La semana que recién concluye ha resultado reveladora en cuanto la confirmación de hechos que hasta entonces se manejaban como ciertos sólo en algunos círculos, y que es lo relativo a la confirmación de las negociaciones que el ejecutivo mantiene con los grupos terroristas.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Hay que acotar que una negociación con grupos criminales no es por principio indebido, inmoral o ilegal, siempre y cuando sea transparente, pública, y responda al interés de recuperarlos y socializarlos, reinstalándolos como entes productivos que asumen sus compromisos ante la sociedad y la ley.
Este sin embargo no es el caso.
El propósito de las negociaciones con los grupos delictivos ha sido el de intercambiar beneficios: para el actual gobierno su apoyo en los espacios públicos que dominan los grupos terroristas, además del compromiso de reducir el número de asesinatos que cometen, mientras para estos, beneficios varios que van desde financiamiento de parte del estado a sus actividades hasta prebendas en los centros de internamiento.
Entonces, durante la semana que concluyó el sábado 21, un periódico digital hizo públicas las grabaciones de entrevistas hechas a dirigentes del grupo terrorista que más se ha castigado en el marco de la presente ola persecutoria, en la que llama la atención como el criminal justifica el asesinato al azar de las personas particulares que se escogieron para llamar la atención del gobierno por el supuesto incumplimiento de lo acordado por este, hace ya virtualmente dos meses.
En los audios empero no solo se destaca como estos individuos justifican los asesinatos, como lo hace un niño cuando se le niega un capricho; llama la atención además como aparentemente sus interlocutores gubernamentales se hacen cómplices de ello al acordar con estos la reducción de asesinatos en el objetivo ánimo de beneficiarse tanto electoralmente como por posicionarse por el mismo motivo positivamente ante la población, sin reparar jamás en lo que implica vender el alma al diablo.
Es decir; los tales audios no solo destacan por el hecho de que confirma en boca de los funcionarios negociadores, elementos de confianza de la presidencia, que el ejecutivo sabe de los compromisos adquiridos con el terrorismo doméstico, sino que además los promueve, lo que supone la complicidad de todo el circulo presidencial.
Las implicaciones son graves, pues se traiciona la confianza pública al negociar con quienes asesinan precisamente a la población con la que se busca congraciarse mediante una mentira, una falacia, sostenida mediante la compra de voluntades, precisamente de los criminales.
Sin embargo, esta no es la primera vez, pues antes el régimen se ha negado a enjuiciar a los asesinos del pueblo que visten uniforme militar, a quienes refugia mediante vergonzosos recursos, imponiéndose la cultura de la impunidad.
Como sea es el silencio presidencial, siempre presto a insultar como mínimo para responder a cualquiera de las acusaciones que antes se le hicieran, signo inequívoco del abrumador peso que supone estos audios, los cuales no constituyen evidencia en sí, pero sí implican la carga de una acusación que pareciera, no puede evadir.
*Educador salvadoreño.
