad y asocio con las élites que la corrompieron para asegurar los privilegios de aquellas y la perpetuación de las condiciones de desigualdad que como sociedad padecemos.

Entonces, concordemos, la opción militar, la historia lo confirma, no ha sido correcta para abordar el tema de inseguridad social, que debe suponer una represión proporcional, acompañada del debido abordaje y trato multicausal.

*Educador salvadoreño

Educación, junto a salud pública siempre han sido las obligaciones estatales menos priorizadas a través del tiempo, lo que no es casual pues se corresponde con intereses económico ideológicos.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Así para el caso, el que nos encontremos en permanente reforma educativa desde hace 35 años no es azaroso, sino el intento mediante el recurso educativo, de imponer la ideología de derecha a través de la conservación del modelo bancario memorista, con todos los males que esto supone, que van desde la incapacidad de interpretar o comprender de parte del educando, hasta los límites sistémicos que niegan la capacidad de emitir juicios de valor, impidiendo por esa vía que estos se transformen en ciudadanos críticos y proactivos.

También de manera lamentable se aplica a las gestiones de izquierda que no fueron más allá de apenas remiendos superficiales del modelo educativo vigente, que no transformaron de ningún modo al tal y tampoco tuvieron efecto a largo plazo.

Ahora bien, sumemos a ello el que el gremio magisterial ha envejecido, con una edad promedio de 50 años, con 2 turnos laborales ejercidos, pero con casos extremos de docentes que laboran hasta 4 turnos incluyendo el fin de semana para así completar sus obligaciones económicas, habiendo cumplido entre 24 y 30 años de servicio laboral, y superado el límite de la edad para ejercer [Hasta los 60 en el caso de los docentes varones y 55 en el caso de las docentes féminas], pero que resisten a retirarse porque simplemente no hay perspectiva para ello dado que supone reducir sus ingresos a entre $240.00 a $300.00 de acuerdo a la ley vigente.

Por supuesto que se impone una reingeniería del sistema, pero una se entiende, que sea sostenible y que se proyecte en el tiempo, de acuerdo a las necesidades del soberano, la República y los recursos existentes.
Ante este escenario en cambio, el actual ministro en funciones propone el retiro de hasta 35,000 de los 47,000 docentes en ejercicio, sin haber habido la debida reforma del sistema de pensiones que les otorgaría un retiro digno, sustituyéndolos claro está, por elementos partidarios tal cual ha sucedido en el aparato judicial y se hace ahora mismo en el policial, corrompiéndolos en el proceso pues sólo responden a los intereses del caudillo y su círculo cercano.

En el caso de educación el fin último es el adoctrinamiento de las nuevas generaciones de educandos desde sus fases iniciales.

Sobre esto, la experiencia de estos 3 años nos ha dejado profundas y desagradables lecciones derivadas de la cooptación de los sistemas intervenidos, para luego incapacitarlos reduciéndolos a apenas mandaderos del régimen, con sugestiones tales como el que «son jueces corruptos» y “son policías corruptos”, mientras se los difama en sendas campañas desinformativas de desprestigio, cuando la evidencia apunta a precisamente lo opuesto, y en tal caso, ¿cómo calificará el régimen a los docentes que despida obligatoriamente?

La historia empero enseña que los regímenes que adoctrinan a la masa, terminan ahogados por ella, cuando estas despiertan de su paronimia.

*Educador salvadoreño

Las medidas de coerción social emprendidas por el estado, dos meses atrás y de cara al desenfreno del terrorismo con que campea impunemente, deben interpretarse en un marco un poco más amplio que el que supone el espacio de tiempo reseñado, y que implica aristas culturales, memoristas, y, sobre todo, económicas.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

La narrativa oficial intenta hacernos creer que se está ganando la contienda al hampa, pues los índices aparentemente así lo confirman: reducción del volumen de asesinatos y demás actividades asociadas al terrorismo.

Se impone empero una evaluación más exhaustiva. Si repasamos el tomo 2 de Historia de El Salvador nos encontraremos con que en los diferentes momentos de nuestra historia, esta parece repetirse, con niveles de violencia social desenfrenadas que en nada se diferencia a la que ahora padecemos.
¿Cuál es la diferencia con el presente? Pues de ningún modo el éxito gubernamental está más allá de lo esperado del estado, y que es controlar este fenómeno cuando se sale del huacal, que además sucediera también en los diferentes momentos reseñados de nuestra historia, en rangos de tiempo que van desde los 15 a los 40 años, y siempre precediendo un conflicto social en rango de guerra civil.

Ahí está la evidencia en nuestra historia, lo que implica que simplemente debemos revisar para comprender las causales.

Tenemos entonces tres problemas relacionados con esta: la ausencia de memoria, la carencia de la capacidad de emitir juicio de valor en torno a la evidencia, y, sobre todo, una constante de las causales del fenómeno arraigado en la superestructura social.

Los dos primeros problemas están asociados a la también ausencia de memoria histórica, asociada a la carencia de un modelo educativo integral e integrador que provoque ciudadanos conscientes, críticos y proactivos, porque tales amenazan a la superestructura.

El segundo está íntimamente asociado a la exclusión y la marginación social, ligados a lo inflexible del modelo económico heredado de la colonia, y que, con matices, se ha solamente actualizado en relación a sus necesidades en un mundo cambiante, caracterizado por ser inflexible, negándose a la movilidad social, reduciendo al estado a mero servidor de la élite, compuesta por apenas el 1% o menos de la población [BID/BM/FMI], lo que hace del resto, una maza que las más de las veces también se deja corromper por estos, permitiéndose ser objeto de sus intereses y en menoscabo de los propios.

Un ejemplo crudo es como la ultraderecha durante 20 años coopto desde el estado el imaginario público, convenciéndolo de que las privatizaciones eran fundamentales, enriqueciéndose como nunca mientras las mayorías se empobrecieron sin precedentes, logrando además como doble ganancia que la mitad de la población migrara ilegalmente a los EEUU para así sostener sus fracasos financieros mediante las remesas, fenómeno efectivo aún ahora.

Así las cosas y mientras las causales reales de la violencia no se atajen, simplemente seguirá reptando entre nosotros, sin que desaparezca y sí mute reclamando más y más vidas de salvadoreños.

Porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

*Educador salvadoreño

En general, la población aprueba el estado de excepción. Así lo refleja la última encuesta del Iudop, realizada entre el 22 de abril y el 7 de mayo, es decir, cuando la medida rondaba el mes de aplicación. A nivel nacional, el 78.7% de la población percibe que desde que el estado de excepción entró en vigencia, la delincuencia ha disminuido; un 14% cree que sigue igual.

En la zona rural, el porcentaje se eleva (81.5%) mientras disminuye en el área urbana (76.8%). La valoración positiva se expresa también en que 58 de cada 100 personas encuestadas creen que la medida es muy efectiva para recuperar los territorios y en que el 66.6% piensa que el país estará mejor si se extiende el estado de excepción. Sin duda, la mayor parte de la gente lo aprueba, como lo refleja la calificación de 7.99 que a nivel de nacional se le da a la medida de imponer el régimen.

Sin embargo, en los resultados de la encuesta hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población. Cuando se pregunta a la gente por la delincuencia en su lugar de residencia, las respuestas cambian significativamente.

Como se apuntó, el 78.7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43.6% cree que la delincuencia sigue igual que antes. Además, es significativo que si bien el 84.4% de las personas afirmó conocer que se aprobó el estado de excepción, más del 40% desconoce las garantías constitucionales que han sido suspendidas.

Es gente, pues, que desconoce que hoy ya no se necesita una orden judicial para capturar a alguien, que ningún capturado o capturada tiene derecho a un defensor, que las 72 horas de detención administrativa se han extendido a 15 días y que están anulados el derecho a reunión y la prohibición de escuchar comunicaciones privadas.

Tampoco la calificación que se le da al régimen de excepción es homogénea. Quienes mejor lo valoran viven en el área rural, tienen menor nivel de escolaridad, se informan menos o no conocen a nadie inocente que haya sido capturado. Los que peor lo califican son del área urbana, tienen mayor nivel educativo, se informan más o conocen a alguna persona que fue capturada y creen que es inocente. A nivel nacional, 17 de cada 100 personas (16.8%) dijeron conocer a una persona capturada sin que aparentemente tenga vínculos con las pandillas. Esta relación sube a 23 por cada 100 (22.8%) en el área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de la población, el 48.6%, está en desacuerdo con que las capturas se hagan sin orden judicial; el 46.4% está de acuerdo.

En la zona urbana, la gente tiende a ser más crítica que en el área rural. Por ejemplo, en el campo, el 17.9% de los encuestados cree que la delincuencia bajó porque así lo dicen los anuncios del Gobierno y porque es lo que publican los medios de comunicación. En la zona urbana, el 13.2% piensa así. Por otro lado, dos terceras parte de la población (66%) creen que el estado de excepción es una estrategia de seguridad gubernamental; para una cuarta parte (24.8%), el Gobierno lanzó la medida para mantener una buena imagen.

En el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje sube al 26.5%. A nivel nacional, son tres las principales razones que según la gente estuvieron detrás de la ola de homicidios de marzo: una respuesta de los pandilleros al plan de control territorial (33.8%), una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de las localidades (29.2%) y la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas (16.7%).

La investigación del Iudop se desarrolló antes de que el régimen de excepción causara las muchas reacciones de los familiares de los capturados, antes de que afuera de los centros penales se viviera una crisis humanitaria y antes de que se reconfirmara que el Gobierno ha tenido estos años un pacto con las pandillas. Aún queda tela por cortar.

Editorial UCA

La semana que recién concluye ha resultado reveladora en cuanto la confirmación de hechos que hasta entonces se manejaban como ciertos sólo en algunos círculos, y que es lo relativo a la confirmación de las negociaciones que el ejecutivo mantiene con los grupos terroristas.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Hay que acotar que una negociación con grupos criminales no es por principio indebido, inmoral o ilegal, siempre y cuando sea transparente, pública, y responda al interés de recuperarlos y socializarlos, reinstalándolos como entes productivos que asumen sus compromisos ante la sociedad y la ley.

Este sin embargo no es el caso. 

El propósito de las negociaciones con los grupos delictivos ha sido el de intercambiar beneficios: para el actual gobierno su apoyo en los espacios públicos que dominan los grupos terroristas, además del compromiso de reducir el número de asesinatos que cometen, mientras para estos, beneficios varios que van desde financiamiento de parte del estado a sus actividades hasta prebendas en los centros de internamiento.

Entonces, durante la semana que concluyó el sábado 21, un periódico digital hizo públicas las grabaciones de entrevistas hechas a dirigentes del grupo terrorista que más se ha castigado en el marco de la presente ola persecutoria, en la que llama la atención como el criminal justifica el asesinato al azar de las personas particulares que se escogieron para llamar la atención del gobierno por el supuesto incumplimiento de lo acordado por este, hace ya virtualmente dos meses.

En los audios empero no solo se destaca como estos individuos justifican los asesinatos, como lo hace un niño cuando se le niega un capricho; llama la atención además como aparentemente sus interlocutores gubernamentales se hacen cómplices de ello al acordar con estos la reducción de asesinatos en el objetivo ánimo de beneficiarse tanto electoralmente como por posicionarse por el mismo motivo positivamente ante la población, sin reparar jamás en lo que implica vender el alma al diablo.

Es decir; los tales audios no solo destacan por el hecho de que confirma en boca de los funcionarios negociadores, elementos de confianza de la presidencia, que el ejecutivo sabe de los compromisos adquiridos con el terrorismo doméstico, sino que además los promueve, lo que supone la complicidad de todo el circulo presidencial.

Las implicaciones son graves, pues se traiciona la confianza pública al negociar con quienes asesinan precisamente a la población con la que se busca congraciarse mediante una mentira, una falacia, sostenida mediante la compra de voluntades, precisamente de los criminales.

Sin embargo, esta no es la primera vez, pues antes el régimen se ha negado a enjuiciar a los asesinos del pueblo que visten uniforme militar, a quienes refugia mediante vergonzosos recursos, imponiéndose la cultura de la impunidad.

Como sea es el silencio presidencial, siempre presto a insultar como mínimo para responder a cualquiera de las acusaciones que antes se le hicieran, signo inequívoco del abrumador peso que supone estos audios, los cuales no constituyen evidencia en sí, pero sí implican la carga de una acusación que pareciera, no puede evadir.

*Educador salvadoreño.

“El mundo quiere ser engañado; por tanto, que se le engañe”, reza una vieja locución latina. La sentencia calza con lo que sucede en El Salvador desde hace algunos años. Pero más allá de caer en la tentación fácil de responsabilizar a la gente por creer en mentiras, hay que centrarse antes en quienes con premeditación y alevosía se aprovechan de las necesidades y buena voluntad de las personas para engañarlas.

En campaña electoral, muchos ciudadanos bajan la guardia y creen en promesas irrealizables. El problema se agrava cuando la confianza se mantiene en quienes ya en el Estado hacen lo contrario a lo que como candidatos ofrecieron y a lo que hoy predican.

Este cinismo que se ha apoderado de la política nacional va más allá de la simple hipocresía; se expresa como obscenidad descarada y falta total de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones condenables. Se engaña sin remordimiento ni pudor. Se condena los vicios de otros aunque estos se practiquen con creces. Se usa cualquier recurso dramático, retórico y mediático para construir puestas en escena que benefician los intereses del grupo en el poder. La grandeza, el honor, la decencia y el afecto son solo piezas de utilería en la farsa que se ha montado. Se usa la violencia y se violan derechos humanos argumentando que se lleva a cabo una obra de salvación.

Con firmeza y convicción se condena el nepotismo mientras este crece en los puestos de gobierno. La bandera de la anticorrupción sigue enarbolada mientras se oculta toda información sobre el uso de los recursos públicos y no se rinde cuentas. Se despotrica por la falta de democracia en tiempos pasados mientras se camina sin disimulo hacia el autoritarismo. Se llamó “mil veces malditos” a aquellos que antes pactaron con las pandillas mientras en las sombras se consolidaba un nuevo contubernio con ellas. Un cinismo de esta naturaleza no merece la confianza de nadie, salvo de aquellos que resultan beneficiados por la corrupción y el autoritarismo.

La situación de engaño es responsabilidad de quienes lo traman y lo escenifican, sí. Sin embargo, los engañados tienen parte de responsabilidad. Ante las evidencias contundentes, el que no ve es porque prefiere estar ciego. Como dice un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía”. Cuando despierte, esa segunda culpa abrirá los ojos a un país en ruinas.

La Democracia es por hoy el más reputado de los modelos de connivencia por sus virtudes, pues permite entre otros al ser humano como ente social desarrollar sus cualidades y aptitudes dentro de ella, sin ningún dejo represivo, y que es consecuencia de los fundamentales derechos que la mayoría habiendo crecido con ellos, da por sentado, pues ha olvidado sus costes.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Para contextualizar la afirmación de arriba, recordemos que apenas décadas atrás, enfrentamos el último conflicto de carácter civil para nuestra sociedad, promovido como siempre por las mismas causales históricas, y que están tan arraigadas a nuestra idiosincrasia, que las hemos naturalizado.

Así por ejemplo vemos como normal que se silencie a quien opina de manera distinta a lo dominante socialmente, lo que debemos traducir como la negación del derecho del que es disidente, a opinar, a expresarse, a compartir con otros su opinión, consecuentemente, a reunirse, a circular, etcétera; sumándose a esa cultura porque los demás lo hacen y para no ser aislado.

Es realmente penoso como vemos si aceptamos esto, como esa mezquina y perversa cultura se nos ha impuesto, y lo hemos permitido.

Sumemos a lo anterior la narrativa dominante que proyectan los medios, que proviene del aparato estatal mismo, y que responde a los intereses de sectores muy particulares cuyos representantes nos gobiernan.

Ahora la administración, haciéndose eco de esa cultura descrita arriba, una mera extensión de la política electoral, mediante diferentes ardides procura opacar u ocultar la opinión, cualquier opinión que se le oponga, y a través de sutiles medidas con ese propósito.

Pero ¿qué tal si los promotores de ese esquema se vuelcan a las medidas extremas practicadas en el pasado por los regímenes militares anteriores al conflicto armado reseñado, para silenciar a la oposición?

Estos haciendo lo que esté a su alcance tanto legalmente como irregularmente para cerrar los espacios que permitan a la oposición expresarse en iguales términos que el oficialismo, niegan así poder exponer su punto de vista en torno a si se administra o no de acuerdo a la legislación vigente.

¿Cómo?  Pues un medio es el que oferta el voraz mercado que padecemos, a través de la compra de los medios de comunicación existentes, para tamizar por orientación política, los espacios de difusión.

Otra medida, es impidiendo que pueda la oposición comprar en el espectro de difusión, encareciendo tanto la venta de las bandas, que sencillamente sea prohibitivo su acceso a ellas.

Así las cosas, la población sólo podrá acceder a la opinión de quién nos gobierna, y éste, hará lo que esté a su alcance para alienarla, sujetando su voluntad a la del régimen para así intentar perpetuarse en el poder.

Así, el estado se transforma en aquello que no ha de ser: un cártel, que hace a su antojo y la del líder mesiánico para con la población.

Tal no es ni puede aspirar a ser un estado libre y moderno, sino una finca atrasada en las que sus habitantes son sujetos de expolios.

¿Y los ciudadanos?

*Educador salvadoreño

En el marco de la actual campaña de limpieza social adelantada desde el gobierno, las detenciones alcanzaron de acuerdo a las autoridades de seguridad pública, algo más de 13, 000, de entre las cuales y en conferencia de prensa, el ejecutivo admitía hasta un 1% de detenciones injustas, es decir, personas que no son delincuentes perseguidos, lo que se traduce en alrededor de 1,300 personas detenidas arbitrariamente.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Asumamos esa cifra como cierta, lo que implica 1300 familias que sin haber sus miembros detenidos cometido ningún delito, se encuentran mezclados junto a la población carcelaria común y condenada, expuestas a las presiones de estos, y que por supuesto para sobrevivir, podrán vincularse en alguna medida con las estructuras delincuenciales.

Por supuesto esta especulación se corresponde a la cifra ofrecida por el propio presidente, quien, dicho sea de paso, no ofreció en aquella rueda de prensa ninguna solución a los afectados o a sus familias, como tampoco una disculpa por la equivocación cometida por las fuerzas de tarea, reduciéndose a citarlo como parte del discurso triunfalista por el supuesto éxito de la empresa.

Sin embargo, el descarnado ejemplo citado arriba no sólo evidencia lo equivocado del esquema adelantado para realizar capturas, pues las autoridades debieran ya poseer como parte de sus registros de inteligencia, identificados con precisión a los delincuentes, por simple economía pues no se capturan así inocentes equivocadamente identificados, y los agentes partícipes no se agotan con tareas estériles e injustificadas.

Ello no obstante ser patente que se persigue solo a una de las dos grandes estructuras terroristas, la más numerosa, mientras la otra es simplemente obviada por los grupos de tareas, lo que reduce a ésta a otra campaña propagandista del régimen, por lo que muy seguramente aquellos que son detenidos injustamente no sólo no serán resarcidos, sino que tampoco su honra será recuperada desde el estado.

Entonces concordemos que una detención arbitraria no sólo es injusta, pues supone un daño irreparable a la imagen y honra del afectado, pues se le deniega la libre circulación, de reunión, de expresión, etcétera, redundando todo ello en un perjuicio en su dinámica de relaciones interpersonales y laborales, las cuales las más de las veces no se recuperan, pues el daño y en razón de nuestra idiosincrasia, le persigue indefinidamente como una sombra.

Añadamos a la fórmula la carga politiquera que el régimen le ha impreso en las actuales circunstancias a la justificación de la campaña de limpieza social adelantada, que tiene por propósito el recuperar al creciente número de desencantados a los que ya no convence la retórica de “las manos limpias» e incorruptibles, y que la evidencia patenta crudamente que son tan pícaras como las de cualquier dandi latino, acostumbrado al buen vivir a costillas del erario público.

No, es otra improvisación, con el dirigido propósito de recuperar la imagen alicaída del régimen, cuyas consecuencias serán incluso más graves, por las demandas que derivarán, y que tocará al estado asumir.

Entonces y a pesar del triunfalismo, será un nuevo fracaso.

*Educador salvadoreño

En estos días de excepción y de capturas masivas e indiscriminadas, se escuchan voces, lideradas por Bukele, que claman venganza contra los pandilleros. Aunque es natural y — hasta cierto punto— comprensible, la venganza obedece a un instinto primitivo, pero no revive a los asesinados, ni aparece a los desaparecidos, ni transforma el sufrimiento en regocijo.

Por: Rodolfo Cardenal*

Tampoco iguala la desigualdad social, ni da acceso a los servicios públicos, ni trae paz donde hay violencia. La venganza solo destruye. Pese a ello, existe el convencimiento de que el sufrimiento y la muerte infligidas al otro resarcirán la pérdida y sanarán el dolor. Por eso, la venganza es una fuerza auténtica y poderosa, pero no cura las heridas. Probablemente, las empeora.

La venganza introduce en un círculo tóxico del cual es difícil escapar. La venganza se agota en sí misma y no supera el desconsuelo. Al contrario, vuelve la pérdida más dolorosa y amarga. La venganza atrapa en el objeto de su desquite, en el daño que inflige y en la amargura. La reacción vengativa del régimen de Bukele no erradicará la violencia social, mucho menos cuando es cuestión de llenar cuotas de capturados, no de delincuentes. El régimen contiene la violencia momentáneamente con la represión hasta que explote de forma más destructiva por otro lado. Ensoberbecido por su poder y engañado por la respuesta facilitona, ratifica la violencia como forma de convivencia. No habla de justicia social, sino de castigo implacable y de desquite. La represión ahonda la división social, el resentimiento y el odio, los cuales, en su momento, reclamarán venganza. Y así sucesivamente. La venganza retiene en el pasado y cierra el futuro.

Muchas de las voces que claman venganza y disfrutan la humillación, tortura y muerte de los pandilleros se dicen cristianas. Asisten al templo o al culto, tal vez leen con frecuencia la Escritura y entonan himnos de alabanza. A esas voces hay que recordarles que después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios no lo destruyó. Al contrario, lo marcó para que nadie le hiciera daño. Dios no desea venganza, sino conversión y misericordia. En el Calvario, recuerda el papa Francisco en su magisterio del Domingo de Ramos, el poder político y religioso invita cínicamente a Jesús a pensar en sí mismo, en sus intereses y en su éxito. Pero él no lo reprende ni lo amenaza con castigos divinos. Tampoco grita su rabia y su sufrimiento. Reza por los malvados y concede misericordia a uno de los malhechores crucificados que tiene al lado.

Desde la dura experiencia de Jesús de amar a los enemigos que lo crucifican, el papa invita a pensar en quién nos ha herido, ofendido, encolerizado o desilusionado. “¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño! […] lamentándonos las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia”. Jesús nos enseña a romper ese círculo vicioso del mal con el amor y “la caricia del perdón”. Es imposible ser cristiano con “instinto rencoroso”. “Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos han herido”.

El crucificado no solo implora el perdón para sus asesinos, también aduce el motivo: no saben lo que hacen. Jesús justifica a los violentos, porque no saben. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni de los demás, que somos hermanos. El ignorante comete crueldades absurdas. Dios ve en cada uno a un hijo y a una hija. No separa en buenos y malos, en amigos y enemigos, tal como hace el mundo. Todos somos hijos amados, a quienes desea abrazar y perdonar. En el Calvario, todos escucharon a Jesús pedir perdón, pero solo uno se acogió a él. Uno de los malhechores descubrió que en ese perdón había lugar para él. En el infierno del mundo, vio cómo se abría la salvación: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Dios hace lo mismo con todos. No se cansa de perdonar. En el Calvario, Jesús se erige en nuestro abogado, no en nuestro fiscal. Las enemistades, los odios y la violencia lo hacen sufrir, pero tiene un solo deseo: perdonarnos. El perdón brota de los horrores de la cruz. Nunca, enfatiza el papa, hemos escuchado palabras más bondadosas. Nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva ni un abrazo más amoroso. El papa nos invita a dar gracias por ese perdón, “aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”.

Jesús, al mirar la sociedad salvadoreña herida y violenta, no se cansa de repetir: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pero para renunciar a la venganza hacen falta mucha valentía, mucha seguridad en uno mismo y una mente clara. Contrario a las apariencias, la firmeza y la determinación no hay que ponerlas en la institucionalización de la violencia, sino en erradicar sus raíces.

*Director del Centro Monseñor Romero.

Cada vez son más claras las lógicas de actuación de la administración de Nayib Bukele. Cambian las coyunturas, pero los patrones se mantienen. En primer lugar, se opera bajo la premisa del “quien no está conmigo está contra mí”, dividiendo al país en “buenos” y “malos”.

El presidente decide quién está de un lado u otro, y sus funcionarios y seguidores, en consecuencia, atacan con insultos y mentiras, o premian con elogios a los señalados. Con motivo del régimen de excepción, en el grupo de los sujetos a escarnio se ha incluido a instancias supranacionales y organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por el irrespeto a los derechos humanos y por la anulación de la independencia judicial. Ningún argumento o crítica es válida contra la decisión del presidente, que vale más que las leyes y que toda la institucionalidad pública junta.

La segunda lógica imperante es ocultar toda información que por naturaleza debería ser pública y silenciar a las voces de la sociedad que denuncian la verdad de lo que pasa. Un nuevo paso en esa dirección es la aprobación de la llamada “ley mordaza”, con la que se pretende que la población no conozca nada de lo que sucede con los grupos delincuenciales, sus pactos y alianzas. En definitiva, lo que se persigue es que los periodistas solo publiquen lo que le conviene al Gobierno, como hacen los medios que ya están bajo la órbita del poder.

La tercera es la de la improvisación ante los grandes problemas que aquejan a la población. La ausencia de un plan de nación ha hecho que ministerios y funcionarios actúen según los ánimos y posibilidad de beneficio del grupo en el poder. Así se atendió la pandemia, se adoptó el bitcóin y se dio respuesta a la ola de homicidios. No importa el derrotero de las medidas ni las consecuencias; lo fundamental es que tengan un impacto mediático para aparentar firmeza y asegurar beneficios clientelistas.

A lo anterior se suma la megalomanía expresada en la onerosa y permanente campaña mediática oficial para hacer creer a la gente que toda acción gubernamental es inédita e histórica. Así, el hospital El Salvador es el más grande de América Latina, la Semana Santa recién finalizada ha sido la más tranquila desde que hay registro, el país ha sido pionero mundial en la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, nunca antes ha habido un mejor ministro de defensa, etc. Todo es lo más grande y lo mejor, a tal grado de exageración que raya con lo patológico (y lo patético).

Más allá de sus pretensiones de originalidad, las lógicas de actuación de la administración de Bukele son de todo menos novedosas; con cierto matices, son las propias de cualquier Gobierno autoritario, con independencia de la época y la región. El guion se repite. A la hora de enfrentar situaciones de crisis social, lo común en los gobiernos autoritarios, sean de derecha o izquierda, es recurrir a la militarización de la sociedad e irrespetar los derechos humanos. Si algo demuestra la historia salvadoreña es que las medidas autoritarias y el aumento de la represión, pese a su popularidad, no constituyen el antídoto contra la violencia. En el Salvador, el origen de la violencia está en la exclusión, en la segregación social y económica que permanece intacta. A falta de un abordaje integral, Bukele responde a la criminalidad con fuerza bruta. Y en eso, como en otras dinámicas, no hace más que seguir lo pasos de otros.

Tanto los asesinatos cometidos durante el repunte de homicidios como las masivas capturas en el Estado de Excepción son de personas de los sectores populares, de las zonas periféricas de las ciudades, de la zona rural más abandonada del país.

Nombres como Soyapango, Apopa, Tonacatepeque, El Congo, etc. son los que han sonado en estos días. En 24 horas de aplicación del Estado de Excepción la policía informó de más de 1,400 capturas en 50 operativos. Por lo menos en los reportes no figuran las zonas residenciales y privilegiadas de las ciudades.

Una semana después de iniciada la respuesta del gobierno, oficialmente se reportaron más de 4000 detenciones, la inmensa mayoría de personas pobres. De hecho, las catalogadas por la policía como “zonas rojas” por su peligrosidad se ubican en los sectores populosos en los que los servicios básicos no están garantizados. Entonces, ¿La delincuencia es patrimonio de la pobreza o, en el mejor de los casos, es consecuencia de ella? Este tipo de afirmaciones se ha extendido en el mundo, incluso en instancias internacionales que atribuyen a la pobreza y a la desigualdad el aumento de los índices delictivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de generalizaciones porque no son ciertas. La pobreza es un gravísimo problema que amerita todos los esfuerzos posibles para reducirla, pero no hay que perder de vista que hay países en África o aquí cerca en Centroamérica que tienen mayores niveles de pobreza que El Salvador y reflejan menores índices de homicidios y de hechos delictivos. La carencia de recursos económicos no aumenta la propensión a aumentar los hechos delictivos. Por el contrario, no se puede olvidar que quienes en el pasado extrajeron millones de dólares del erario público o quienes lo siguen haciendo en la actualidad no son, o ya no son a estas alturas, miembros de sectores populares sino de estratos superiores económicamente hablando.

Quizá entonces lo que se criminaliza no es tanto la pobreza en sí misma, sino a los pobres. Quizá también de ello se deriva la aporofobia o el miedo a los pobres como señala Adela Cortina. No se teme tanto a la pobreza como a los pobres, aunque a muchos les aterre la sola idea de no poder conservar su nivel de vida desahogado. Trabajos de investigación periodística han revelado que los 62 homicidios perpetrados el sábado 26 de marzo ocurrieron en 44 municipios de 12 departamentos del país.

47 de esos homicidios fueron de personas que no pertenecían a las pandillas y básicamente eran vendedores, albañiles, obreros, taxistas, amas de casa, campesinos y un largo etcétera de los oficios más humildes y menos remunerados del mercado laboral. Es decir, los asesinatos fueron de gente pobre. Lo mismo puede coludirse de las imágenes transmitidas prolijamente por instancias del Estado de los capturados en este tiempo. Las cárceles están llenas de presuntos delincuentes, pero de comprobados pobres.

El Salvador y Estados Unidos comparten algo: son los países con los índices de personas privadas de libertad más altos por cada 100 mil habitantes en el mundo. Para el año 2021, el país más rico del mundo tenía 639 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, mientras que El Salvador ocupaba el segundo lugar con 562 detenidos por cada 100 mil habitantes. Está por verse si después de las capturas masivas de los últimos días,El Salvador destrona a Estados Unidos de ese bochornoso lugar.

Así como lo más común para medir los niveles de violencia es contar el número de muertos, también lo más frecuente, ante los altos niveles de delitos y violencia, es aumentar el presupuesto de seguridad, tener más efectivos, aumentar los castigos y meter a más y más personas a la cárcel. Mientras haya más capturados, se cree que más disminuirá la violencia. Pero las cosas no son tan simples como se pintan. Los estudios sobre encarcelamiento en América Latina y El Caribe sugieren que más personas en las cárceles no representa una solución para los hechos delictivos. Al contrario, en algunos países como en El Salvador mismo, los han aumentado.

El presidente y su gobierno están demostrando que, no solo no han cambiado las políticas fallidas de los gobiernos pasados, sino que las repiten, aunque conozca sus resultados. A Bukele, las medidas manoduristas le sirven para reafirmar su perfil de paladín del pueblo que no tiene ningún miramiento para con los delincuentes y para justificar la aprobación de más millones de dólares para combatir a las pandillas, apuesta que ya hicieron los gobiernos anteriores y fracasaron.

(Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 85. UCA)

El miedo al enemigo persiste siempre en el poderoso, especialmente cuando sus cuentas no están claras. Y el miedo es mal consejero. Pese a haber arrasado con sus triunfos electorales, el Gobierno tiene miedo de quienes fueron derrotados.

Y eso le ha llevado a impulsar acciones de ataque, desprestigio y venganza preventiva contra sus opositores. Ve como rivales políticos en el mediano y largo plazo a los partidos tradicionales, especialmente al FMLN y Arena, que aún conservan parte de su maquinaria electoral. Por eso los fustiga, persigue y acusa llamándoles “los mismos de siempre”, “los del pacto de corruptos” y un largo etc. Pero el mismo miedo que le posee le conduce a identificar toda crítica, por bien intencionada que sea, con los mencionados partidos. No importan ni la honradez, ni el hecho de que anteriormente se hubiera criticado a los partidos tradicionales. El interés de estos políticos con miedo a perder el poder es simplemente destruir la credibilidad de cualquiera que les enfrente, metiendo a todos en el mismo cesto.

Y ahí entran el periodismo crítico, las instituciones y organizaciones con tradición de incidencia social, académicos y religiosos que se atreven a levantar la voz ante los desmanes oficiales. El ámbito de los derechos humanos, según los medios gubernamentales, está plagados de ONG que solo buscan dinero. Incluso instituciones internacionales serias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciben su ración de insultos cuando señalan abusos gubernamentales. El miedo manda y por eso la mentira crece. Y la mentira requiere que toda la información oficial se oculte del escrutinio público. Es el miedo el que lanza a estos funcionarios a una búsqueda permanente por demostrar que mandan, controlan y castigan, para que nadie se atreva a contradecirles. Por eso hoy exhiben a los privados de libertad semidesnudos y sometidos con violencia, y ordenan rebajarles la cantidad de comida, mantenerlos encerrados sin ver el sol y quitarles las colchonetas en las que duermen. Contagian así su miedo a otros, creando un clima de incertidumbre y temor.

Cuando el poder abusivo tiene miedo, da palos de ciego y ve un posible enemigo en cualquier persona. Al final, tarde o temprano, ese miedo termina dejándolo desnudo moralmente y le lleva a perder todo lo que ambicionaba. Siempre se ha dicho que la violencia engendra violencia. Sin embargo, la violencia de quienes tienen miedo de perder el poder o el prestigio no solo multiplica la violencia, sino que también pulveriza las bases morales de la convivencia e imposibilita apostar por un proyecto de futuro común y fraterno.

Editorial UCA

Poco se sabe de las 87 personas que fueron asesinadas en los tres últimos días de la semana pasada, menos aún de las razones por las que acabaron con su vida y quiénes fueron sus victimarios. Parece que tampoco importa mucho, pues las autoridades no han visto necesario investigar a fondo cada una de esas muertes.

La preocupación mayor no es la vida segada de cada una de las personas asesinadas ni el dolor de sus familias; lo que preocupa es lo abultado del número de homicidios. Un número que niega la existencia de una verdadera política de combate al crimen y que pone en evidencia el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública. Con esta ola de asesinatos, ya son tres las ocasiones en los últimos doce meses que se produce un incremento súbito de los homicidios. Además, la cifra promedio de homicidios diarios ha ido aumentando paulatinamente desde el año pasado.

La respuesta ha sido decretar estado de excepción y poner en marcha un gran operativo de las fuerzas de seguridad —probablemente el más grande de la última década— con el fin de capturar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, en cuatro días han capturado a dos mil quinientas personas, en su mayoría jóvenes de barrios pobres y marginales acusados de ser pandilleros. Unos posiblemente sean parte de esos grupos criminales, pero muchos otros el único delito que han cometido es ser pobres y vivir entre pobres.

La acción del Gobierno obedece más a un afán de venganza que de justicia. Esto se manifiesta tanto en las miles de detenciones arbitrarias e indiscriminadas efectuadas con violencia como en los mensajes de las cuentas sociales de las autoridades, incluyendo la del presidente. Solo un afán de venganza explica la imposición de castigos masivos, independientemente de la responsabilidad individual en los homicidios ocurridos el fin de semana. Castigos a los privados de libertad, negándoles el sol y la alimentación; castigos a las familias de los barrios pobres y estigmatizados; castigos a miles de jóvenes por el hecho de ser jóvenes; acusaciones a los defensores de los derechos humanos; permiso a las fuerzas de seguridad para el uso letal de la fuerza.

Estos hechos han causado una enorme preocupación porque no resuelven el problema; son solo una reacción coyuntural. Una vez más se aplican medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, la mezcla de inocentes con culpables, la estigmatización de los barrios pobres y de ciertas comunidades son prácticas a las que también recurrieron los Gobiernos de Arena y del FMLN sin obtener ningún resultado. Causan preocupación porque pagan justos por pecadores, se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea, en una sociedad de por sí violenta, que la fuerza es la forma idónea para solucionar los problemas. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas. Mucho menos la adquisición de más armamento para el Ejército y la Policía.

La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia a todo nivel y ofrecer a los jóvenes horizontes y oportunidades que eleven su autoestima de forma constructiva. Pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos y educadores que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega cualquier oportunidad de desarrollo a una mayoría de la población. Pasa por ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano. Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad.

El estado de excepción es una condición extraordinaria motivada por situaciones extremas que amenazan el orden social. Cuando el control social es inexistente, el estado puede recurrir a esta condición para recuperarlo, suspendiendo algunas o todas las garantías constitucionales, derivando así al control por coerción.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Para ilustrar sus alcances consideremos por ejemplo lo que supone la detención de una persona de interés judicial, la cual en período normal puede ser retenida para procesar hasta 72 horas, pero bajo el régimen de excepción hasta 15 días.

Está ampliación busca teóricamente aplicar las herramientas investigativas al alcance del estado, de la forma más eficiente y en el ánimo de que estas rindan con certeza absoluta los resultados de su aplicación.

Así las cosas, el actual estado de excepción impuesto desde el GOES responde a la serie de asesinatos cometidos por el terrorismo doméstico desde el viernes 25 al sábado 26, que habría cobrado la vida de entre 54 y 71 ciudadanos, la cifra más elevada desde el conflicto armado.

Es decir, acotamos que el régimen de excepción solicitado, es un tácito reconocimiento de que el tan publicitado plan de control territorial no funciona, pues no previó ni anticipo y tampoco atajo la sangría de los días reseñados.

Por otro lado, además de evidenciarse el fracaso del tal plan, el número de asesinatos pone en entredicho las capacidades de las fuerzas del orden, la segunda mayor beneficiarias de una mayor y más sustantiva inversión de parte de esta administración, que ha descuidado a educación, salud e infraestructura, favoreciendo en cambio a las finanzas y la seguridad estatal, y que esta situación desnuda incapaz de anticiparse y atajar la decisión del hampa de disputar al estado el control de las calles, del orden, de la seguridad, reduciendo al estado y sus fuerzas a apenas fuerzas reactivas, ciegas y sordas.

Nada de inteligencia recabada y menos aún procesada, lo que ahora impone la renuncia y procesamiento por desidia de los responsables de la cartera de seguridad pública para ser sustituidos por verdaderos técnicos de la misma, dejando de lado a los sobalevas que la administración ha preferido hasta ahora en desmedro de las necesidades de seguridad de la población, o las prioridades y recursos estatales.

No debemos olvidar en este punto que el anterior responsable de la FGR adelantó una investigación al ejecutivo por negociar con el terrorismo doméstico, que el actual fiscal general simplemente desecho.

Así entonces, debemos comprender que no solo se evidencia la incapacidad en materia de seguridad, como que la exclusión y la marginación constituyen la matriz de la violencia social que nos abate, pero además el que no se ha hecho nada para remediar tales males históricos, como que estos en la presente administración y debido a sus equivocadas apuestas, se han profundizado, añadiendo más violencia al cóctel de violencia.

No podrá una fuerza pública mal guiada controlar apenas por instantes este mal endémico, pues no es prioridad para la administración el corregir los males históricos que la promueven.

*Educador salvadoreño