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“ Apesar que hay una ley contra la minería, el miedo siempre está porque la empresa minera tiene el proyecto San Francisco, El Dorado, y solo están esperando que haya un cambio de gobierno para instalarse nuevamente”, expresó Miguel Miranda, en el acto de conmemoración del octavo aniversario del asesinato de ambientalistas en San Isidro, Cabañas.

A ocho años de los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto (quien tenía ocho meses de embarazo) y Ramiro Rivera, cometidos entre junio y diciembre de 2009, familiares y miembros de la ASIC, ADES y la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en el país, exigen justicia.

La Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), comunidades y familiares les rindieron homenaje en el cantón Trinidad, Sensuntepeque, Cabañas, lugar en que se realizó la Santa Misa y un acto con el cual recordaron la vida y lucha de los ambientalistas, quienes fueron asesinados por oponerse al proyecto minero El Dorado, cuando incursionó la multinacional minera canadiense Pacific Rim, ahora de la australiana Oceana Gold.

Pacific Rim interpuso una demanda millonaria por 250 millones de dólares, al Estado salvadoreño en el año 2009, por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas.

La denuncia fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) entidad del Banco Mundial con sede en Washington DC, Estados Unidos, cuyo litigio duró siete años y que perdió la transnacional luego que en octubre de 2016, el CIADI falló contra la minera canadiense y exigió un pago de 8 millones de dólares a favor del Estado salvadoreño.

Marcelo Rivera, en el momento de su desaparición, se desempeñaba como director de la Casa de la Cultura en San Isidro, Cabañas, y representante legal de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), y dirigente de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica e integrante de la Directiva Departamental del FMLN.

Mientras, Dora Alicia Sorto, con ocho meses de embarazo, fue asesinada cuando se encontraba en una quebrada cercana lavando ropa, y fue interceptada por un grupo de hombres quienes la asesinaron cuando regresaba con su hijo menor que resultó lesionado.

Asimismo, Ramiro Rivera, dirigente comunitario, agricultor de oficio y padre de dos niños, fue asesinado por varios sujetos que le emboscaron cuando se dirigía en su vehículo junto a dos agentes policiales que le daban protección pero no hicieron nada para defenderlo. Los sicarios usaban fusiles M-16.

Para Miguel Rivera, familiar de las víctimas, el trabajo de los ambientalistas que se encontraban en resistencia a los planes de Pacific Rim ha sido minimizado y lo relacionan con problemas de pandillas. “No se ha querido investigar y las comunidades saben cómo sucedieron los hechos y quiénes son los responsables”, dijo.

Asimismo, Rivera exigió sacar la verdad a luz, ya que “este caso es una deuda de ocho años, por ello, la actividad obedece a recordar a las autoridades que el pueblo no olvida y exigimos que se esclarezca cada uno de los hechos, en los tres casos”.

Asimismo, indicó que el tema de promover la minería en El Salvador sigue, por eso deben estar siempre en pie de lucha para que se respete el derecho a la vida y se aplique la prohibición de la minería para reivindicar el derecho de las víctimas.

El actual presidente de la Asociación Ambiental La Maraña Domingo Miranda comentó que después del asesinato de sus compañeros se fundó una asociación, la cual comenzó a trabajar logrando detener los proyectos mineros así como contrarrestar el proyecto de agua que contenía metales pesados, que fue iniciativa del alcalde. Miranda manifestó que en las comunidades existe temor debido que hay personas que trabajaron y ayudaron en los asesinatos de los tres ambientalistas.

Agregó que uno de los logros más grandes es que El Salvador es el primer país en tener una ley que prohíbe la minería, así como detener proyectos que afectan al medio ambiente y a sus comunidades.

Por otro lado, Pedro Cabezas, representante de los Aliados Internacionales, reiteró su compromiso para acompañar al pueblo salvadoreño, en especial a la comunidades La Maraña, Santa Marta y Trinidad, de Cabañas, para denunciar la imposición de empresas mineras en el país.

En 2017 fueron asesinados 42 trabajadores de prensa en nueve países de América Latina, incluyendo la ejecución de un youtuber de 17 años y la desaparición forzada no aclarada número 27, ambos crímenes acontecidos en México, país que registró 26 asesinatos, el 62 % del total detectado por esta investigación.