La aprobación de la reforma del sistema de pensiones y del presupuesto nacional para 2023, acaparan la atención de los salvadoreños en medio de una creciente inconformidad sobre el monto de las jubilaciones.
Sin dudas la aprobación de una complicada y controversial reforma del sistema de jubilaciones se llevó este miércoles los principales cintillos, críticas y también apoyos en los diferentes medios.
Los distintos instrumentos aprobados entrada la noche del martes recibieron los votos de los partidos Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Demócrata Cristiano (PDC) Concertación Nacional (PCN) y algunos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el rechazo del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Vamos y Nuestro Tiempo.
Con una votación de 67 a favor, dos en contra y 12 abstenciones, el parlamento aprobó la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, que aumentará un 30 por ciento las pensiones por vejez, eliminará el retiro de anticipo de saldo y permitirá al Gobierno acceder a los fondos de pensiones sin límites.
Aparte de que muchos salvadoreños estiman que la nueva ley los condena a “pensiones de miseria y de hambre”, la iniciativa permitirá que el dinero ahorrado para las compensaciones pueda ser usado por el gobierno para la adquisición de la deuda estatal, destinada a pagar las rentas del Sistema Público de Pensiones, uno de sus puntos más polémicos.
La ley que entrará en vigor el año próximo, según el gobierno, sostiene que las compensaciones subirán para 200 mil jubilados actuales y todos los futuros aunque sus críticos aseguran que solo beneficiará a un 25 por ciento de los usuarios.
Al explicar los beneficios de la norma, sin embargo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que el incremento del 30 por ciento se aplicará a “todos los pensionados por vejez, actuales y futuros con pensiones hasta de dos mil 300 (dólares)”.
Pese a su aprobación, la nueva ley no recibió el apoyo de todos los sectores del país, muchos de los cuales pidieron mayores consultas a los sindicatos y organizaciones de base.
La víspera gremios de docentes rechazaron el proyecto e indicaron que por lo menos 12 mil 950 docentes que ya cumplen con los requisitos para pensionarse recibirán “pensiones de miseria y de hambre”.
Mientras la ley aprobada este martes encendió las protestas, el Legislativo se apresta a dar el visto bueno en la semana al presupuesto del país para 2023, el cual para su completamiento requiere de cerca de mil 300 millones de dólares en nuevas deudas. (PL)
