Bukele contra la rendición de cuentas: el desmontaje sistemático de la transparencia pública en El Salvador.
Por: José Alfredo Villalta.
Nayib Bukele ha convertido la sonrisa en instrumento de Estado. Su gestualidad desenfadada, su presencia omnívora en las redes sociales y el discurso del “milagro salvadoreño” funcionan como cortina estética que oculta una arquitectura sistemática de opacidad: la eliminación progresiva de los mecanismos de control institucional, el blindaje presupuestario de sus obras emblемáticas y la asfixia legal de la prensa y la sociedad civil independientes.
Mientras el presidente inaugura fiscalías, declara guerras a la corrupción y promete cárceles para los “ladrónes de cuello blanco”, su propio gobierno acumula siete años de reservas de información, contratos sin licitación pública, organismos de supervisión cooptados y leyes diseñadas para silenciar a quienes fiscalizan. El resultado es una paradoja: el gobierno que más habla de transparencia es, según sus propios críticos y los registros internacionales, el menos transparente de la historia reciente del país.
Este análisis recorre seis ejes sobre los que se ha construido esa opacidad: la negativa a rendir el informe constitucional de labores, el desmantelamiento institucional, el blindaje del CECOT, la Ley de Agentes Extranjeros, la concentración del poder legislativo y la retórica anticorrupción como perfórmance político.
I. La negativa al informe constitucional: cuando el presidente decide qué rinde
El 1 de junio de 2020, al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa convocó la sesión solemne anual establecida en su Reglamento Interior para recibir el informe de labores del Ejecutivo. El entonces presidente de la Asamblea, Mario Ponce, envió la convocatoria formal al presidente de la República. La respuesta fue una negativa.
Bukele argumentó que la pandemia justificaba la ausencia. Pero en el mismo comunicado fue más lejos: sostuvo que la ceremonia no se contempla en la Constitución y que lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) regula únicamente a dicho órgano, no al Ejecutivo. Finalmente tuiteó: “Los actos para dar discursos, donde los ex presidentes pintaban países que no existían, quedarán para después de la cuarentena”.
La controversia constitucional es relevante. El artículo 168, ordinal 12 de la Constitución de 1983 establece entre las atribuciones del Presidente de la República “presentar a la Asamblea Legislativa, por escrito, el estado general de la administración pública durante el año anterior”. Bukele cuestionó la obligatoriedad de la presentación oral y presúncial, pero la tradición constitucional y la posición de la oposición era clara: el mecanismo de rendición de cuentas no es opcional ni puede ser reducido a un envío documental en una fecha que el Ejecutivo escoja.
“Los actos para dar discursos, donde los ex presidentes pintaban países que no existían, quedarán para después de la cuarentena.”
— Nayib Bukele en Twitter, 1 de junio de 2020, al negarse a comparecer ante la Asamblea
No fue un incidente aislado. La negativa de 2020 estableció un patrón: Bukele rinde informe ante una Asamblea oficialista —lo hizo en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026— pero se negó a hacerlo ante la única legislatura en la que la oposición conservaba mayoría. La rendición de cuentas fue condicional al control político del foro receptor. El constitucionalismo exige lo contrario: que quien gobierna rinda cuentas precisamente cuando enfrenta escrutinio genuino.
El informe de labores del 1 de junio de 2026 —el séptimo año de gobierno— fue transmitido en vivo y recibido por una Asamblea donde la oposición cuenta con apenas tres diputados de sesenta. La sesión solemne, sin contrapeso real, funciona como celebración legitimadora más que como mecanismo de fiscalización. La diferencia entre ambas situaciones —la negativa de 2020 y la comparecencia de 2026— define con precisión el sentido de la rendición de cuentas en el modelo Bukele: se rinde, pero solo ante quien no puede cuestionar.
II. El desmantelamiento del andamiaje de control
El primer acto de gobierno de Bukele en materia de transparencia fue un acto de destrucción. Al asumir la presidencia en 2019, su administración eliminó la Secretaría de Transparencia heredada del gobierno anterior. La pandemia de COVID-19 ofreció la primera gran oportunidad para operar bajo reserva: el gobierno aprovechó el estado de emergencia sanitario para “poner en cuarentena la información pública”, según documentó la organización Arpas.
Con la supermayóría que Nuevas Ideas obtuvo en febrero de 2021, Bukele nombró comisionados dóciles en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), convirtiéndolo de contrapeso en correa de transmisión del Ejecutivo. Ese mismo año aprobaron la llamada “Ley Alabí” y designaron un fiscal general considerado oficialista por la sociedad civil. El abogado Mauricio Maravilla resumió el cuadro: “El compromiso del gobierno es más bien con la opacidad y el oscurantismo”.
Cronología del desmantelamiento (2019–2026)
- 2019: Eliminación de la Secretaría de Transparencia.
- 2020: La emergencia pandémica se usa para restringir el acceso a información pública; negativa al informe constitucional ante la Asamblea de oposición.
- 2021: Cooptación del IAIP, aprobación de la Ley Alabí, designación de fiscal oficialista; destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional.
- 2022: Declaratorias de reserva de información por siete años; amenaza de expulsión de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
- 2024: Reforma constitucional exprés que permite modificar la Carta Magna con solo una legislatura.
- 2025: Aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros; clasificación como reservada de toda información sobre el CECOT.
III. El CECOT: la obra pública sin precio público
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos, es la obra arquitectónica más emblемática del bukelismo. Su costo, sin embargo, permanece oficialmente desconocido. Un informe de Acción Ciudadana de octubre de 2024 estableció que no existe información pública accesible sobre los procesos de contratación, los contratos suscritos ni la ejecución presupuestaria del proyecto.
El Índice de Información Reservada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, correspondiente al primer semestre de 2025, confirma que presupuestos, diseños, contratos y ejecución del CECOT están clasificados como información reservada. Las solicitudes de acceso a información fueron rechazadas. El único documento al que la organización tuvo acceso indica un costo de al menos 135 millones de dólares, cifra que el gobierno no ha confirmado ni desmentido.
El caso sintetiza el patrón: el discurso de la seguridad pública funciona como justificación suficiente para blindar del escrutinio cualquier gasto relacionado con ella. La clasificación de reserva se convierte en paraguas bajo el cual desaparece toda rendición de cuentas financiera sobre las obras más costosas del Estado.
IV. La Ley de Agentes Extranjeros: transparencia invertida
En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros sin debate público, en sesión exprés con dispensa de trámite. La ley obliga a las organizaciones que reciben financiación internacional a registrarse en un padrón gubernamental y a pagar un impuesto del 30% sobre cada transacción proveniente de donantes extranjeros. La CIDH, Amnistía Internacional, FIDH, WOLA y 18 organizaciones salvadoreñas habían advertido que la norma violaba estándares internacionales de derechos humanos. Ninguna advertencia fue atendida.
La diputada opositora Claudia Ortiz la describió como “incompatible con la democracia, con el Estado de derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de asociación”. Organismos internacionales como FIDH e ISHR señalaron que leyes similares han sido empleadas en Rusia, Nicaragua y Venezuela para neutralizar a la oposición civil y los medios independientes.
El doble rasero es evidente: el gobierno exige que las organizaciones que lo fiscalizan reporten cada transacción financiera, mientras mantiene reserva sobre sus propios contratos, presupuestos y decisiones. La transparencia, en el léxico bukelista, es una exigencia unidireccional.
V. Concentración de poder y reforma constitucional exprés
La reelección de Bukele en febrero de 2024 desafió la prohibición constitucional explícita y un fallo de 2014 que la reafirmaba. Fue posible gracias al control que el gobierno ejerció sobre la Sala de lo Constitucional, cuya composición fue alterada en mayo de 2021 mediante la destitución de los magistrados titulares. En abril de 2024, la Asamblea oficialista aprobó una reforma que permite modificar la Carta Magna con solo una legislatura, eliminando el requisito de ratificación por dos períodos.
Cuando el mismo poder que ejecuta el gasto controla también a quienes deben auditarlo, la rendición de cuentas se convierte en monólogo. La concentración de poder no es solo un dato político: es la condición estructural que hace posible que la opacidad sea sostenible a largo plazo.
VI. La guerra contra la corrupción como teatro político
Bukele ha declarado la guerra a la corrupción en al menos tres ocasiones formales: en su informe de 2023, en el que prometió el CECOC (cárcel para “ladrónes de cuello blanco”), y en mayo de 2026, al inaugurar la nueva sede de la Fiscalía General. El patrón retórico es consistente: la promesa grandilocuente, la metáfora bélica, la escenificación arquitectónica del compromiso.
La revista Nueva Sociedad documentó que el régimen de excepción —vigente desde el 27 de marzo de 2022 con más de 91.000 detenidos sin orden judicial— no solo sirvió para combatir pandillas sino que también proporcionó cobertura institucional para irregularidades y actos de corrupción, generando “una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos nacionales”.
La oposición critica la reserva que impide dar información sobre los presos debido a que Bukele gobierna con un poder casi absoluto. En ese contexto, la “guerra contra la corrupción” anunciada en mayo de 2026 llega sin los instrumentos que la harían creíble: sin un Ministerio Público independiente, sin un organismo de información autónomo y sin controles legislativos reales.
Conclusión: la opacidad no es un accidente, es el sistema
Lo que siete años de gobierno de Nayib Bukele revelan no es la impericia administrativa de un Estado incapaz de rendir cuentas, sino la arquitectura deliberada de un régimen que ha construido su opacidad piedra sobre piedra: negándose a comparecer ante la legislatura que podía cuestionarlo, eliminando secretarías, cooptando organismos reguladores, aprobando leyes en sesiones relámpago, clasificando como reservada la información sobre sus obras más emblemáticas y gravando con impuestos confiscatorios a quienes se dedican a vigilarlo.
La sonrisa, las redes sociales y el discurso del “milagro” forman el envoltorio de esta operación. Detrás de ellos opera un Estado que ha concentrado el poder con una eficiencia que sus antecesores no tuvieron, pero que ha usado esa concentración no para rendir cuentas con mayor claridad, sino para blindarse de ellas con mayor efectividad.
La pregunta que El Salvador necesita plantearse no es si Bukele tiene o no logros que mostrar —los tiene, empezando por la drástica reducción de la violencia criminal— sino si un régimen que opera con impunidad institucional puede sostenerse como democracia, o si la sonrisa, al final, solo sirve para no mirar lo que hay detrás.
“Siempre hay deficiencias en la entrega de información; no existe una rendición de cuentas.” — Acción Ciudadana, junio 2025. No lo dijeron como hipérbole. Lo dijeron como diagnóstico.
Fuentes y referencias
- Acción Ciudadana. Informe de Transparencia Activa en Proyectos de Infraestructura Pública. El Salvador, octubre 2024.
- FIDH / WOLA / ISHR. El Salvador: La nueva Ley de Agentes Extranjeros amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Junio 2025.
- La Prensa Gráfica. «Presidente Bukele no rendirá informe en la Asamblea Legislativa». 28 de mayo de 2020.
- Nueva Sociedad. «Corrupción en El Salvador: el doble juego de Bukele». Abril 2024.
- Arpas. «CICIES: el ocaso de la lucha contra la corrupción». San Salvador, junio 2021.
- El Salvador.com. «Este gobierno es el menos transparente de la historia». 31 de diciembre de 2022.
- El Mundo / Diario de El Salvador. Convocatoria sesión solemne informe de labores 2025-2026. Mayo 2026.
- T13 / AFP. «Bukele anuncia combate a la corrupción tras proclamar derrota de pandillas». 20 de mayo de 2026.
- CNN En Español. «Bukele en el poder: el CECOT, denuncias de autoritarismo y la cercanía con Trump». Junio 2025.
- Constitución Política de El Salvador de 1983, Art. 168 ordinal 12.