Bukele tiene al menos 86 presos políticos en las cárceles de El Salvador.
Un informe de Cristosal, la principal organización del país centroamericano, documenta una estrategia de persecución que ha forzado al exilio a decenas de activistas y periodistas — Un informe de la organización Cristosal, la principal del país centroamericano, documenta una estrategia de persecución que ha forzado el exilio de decenas de activistas y periodistas
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele mantiene al menos a 86 presos políticos entre rejas, según el informe El precio de la disidencia: criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025, presentado este jueves por Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país. Según el documento, esa cifra representa solo una fracción de al menos 245 personas perseguidas políticamente durante los seis años del presidente en el cargo.
«Este fenómeno representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se pensaba que esta práctica había sido superada, y es un resultado directo del desmantelamiento del Estado de derecho y la neutralización del principio de separación de poderes», afirma el informe. Los perfiles de los perseguidos incluyen miembros sindicales, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y expertos críticos con el régimen.
El informe sostiene que, para que una persona sea considerada políticamente perseguida, deben cumplirse ciertos criterios reconocidos por organismos internacionales, incluido el Consejo de Europa, la principal organización del continente dedicada a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Estos criterios incluyen que los argumentos del demandante sean parcial o totalmente infundados; que la acción legal va acompañada de una campaña pública destinada a intimidar, desacreditar o asustar a quienes participan en el debate público, o desviar la atención del tema central; o que el demandante aproveche un desequilibrio de poder —como una ventaja económica o influencia política o social— para presionar al demandado.
Desde que asumió el poder en junio de 2019, Bukele ha librado una batalla implacable para apoderarse del poder absoluto. En 2021, tras obtener una supermayoría en el Congreso, su primer movimiento fue destituir al entonces fiscal general que investigaba la corrupción en su gobierno y a cinco jueces de la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Al año siguiente, sustituyó de forma irregular a otros cinco jueces, tomando el control total del poder judicial y lanzando una purga masiva de jueces.
Según Cristosal, los casos con características de persecución política comenzaron a aumentar a partir de ese momento, pero el repunte más pronunciado se ha observado desde 2022, después de que el gobierno impusiera un estado de excepción en marzo de ese año con el argumento de desmantelar las bandas, aunque también se ha utilizado para perseguir a opositores o voces críticas. La mayor ofensiva ocurrió en 2025, cuando al menos 50 activistas, periodistas, miembros de sindicatos y organizaciones enteras de derechos humanos cesaron sus operaciones o se vieron obligados a huir del país por temor a represalias.
El documento señala que 180 personas —el 73,4% de todas las personas políticamente perseguidas— enfrentan procedimientos judiciales bajo el régimen de Bukele, mientras que en los casos restantes el Estado combinó otras acciones punitivas. De ese total, solo siete personas han sido declaradas culpables en el juicio y sentenciadas.
Según la investigación, la persecución política se desarrolla no solo a nivel criminal, sino también a través de un discurso que sitúa a ciertas personas en la categoría de «enemigos inaceptables». En ese sentido, Cristosal señala que el poder ejecutivo se ha tomado la libertad de etiquetar como enemigos a miembros sindicales, periodistas, activistas, políticos y defensores de los derechos humanos.
Los enemigos de Bukele acaban en la cárcel
El informe señala que un patrón que recorre a todos los políticamente perseguidos es su presencia activa en la vida pública y su postura crítica hacia el gobierno. Algunos de ellos eran aliados de Bukele, pero más tarde se distanciaron.
El documento destaca casos emblemáticos como el del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, acusado de varios delitos — dos de ellos relacionados con la retención de contribuciones a la nómina durante su mandato como alcalde, y otro por negociar electoralmente con pandillas. Mientras enfrentaba un proceso judicial, dos tribunales de apelación ordenaron que Muyshondt fuera puesto bajo arresto domiciliario, pero el gobierno de Bukele se negó a cumplir con las órdenes judiciales. En septiembre de 2025, fue condenado a 18 años de prisión por el caso de pandillas.
En 2020, cuando Muyshondt se presentaba a alcalde de la capital, se declaró aliado de Bukele, e incluso ambos aparecieron juntos en anuncios de campaña. Pero tras una pelea, cayó en desgracia y, años después, fue condenado. Antes de su sentencia, Muyshondt declaró en varias audiencias que estaba siendo sometido a torturas en prisión.
Otro perfil destacado es el de Alejandro Muyshondt, primo de Ernesto y exasesor de Seguridad Nacional de Bukele. Alejandro era amigo personal del presidente, pero fue encarcelado en agosto de 2023, acusado de filtrar información a periodistas. Murió en febrero de 2024 mostrando signos severos de tortura.
Otra preso político es Ruth López, miembro de la junta de Cristosal y una de las figuras más visibles de la institución, autora de casi 50 informes denunciando la corrupción y las violaciones de derechos humanos. López, incluida por la BBC en su lista de 2024 de las 100 mujeres más influyentes del mundo, fue arrestada a mediados de mayo de 2025 por cargos de corrupción derivados de su etapa en el sector público. Su caso ha quedado totalmente sellado.
Junto a López fue arrestado su antiguo jefe, Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y uno de los pocos rivales que logró derrotar a Bukele en los tribunales, después de que el presidente lo acusara falsamente de abusar de un menor.
Lejos de ser incidentes aislados, «los casos documentados demuestran la existencia de una estrategia sostenida de represión política que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar las críticas y neutralizar el pluralismo en El Salvador», concluye el informe.