La permanencia de la pobreza y la desigualdad en El Salvador solo puede entenderse desde el papel jugado por las élites en nuestra historia. Aunque ha habido miembros de ellas que han intentado cambiar la dinámica injusta del país, los sectores privilegiados (económicos, políticos o militares) se han inclinado por la construcción de una sociedad que margina y explota a las mayorías en función de los beneficios de unos pocos.
Como resultado de ello, la realidad de pobreza, vulnerabilidad y escasez de alternativas es muy difícil de superar sin recurrir a la migración, el crimen o la corrupción. No hay nada en la actualidad que no se haya generado desde la lógica extractivista impuesta por las élites. El hecho de que estas compartan una fracción de sus beneficios con el 20% o el 25% de la población que constituye la clase media estable no anula lo dicho.
La pérdida de independencia entre los poderes del Estado, por mucho que ciertos sectores y personas quieran atribuirla a individuos aislados, no es ajena a la dinámica de las élites, partidarias de la concentración del poder político siempre y cuando sus beneficios no disminuyan.
Con distintos estilos y modulaciones, la situación es parecida en la mayor parte de Centroamérica, con el agravante de que no existen alternativas políticas serias y con posibilidad de triunfo. Si en los primeros años del siglo actual se consiguió reducir la desigualdad, esta ha crecido desde la pandemia. La migración ha vuelto a aumentar y la tendencia autoritaria dificulta la reflexión, el diálogo y la formulación de propuestas de desarrollo con justicia social.
No faltan quienes añoran ahora la relativa libertad de hace algunos años sin caer en cuenta que los abusos de antes son causa de la problemática actual. Mientras se añora el pasado, la pobreza y la desigualdad permanecen intactas.
Exigir cambios en beneficio de quienes se mantienen en la pobreza y la vulnerabilidad, así como respaldar a las víctimas de abusos de poder es ineludible para lograr un mejor futuro.
Tener claro por dónde debe caminar una reforma fiscal, denunciar la corrupción, el silencio cómplice y la arbitrariedad estatal, combatir la extendida informalidad laboral, enfrentar la destrucción del medioambiente causada por constructoras y lotificadoras, y defender los derechos humanos también son tareas básicas.
Pero todo ello sin perder de vista la necesidad de redistribuir la riqueza y que los servicios estatales contribuyan al bienestar de todos y a la justicia social.
