Por Mauricio Mejía.
Como se había anticipado, el gobierno de Joe Biden publicó la lista Engel en la que aparecen 14 personas entre políticos y empresarios salvadoreños, a quienes se les imputan cargos relacionados con la corrupción o delitos violatorios de la institucionalidad democrática; entre los mencionados, al menos siete están vinculados directamente al gobierno y partido político del presidente Bukele, quien no se espanta por la publicación y dice tener su propia lista de corruptos; no obstante no dice que hará con una u otra lista, a lo mejor las mandará al archivo.
En lo político la lista es una nueva forma de injerencia del gobierno de los Estados Unidos para ejercer control y alinear a los países que considera parte de su área de influencia; recordemos que, con su política exterior de gendarme del mundo, hasta hace muy poco con la bandera del anticomunismo, los Estados Unidos fomentó golpes de Estado, bloqueos comerciales, dictaduras y hasta invasiones militares, contra regímenes que consideraba peligrosos a sus intereses y seguridad nacional, todavía hay vigentes algunas de estas acciones.
Ahora con la bandera del combate a la corrupción, del crimen internacional organizado y la defensa de la democracia, adopta la facultad de exigir justicia donde no tiene jurisdicción, en tanto el hecho de que alguien aparezca en la lista no es vinculante para que el Estado de El Salvador tome decisiones punitivas contra los nombrados en dicha lista, sin antes haber sido vencidos en juicio con arreglo a las leyes, según lo manda el artículo 11 de la Constitución. Bueno ningún Estado que ejerza a cabalidad su soberanía lo haría.
No obstante; dado que la corrupción es un flagelo que está presente como parte de la naturaleza de las burocracias estatales, que tienden a autoproteger a los corruptos, tal como lo está haciendo la administración Bukele, con la “ley Alabí” y la destrucción de la independencia de poderes al constituir una Sala de lo Constitucional y una Fiscalía electas a la medida de la forma de ejercer el poder del presidente Bukele; esta primera lista y las próximas que surjan tendrán sentido, sí y sólo sí, el gobierno de los Estados Unidos presenta formalmente en el marco del derecho internacional, el oficio respectivo, con las pruebas indispensables, para que los nombrados en la lista sean investigados y llevados a proceso, por cierto que en esta línea de acción, el licenciado Sigfrido Reyes, no debió de aparecer en la lista en tanto es un caso judicializado que está en proceso.
Lo anterior no excluye que la justicia estadounidense haga su propio proceso, si acaso los señalados han violado las leyes de los Estados Unidos, aspecto que, por los delitos mencionados, va más allá de la simple supresión o negación de visas, lo cual se le aplica a diario a miles de salvadoreños, sin en estar en algún tipo de lista.
En nuestro horizonte visualizamos que nuevas listas vendrán, son muchos nombres los que faltan, el pueblo ya los conoce y dado que no es perico de los palotes quien pública la lista, consideramos que para mayor solvencia de los señalados, lo mínimo es que se retiren de sus funciones y de sus partidos si es que están afiliados, para que con la frente en alto aclaren su situación, son inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad; pero si fuesen culpables, es algo que ya lo saben y entonces lo mejor es que confiesen, devuelvan lo robado, se les sancione en un juicio abreviado y así todos nos ahorramos tiempo e infinidad de disgustos.
