Mediante decreto legislativo, los diputados emitieron disposiciones transitorias para otorgar compensación económica especial por retiro voluntario de empleados y funcionarios públicos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.
Según el decreto aprobado, 133 trabajadoras y trabajadores que superan los 55 y 60 años y otras personas que quieran renunciar, podrán hacerlo de manera “voluntaria”
Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores despedidos calificó la medida como un desmantelamiento de la procuraduría. Dijo que con ello se dejará en mayor indefención a la población que es víctima de la violación a los derechos humanos. Además teme que haya contratación de personas del partido Nuevas Ideas como ha sucedido en otras instituciones públicas, luego de los retiros denominados “voluntarios”.
Denunció a la la procuradora Raquel Caballero de obligar al retiro forzoso a 133 trabajadores, sin tomar en cuenta el derecho al trabajo tutelado en la Ley de Atención Integral Para la Persona Adulta Mayor.
Además señaló que la procuradora sigue el libreto del presidente Nayib Bukele al dejar en abandono a las víctimas del régimen de excepción y guardar silencio ante las detenciones ilegales.
Los trabajadores de la PDDH tienen hasta el mes de noviembre de 2023 para retirarse de la institución por medio del decreto legislativo.
El artículo 15 de la Ley de Atención Integral Para la Persona Adulta Mayor dice que “Las instituciones (…) no podrán obligar a la jubilación, cuando las personas adultas mayores mantengan la aptitud laboral”. (YSUCA)
